Una fiesta de 40 horas

Han bastado unos 300 jóvenes en una fiesta clandestina que duró más de día y medio para poner en jaque una vez más la autoridad de los Mossos D´Esquadra. Sucedió en una nave de Llinás del Vallés (Barcelona), donde se dieron cita juerguistas de media Europa para recibir al año nuevo bailando sin mascarilla, ni guantes, ni distancia social, ni límite de aforo ni nada de nada. Cuando se conoció la noticia, pasadas 24 horas desde el inicio de la parranda, algunos ya se habían marchado sin que los identificasen siquiera. En lugar de desalojarlos con contundencia -como uno esperaría ante una conducta claramente ilegal y con grave riesgo para la salud pública en tiempos de pandemia- las fuerzas del orden prefirieron “negociar” con los juerguistas, que terminaron abandonando la francachela en medio de protestas, quejas y empujones a los policías. Para el recuerdo y los memes quedan las imágenes de esa joven con los pechos al aire y los brazos en alto, no se sabe bien si en gesto de rendición o de no resistencia que era inútil porque los funcionarios no estaban empleando fuerza alguna que resistir.

Hay muchas incógnitas acerca de esta fiesta: quién la organizó, desde cuándo sabía la policía lo que estaba sucediendo, quién dio la orden de no intervenir… Sin embargo, lo que está claro, es que la Generalitat teme más las fotografías del uso de la fuerza que los incumplimientos de la ley. Algunos pensarán que, desde el año 2017, si hay algo ausente de Cataluña es la ley y el orden público, pero el verdadero problema aquí es otro: la seguridad ciudadana. Barcelona se ha convertido en la tierra prometida de los “okupas”, los antisistema y otros grupos radicales. Cada cierto tiempo, el centro de la ciudad se convierte en un campo de batalla urbana que los movimientos de ultraizquierda, las brigadas de choque nacionalistas y otras organizaciones violentas ya han dotado de una retórica propia. Si hay que elegir entre la seguridad ciudadana y la negociación con los infractores, la Generalitat opta por la segunda. El temor a las fotografías es más poderoso que la obligación de imponer la ley. Si hay que negociar con los infractores, se negocia.

Sin embargo, la Generalitat de Catalunya no ha tenido tantas contemplaciones con otras celebraciones que, a diferencia de esta fiesta, sí cumplían con los límites de aforo, así como con las exigencias de distancia social, etc. Me refiero, naturalmente, al culto público católico.

El pasado mes de agosto el gobierno autonómico inició actuaciones sancionadoras por una eucaristía celebrada en la Sagrada Familia “en recuerdo de nuestros hermanos y hermanas difuntos durante el tiempo de confinamiento provocado por el coronavirus y que no pudieron contar con la despedida merecida” como rezaba el comunicado de la archidiócesis de Barcelona. En el caso de esta misa, la Generalitat no se limitó sólo a actuaciones administrativas, sino que se realizaron declaraciones públicas de carácter político. Quim Torra, que todavía la presidía, anunció un expediente sancionador –“se han incumplido las normas y se abrirá el correspondiente expediente sancionador por la consejería de Salud”- y declaró que "me eduqué en los jesuitas, mis referentes son Pere Casaldàliga y Ernesto Cardenal y soy amigo de curas que trabajan en la Mina. Mi iglesia es la iglesia de los pobres, la que está al lado de los vulnerables y de los presos". Huelga decir que, en la celebración, se cumplieron todos los requisitos legales relativos a la prevención del COVID e incluso algunos extraordinarios como la toma de temperatura a los asistentes. Aquí no se trata de si se ha incumplido o no, sino más bien de la persona contra quien se dirigen las actuaciones.

En efecto, de esto se trata: la actuación administrativa dependerá de factores políticos de imagen e ideología, no de la aplicación de la ley. Si hay el riesgo de parecer violentos con unos pobres jóvenes que decidieron saltarse la ley -ya sean okupas, jóvenes antisistema o fiesteros sin fronteras- debe recurrirse a la negociación o a las “investigaciones”. Si se trata de otras personas -en este caso, la Iglesia católica- podemos ir sin más a las actuaciones sancionadoras porque la imagen progresista no peligra. Por el camino, naturalmente, se va quedando la ley hecha jirones. En ambos casos, la Generalitat ha sido injusta: en Llinás del Vallés toleró el desorden y la infracción, en la Sagrada Familia pretendió sancionar el legítimo ejercicio de la libertad religiosa con respeto a la ley.

Así, en Cataluña, la autoridad se impone sobre quienes la acatan y sobre los pacíficos, pero no sobre quienes la desafían. Es el mundo al revés. Sale más a cuenta romper escaparates, asistir a fiestas ilegales o a funerales masivos que cumplir la ley. En el primer caso, habrá negociaciones e investigaciones. En el segundo, habrá un anuncio público de posible sanción y una acusación política.

Así que ya saben ustedes: si quieren que la Generalitat imponga su autoridad, celebren una misa respetando el aforo. Al final, una eucaristía por las víctimas del COVID es más transgresora que una fiesta de 40 horas en plena pandemia.