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AL PASO

Estado de alarma y crisis constitucional

Juan José Solozábal
martes 20 de julio de 2021, 19:30h

No cabe duda de que la Sentencia del Tribunal Constitucional, anulando la primera Declaración del estado de alarma, ha desencadenado una importante crisis en nuestro sistema constitucional. Todos debiéramos contribuir, me parece que no es difícil acordar esto, a que pudiéramos salir de la misma con el menor daño posible para la salud del Estado de derecho.

La sentencia no ha hecho sino reflejar una situación perceptible en el campo académico, donde había discrepancias sobre la delimitación entre el estado de alarma y el estado de excepción, ya se reparase en los supuestos en que se debían contemplar dichas situaciones de crisis o las medidas a tomar en las mismas. No hicimos bien los deberes y no condujimos el debate con la debida profundidad, de modo que ofreciésemos una verdadera clarificación de posiciones. Se trataba de ver cuando la situación se refería una crisis natural, social o sanitaria (estado de alarma) o a una alteración grave del orden publico constitucional (estado de excepción), pero sabiendo que una crisis del primer tipo puede desencadenar un peligro para el orden público y que además puede manejarse una idea del orden público que no tiene origen político sino que se refiere a una situación de tipo social en la que no pueden satisfacerse los servicios esenciales de la comunidad.

De modo que la frontera entre los supuestos del estado de alarma y excepción es más bien fluida. Y otro tanto puede decirse sobre las medidas a adoptar en una y otra situación de emergencia que también han de atender a las circunstancias concretas a que obedece la declaración. La medidas que se pueden adoptar en el estado de alarma son de limitación y restricción de los derechos fundamentales; en el estado de excepción en cambio se pueden suspender los derechos: la dificultad reside en que hay restricciones de los derechos tan fuertes, o con una dimensión tan extensa o un sentido tan profundo, que en realidad equivalen a suspensiones o pérdida de vigencia temporal de las libertades en cuestión.

La opción por uno u otro escenario dependía seguramente de dos consideraciones. En primer lugar, la de facilitar al Gobierno que afrontase con inmediatez y contundencia la emergencia sanitaria (Covid), conforme se le exigía por los epidemiólogos y en general la comunidad médica, pues su función constitucional de dirigir la política del Estado, comprende indudablemente su respuesta a las situaciones de peligro para los fundamentos de la vida política y social de todos. Por eso la conflictividad judicial de las situaciones de emergencia derivadas de la pandemia ha sido más bien escasa en el constitucionalismo comparado, como muestran por ejemplo países como Alemania o Italia. Obviamente, en segundo lugar, la opción por el estado de excepción significa facilitar el control del Congreso en el diseño y ejecución por el Gobierno de la crisis sanitaria, pero presenta también dificultades en relación con el manejo temporal de la situación, dada la contundencia constitucional respecto de la duración de la declaración, treinta días prorrogables en una ocasión.

Este contexto constitucional tan poco claro debería habernos conducido a admitir como posible en el caso de la sentencia que resolviese la impugnación de la declaración del estado de alarma, una sentencia desestimatoria interpretativa mejor que una sentencia estimatoria anulatoria, esto es, un fallo que mantuviese la constitucionalidad de la declaración de acuerdo con la compresión de la misma según los criterios fijados en la fundamentación del fallo por el Tribunal.

Como sabe el lector no ha sido así y con lo que nos encontramos es con una sentencia que ha establecido la inconstitucionalidad de la declaración del estado de alarma al haber suspendido, que no limitado, el derecho a la libertad de circulación mediante la fijación de los confinamientos domiciliarios generales. Ante esta decisión lo que procede es una actitud de respeto, de modo que, antes de incurrir en pronunciamientos descalificatorios, se atienda a los fundamentos aducidos por el Tribunal y que no conocemos en este momento. Sin duda se tratará de argumentos sólidos compartidos por una mayoría de magistrados que, por lo que se ve, refleja un acuerdo entre posturas que no siempre han coincidido en la jurisprudencia del órgano jurisdiccional, lo cual apunta a una justificación exclusivamente técnica del fallo. Ni que decir que la obligatoriedad de la Sentencia se deduce de su plena regularidad. El Tribunal es un órgano colegiado y, en su caso, sus decisiones pueden adoptarse por mayoría con idéntica legitimidad que las acordadas por unanimidad, previéndese incluso, como se sabe, el voto de calidad del Presidente si hubiera empate, dado el número par (12) de los magistrados integrantes del Tribunal.

Por tanto para nada puede pensarse que este episodio de la anulación de la declaración del estado de alarma debilita la credibilidad o cuestiona la posición decisiva del Tribunal en nuestro sistema institucional. La utilización partidista de este fallo asimismo debe evitarse: el Gobierno tiene poco que decir cuando el Tribunal Constitucional en uso de sus potestades de control de constitucionalidad anula una ley o, como es el caso, un acto del Estado con fuerza de ley. El Tribunal, con mayor o menor fortuna, se esté de acuerdo o no con la fundamentación de su resolución, ha ejercido su función constitucional, como supremo intérprete de la Norma Fundamental, y custodio de que todas las piezas del sistema constitucional sean congruentes con la que las encabeza. Las sentencias del Tribunal obligan a todos, autoridades y ciudadanos, y se ofrecería un pésimo ejemplo, si el Gobierno no se atuviese a las mismas y no las cumpliese sin reserva alguna. ¿Qué se podría decir de un orden constitucional inobservado por el Gobierno, que es el primer servidor de la ley? Si esto ocurriera, nadie podría oponerse en lo sucesivo a quien infringiese el ordenamiento o desobedeciese a la instancia jurisdiccional más alta. De otro lado la oposición tampoco tiene demasiado fundamento para exigir la responsabilidad política al Gobierno, como si no se hubiese respaldado en el Congreso el estado de alarma, hasta en seis ocasiones. En efecto, las distintas prórrogas del estado de alarma fueron apoyadas por una pluralidad de fuerzas políticas, incluso Vox, que es quien lo recurrió.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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