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PATRIMONIO

El Gobierno quiere que la familia Franco entregue cuanto antes el Pazo de Meirás

El Gobierno quiere que la familia Franco entregue cuanto antes el Pazo de Meirás
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(Foto: Efe)
jueves 29 de octubre de 2020, 13:26h

El Gobierno va a pedir la ejecución provisional de la sentencia que determinó que el Pazo de Meirás, en el municipio coruñés de Sada, es propiedad del Estado para que la familia Franco haga entrega cuanto antes de la finca, sin esperar a que se resuelva el recurso que ha presentado.

Lo ha anunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tras participar en una videoconferencia con el equipo de la Abogacía del Estado en Galicia, al que ha agradecido el trabajo realizado y con el que ha analizado los próximos pasos.

La familia Franco ha recurrido ante la Audiencia Provincial de A Coruña y la recuperación podría dilatarse un año o dos, por lo que se ha decidido solicitar la ejecución provisional de la resolución del Juzgado número 1 de Primera Instancia de A Coruña, que consideró acreditado que la compraventa del pazo en 1941 fue un negocio simulado y nulo para inscribir la finca como propiedad privada de Francisco Franco.

El Estado es el propietario

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña estimó el pasado 2 de septiembre íntegramente la demanda interpuesta por el Estado y lo declara propietario del Pazo de Meirás, por lo que condena a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad. En el procedimiento, la Xunta de Galicia, el Concello de Sada, el de A Coruña y la Diputación Provincial defendieron también la postura de la Abogacía del Estado, mientras que como demandados constan seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada.

La magistrada Marta Canales declara en la sentencia la nulidad de la donación efectuada en 1938 de “la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma”.

En relación a este fundamento, aclara la juez que, el mismo año en que se efectúa la donación, se constituye una Junta Pro Pazo “del Caudillo” para comprar y regalar el Pazo de Meirás “al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional”. “Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado. Las alegaciones de los demandados en relación a la intención de las vendedoras, que querían que el pazo se regalase a Franco a título personal, no se comparten”, dice la sentencia, donde se concluye que la literalidad de los documentos sobre la compra del pazo y posterior donación “no arroja dudas”, pues todos se refieren “al caudillo”.

En el fundamento de derecho tercero de la resolución, la juez concluye que la compraventa de 24 de mayo de 1941 fue una “simulación”, lo que determina la nulidad de la misma. Se trata del título esgrimido por los demandados y por el que Franco, a título particular, logra la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad.

En relación a este extremo, afirma la magistrada que no se acepta la argumentación de los demandados sobre la compra que realiza Franco con la intermediación de Pedro Barrié de la Maza, que califica de “ficción” llevada a cabo “con el solo objeto de poner el bien a su nombre”. “Ninguna operación subyace entre las partes que se disimule a los efectos que defienden los demandados. El Pazo de Meirás se había entregado a la Junta Pro Pazo del Caudillo en la primavera de 1938, comprado en escritura pública por la Junta el 5 de agosto de 1938 y la Junta Pro Pazo hizo entrega formal al caudillo el 5 de diciembre de 1938. El 24 de mayo de 1941 no se entrega a Franco el pazo y Franco nada paga. La vendedora ya había vendido. La reservista [Manuela Esteban Collantes y Sandoval] ya había renunciado a su derecho. Franco nada compra”, se subraya en la resolución.

En la sentencia se concluye que “la parte actora ha demostrado la nulidad del título de compraventa esgrimido por los demandados y ha acreditado de forma contundente la posesión pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueño a su favor, con las consecuencias de que la totalidad de la finca debería inscribirse en el Registro de la Propiedad a favor de la demandante y las inscripciones contradictorias existentes a favor de los demandados habrían de cancelarse”, lo que la juez acuerda.

La familia Franco recurrirá ante la Audiencia Provincial la sentencia, según ha confirmado este miércoles el abogado de la familia, Felipe Utrera Molina.

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