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EDITORIAL

Sánchez estira el chicle del estado de alarma

viernes 23 de octubre de 2020, 13:29h

La segunda ola está sacudiendo España y deja ya más de 12.000 fallecidos y 800.000 contagios, desde el 1 de julio. En contraste con el -una vez más- errado pronóstico de Fernando Simón, quien aseguró la pasada semana que la situación se estaba "estabilizando", nuestro país ha batido cuatro récords de infecciones en los últimos cinco días. A fin de paliar esta segunda acometida, las comunidades autónomas están endureciendo cada vez más las restricciones: más de siete millones y medio de españoles han quedado confinados en su lugar de residencia, las reuniones se han limitado en todo el territorio y se ha acotado aún más la actividad hostelera, llegando, incluso, a prohibirse en lugares como Cataluña.

Sin embargo, atendiendo a la pésima evolución epidemiológica, todas estas medidas se han demostrado ineficaces para frenar la expansión del virus, pues, según Sanidad, la mayor parte de los brotes se están produciendo en el ámbito doméstico. Este es el motivo que ha llevado a algunas autonomías a estudiar la implantación inminente del toque de queda, siguiendo el ejemplo de otros países europeos como Francia, Bélgica, Italia, o Reino Unido. La mayoría de comunidades votaron a favor de esta medida en el Consejo Interterritorial de Salud de este jueves, pero la falta de un encaje normativo satisfactorio para todas las partes obligó a aplazar cualquier decisión en este sentido.

A diferencia de lo que sucede en otros países, en España el toque de queda no existe como figura legal. La única herramienta que facultaría a los poderes públicos para imponer este tipo de restricción de derechos fundamentales es el estado de alarma. Pero comunidades como Madrid o Cataluña se muestran reacias ya que deberían pedírselo al Gobierno, tal y como establece el plan aprobado ayer jueves en la Interterritorial. Algunas regiones, como Andalucía, Comunidad Valenciana o Castilla y León, no han querido esperar y han aplicado ya las limitaciones nocturnas por su cuenta, aludiendo a normas sanitarias, como la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Sanidad Pública de 1986.

Con todo, estas decisiones deberán ser ratificadas por un tribunal y siempre existe el riesgo de que los jueces las rechacen, tal y como ya ha sucedido en Madrid o Aragón. El Gobierno tuvo en su mano evitar esta situación de inseguridad jurídica en mayo, cuando prometió convertir en ley el real decreto de 'nueva normalidad'. Ello hubiera dotado de una herramienta perfectamente legal a las comunidades para situaciones como la actual. Pero, por mera impericia o por auténtica negligencia, Moncloa consideró que las normas sanitarias eran suficientes. Lo cierto es que el marco jurídico es un verdadero queso gruyere y la paciencia de los ciudadanos frente al continuum de contradicciones institucionales comienza a agotarse.

Tras la lluvia de críticas por su gestión, Sánchez, primero, dio por "vencido" al virus, y, después, optó por abandonar a las autonomías a su suerte, consciente de que, tarde o temprano, fracasarían en su empeño por controlar la situación. Con su descoordinada inacción -Sanidad expuso ayer, con 20.986 casos, su plan común de actuación frente a la pandemia- Sánchez pretende presentarse como el salvador que socorre al país de la pretendida incompetencia de los gobiernos autonómicos. Y no dudará en estirar el chicle todo lo necesario para sus fines mesiánicos. En la primera oleada el estado de alarma se impuso de forma sobrevenida; en la segunda, no llegará hasta que sea implorado.

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