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TRIBUNA

La mesa de tres patas: ¿diálogo, negociación y acuerdo?

martes 14 de septiembre de 2021, 20:48h

Estamos a la espera de que se concrete la participación y el orden del día de una “mesa de diálogo” o “mesa de negociación”, que no sabemos bien como llamarla, puesto que en ocasiones también se la ha denominado “mesa de partidos” o “mesa de gobiernos”. Quizás la confusión se deba a que se trata de algo no definido, que no está regulado, ni en su composición o sus efectos. Por supuesto, tampoco el procedimiento que debe regir los supuestos trabajos a realizar.

Ya tuvo lugar una primera reunión de ese ente informal que, cual OVNI intermitente, nos va impregnando de esa nueva forma de hacer política que no tiene parangón en el constitucionalismo democrático, ya que desplaza de la toma de decisión a quienes legal y legítimamente están facultados para ello para otorgar esas facultades a quienes no están habilitados por falta de legitimidad jurídica y política.

Se fundamenta, ese ignoto espécimen, al que pretenden dotar de una institucionalización de difícil encaje en el Estado de Derecho, en una falacia presa de la mayor inseguridad jurídica habida en nuestro sistema constitucional. Ello es así puesto que, a pesar de contar con instrumentos como las comisiones bilaterales o sectoriales, la Comisión de política fiscal y financiera o la Conferencia de Presidentes, se pretende que de facto, que no de iure, la parte decida por el todo y sea una especie de “reunión de amiguetes” quien allane el camino a decisiones que únicamente competen a la soberanía nacional, al cuerpo electoral en su conjunto, es decir, a todos los españoles y no sólo a una parte de ellos.

Ni la Constitución, ni los Estatutos de Autonomía o ninguna otra ley, española o catalana o de cualquier otra comunidad autónoma, otorgan mandato alguno a una “mesa” como la que nos ocupa, cuyos acuerdos no pueden vincular a nadie porque ni derivan de las instituciones ni tienen un marco competencial que los encuadre, por más que el comunicado que fue emitido al terminarse la primera reunión que la “mesa” realizó, afirme que es una mesa de “diálogo, negociación y acuerdo”. Una mesa de tres patas que parece va a ser más una ratonera que otra cosa, una especie de gobierno sin leyes repudiado tanto por los antiguos como por los modernos, salvo que no estemos hablando de democracia.

¿Mesa de diálogo? No sabemos entre quién. No está claro. Incluso algunos pretenden que se incluya en ella, aunque sea virtualmente (sólo les falta proponer la técnica del holograma), al fugado Puigdemont, que tan pronto quiere como no quiere estar, según le vayan las cosas con sus socios o exsocios, que ya no se sabe bien quién está con quién. Empiezan a aparecer en los medios de comunicación los posibles integrantes de esa “mesa” por parte del Gobierno de España: el Ministro de la Presidencia, Sr. Bolaños; la Ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el Ministro de Cultura, Miquel Iceta; el Ministro de Universidades, Manuel Castells y la vicepresidenta Yolanda Díaz. El Presidente del Gobierno ha confirmado su asistencia, y por parte de la Generalitat, aparte de la presencia del Sr. Aragonés, poco más sabemos al respecto. No parece que esta “mesa” ofrezca la debida seguridad jurídica que precisaría cualquier diálogo político que inspire confianza al electorado, pues parte de sus componentes no se han distinguido precisamente por la defensa de la legalidad vigente, estando como están, aunque a veces pretendan disimularlo, en las filas de ese populismo que pretende “liquidar el régimen del 78”, cuando no del secesionismo rupturista que pretende disfrazar las intenciones espurias con pretendidas legitimidades. ¿Quién representa los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos de todos los ciudadanos en esa “mesa”? Es también curioso el hecho de que, aun partiendo de que sin diálogo no hay política, no se reconozca legitimidad para ello más que a determinados actores de la misma, sin que esté representada en esa “mesa” ni la oposición parlamentaria española ni la oposición parlamentaria catalana. ¿Estaremos ante un “autodiálogo” de nuevo cuño que sustituya al que en el mundo democrático se realiza dentro de las instituciones representativas?

