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"INTERVENCIONISTA"

Ayuntamientos y comunidades se rebelan contra la ley de vivienda del PSOE y Podemos

Ayuntamientos y comunidades se rebelan contra la ley de vivienda del PSOE y Podemos
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(Foto: Efe)
EL IMPARCIAL
miércoles 06 de octubre de 2021, 09:41h
El Gobierno admite que tienen competencias con las que pueden sortear parte de las nueva norma.

La nueva ley de vivienda acordada por PSOE y Unidas Podemos nace cuestionada por ayuntamientos y comunidades autónomas, que empiezan a rebelarse contra una norma que consideran que "atenta" contra los propietarios. El PP, por lo pronto, ya ha anunciado que las regiones y localidades donde gobierna, no la aplicará, al tiempo que avanza que llevará la ley al Constitucional.

En ese sentido se pronunció este miércoles el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que garantizó que no subirá el IBI en la capital pese a que la nueva ley contempla un impuesto para gravar la vivienda vacía a través del recargo del IBI hasta el 150 %. "Lo que hemos conocido nos parece de una enorme gravedad porque cercena la libertad de los ciudadanos. No se puede poner en riesgo a quienes han ahorrado toda su vida. Es una medida intervencionista, que no puede tener cabida en una democracia liberal y avanzada", manifestó, en declaraciones a Europa Press, la consejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín.

Almeida: "El Ayuntamiento no aplicará el recargo del IBI"

La nueva norma en materia de vivienda regulará los alquileres, entre otras cosas limitando los precios a los grandes tenedores, y bajará por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado y la retirada de privilegios fiscales.

Ahora bien, el Ejecutivo aporta el marco jurídico, pero las competencias admite que residen en ayuntamientos y comunidades autónomas, luego su ejecución dependerá de su disposición a aplicar la nueva norma. De no hacerlo, el Gobierno cree que perjudicará en términos electorales. Lo ha admitido este miércoles la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en una entrevista en RNE. "Comunidades y ayuntamientos tienen competencias en política de vivienda que hay que respetar, pero hay medidas de la ley que se van a cumplir en todo el país, por ejemplo poohibir que se pueda vender la vivienda protegida a fondos buitres, eso va a dejar de pasar. Eso sí, hay cuestiones que tienen que hacer las comunidades autónomas".

En los mismos términos se ha pronunciado Raquel Sánchez, ministra de Transporte, en una entrevista en Onda Cero, en la que ha negado que la ley promueva un "intervencionismo radical" del mercado de vivienda, como así opina el PP o la CEOE, que consideran que el Gobierno "ataca" la propiedad privada. "Entendemos que la ley no tiene que invadir las competencias de las comunidades y ayuntamientos", afirma Sánchez, que defiende que el Gobierno lo que tenía que hacer es "actuar". Y aporta un dato: calcula que unas 150.000 viviendas pueden verse afectadas por la regulación de precios recogida en la norma.

Belarra: "Ha salido adelante una ley más ambiciosa de la que quería el PSOE"

La perspectiva de imponer limitaciones al mercado inmobiliario no ha gustado tampoco en Galicia, donde el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya ha trasladado sus dudas sobre la viabilidad de la ley. Feijóo, que censura al Gobierno por no haber remitido a las comunidades un borrador sobre la norma, cree por lo pronto que por los titulares de prensa “no se desprende nada bueno ni para inquilinos, ni para propietarios” al tiempo que recuerda que las comunidades tienen competencias "compartidas" en materia de vivienda.

La Junta de Andalucía ha expresado también su rechazo a la futura ley, que ha calificado de "intervencionista", y ha informado de que se opondrá a limitación del precio de los alquileres que plantea la norma. Y el Govern, que se suma al desconocimiento sobre los términos de la norma que apunta Feijóo, avisa de que si la ley "invade competencias", el Gobierno catalán la recurrirá ante el TC.

Una vez que la ley sea publicada en el BOE, aunque todavía no hay fecha para que llegue al Consejo de Ministros, quedará a elección de cada comunidad autónoma si se acoge o no a los términos recogidos en la norma. Serán, así pues, las autonomías las que tengan que solicitar al Gobierno la declaración de zonas de mercado de alquiler tensionado, que serán aquellas en las que se aplicará la regulación de precios, en función de los índices oficiales de referencia, a los propietarios de más de diez viviendas, es decir, fundamentalmente bancos y fondos de inversión.

"Quien ha hecho negocio, ahora tiene que corresponsabilizarse y tiene que asumir medidas más exigentes", ha resumido Belarra este miércoles en alusión a las élites económicas y fondos de inversión, que cree que "van a poner el grito en el cielo" porque es una ley pensada para "poner coto" a sus prácticas especulativas.

Preguntada por si teme que el proceso se judicialice una vez sea aprobada la norma, la titular de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos se escuda en el ejemplo de Europa para defenderla. "La ley corrige una anomalía democrática y en el conjunto de la UE porque somos de los pocos paísesque no regulaban el mercado de la vivienda. Lo que hacemos es que España se parezca a otros países europeos".

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