¿Mesa de negociación? Tendrían que decirnos qué entienden por “negociación”, ese vocablo que les llena una boca vacía de contenidos. Tendrían que explicarnos qué quieren negociar, porque, a lo mejor, resulta que ello no es posible. Si lo que pretenden es cambiar cuestiones relativas a la participación de una comunidad autónoma en las instituciones españolas o establecer nuevos criterios para la financiación de esa comunidad autónoma, o legitimar la “desconexión” entre Cataluña y España, ello no es posible en un marco bilateral, en el que la parte, es decir, quienes dicen que representan a Cataluña, decidan por el todo, intentando sustituir a la soberanía nacional que, por definición y desde la Constitución de Cádiz, pertenece al cuerpo electoral en su conjunto a lo largo de toda nuestra Historia constitucional. En un Estado compuesto, cuasi federal, como es el diseñado por la Constitución de 1978, no se puede condicionar la estructura, función o contenido de las competencias constitucionales a lo que se “negocie” en una mesa que no tiene regulación jurídica ni está institucionalizada. La consabida cantinela del Gobierno español de que “todo se hará dentro de la Constitución” no es garantía suficiente, puesto que poco concreta en relación con el contenido de la negociación. Sobre todo cuando, la otra parte, la Generalitat, repite hasta la saciedad que de lo que se trata es de avanzar hacia la autodeterminación, haciendo imposible la no realización del referéndum y, entre tanto, exprimir todo lo que se pueda para continuar construyendo esas “estructuras de estado” que le permitan seguir acrecentando esa dominación que anhelan y proyectan sobre la mayoría de la población de Cataluña.

¿Mesa de acuerdo? En democracia es esencial el acuerdo. Acuerdo que se ha de tomar entre quienes tienen legitimidad política y jurídica para ello. Y que utilicen los procedimientos comunes en las democracias para conseguirlo, los cuales suelen estar regulados, para saber cómo se ha podido llegar a tomarlos y que éstos tengan validez. Cuando no se sigue el procedimiento clara y previamente establecido, los pretendidos acuerdos no pueden vincular a nadie, pues son nulos de pleno derecho; al menos, hasta el presente, lo han sido en aplicación del principio de seguridad jurídica, implicando ello que pueda ser conocida, como mínimo, la mayoría de la que tal acuerdo deriva. Al respecto es necesario también señalar que, cuando se trata de acuerdos que puedan tener trascendencia constitucional, la Comisión de Venecia, en los informes que ha emitido en relación con la eficacia del Estado de Derecho en una democracia respetuosa de los derechos humanos, exige que sean tomados por amplias mayorías, puesto que afectan al núcleo duro de la soberanía y han de tender a dar estabilidad al sistema. Nadie duda de que estamos ante un asunto de trascendencia constitucional que puede, efectivamente, ser objeto de acuerdos, institucionalizados, que precisan de una amplia mayoría y que, por ello, implican al conjunto de la nación y al conjunto de las fuerzas políticas. No se pueden, pues, tomar acuerdos de cualquier manera, en una “negociación” sin reglas preestablecidas. Lo que se acordó en la primera reunión no responde a tales principios, pues únicamente se han hecho públicos algunos “aspectos metodológicos” que no van más allá de una periodicidad que se pretende mensual de las reuniones y la alternancia de las mismas en las sedes oficiales de los respectivos gobiernos, aunque incluso eso no se ha cumplido.

Estamos ante una encrucijada que puede derivar, por incumplimiento de los principios básicos de un Estado de Derecho en democracia, en acuerdos que provoquen mutaciones constitucionales, en los que bajo la apariencia del respeto a los preceptos y a los fundamentos mismos del orden jurídico, se los retuerza de tal manera que deriven en prácticas de facto que desnaturalicen las instituciones y provoquen efectos que desvirtúen lo que de ellas se espera. Una “mesa de diálogo, negociación y acuerdo”, que no responde a nuestro sistema jurídico-constitucional, pretende sustituir a las instituciones democráticas para no sean ellas quienes intervengan en la toma de decisión, sino que ésta se realice al margen de las mismas.

¿Para qué hacemos elecciones en democracia? Precisamente para que sea el conjunto de nuestros representantes quienes, en discusión parlamentaria abierta, clara y precisa, resuelvan los lógicos problemas que la vida política presenta. No las hacemos para que, posteriormente, las instituciones representativas queden orilladas y sean sustituidas por órganos de facto. La democracia comprende procedimientos y contenidos. Y del mismo modo que los representantes no pueden decidir más allá del marco de sus competencias, tienen que hacerlo en los órganos creados para ello. No son representativas las “mesas de diálogo” que pretendan sustituir a las Cortes. No tienen legitimidad jurídica ni política, por más que pretendan dársela aplicando la técnica de repetir hasta el infinito que sí la tienen. La propaganda no sustituye a la norma, del mismo modo que las fake news o el reportaje creativo no sustituyen a la información veraz. Por más que pretendan hacernos creer que esa “mesa de diálogo, negociación y acuerdo” va a ser la panacea universal, sabemos que con ella se quiebran los principios básicos de nuestro sistema, pues no es representativa del conjunto de la ciudadanía o del conjunto de las fuerzas políticas, no tiene establecido legalmente mandato ni procedimiento de toma de decisión alguno y no puede tomar acuerdos sobre materias sobre las que no tiene atribuidas competencias. Procuremos no caer en otra “ensoñación”, que con la primera ya hemos tenido bastante.

Teresa Freixes

Catedrática de Derecho Constitucional. Vicepresidenta de la Royal European Academy of Doctors

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