De “Ley Preciosa” calificaba esta semana la ministra Montero el proyecto de Ley de Vivienda, que se va a convertir, cuando esté aprobada, en la próxima pesadilla de la clase media española.
Por lo que vamos sabiendo de tal proyecto, esta Ley, que supone un gravísimo ataque al derecho constitucional a la propiedad, y que no va a servir para nada de lo que debería servir, va a convertir el hecho de tener una segunda o tercera vivienda en España en una pesadilla.
Una Ley que, como todas las de este Gobierno, pretende dividir a la sociedad entre ricos y pobres, arrendadores y arrendatarios, y que apuesta por imponer su ideología sobre los intereses de miles de ciudadanos, especialmente sobre esa clase media que tanto aborrece, y que eso sí, cargará sobre los ahorros y pensiones de padres y abuelos, los muchos regalos y bonos que para jóvenes se anuncian.
Y una Ley, que además, no parece respetar las competencias de vivienda autonómicas y municipales, aunque Ayuntamientos y Comunidades sí tendrían la responsabilidad de aplicarla.
La política socialista en materia de vivienda es de sobra conocida.
Hemos pasado de las ocurrencias de la etapa Zapatero (las “Kelly Finder” o los “mini pisos” de Trujillo), que acabó con la ruina de España, a un intervencionismo de inspiración chavista que, bajo la excusa de sacar más viviendas al mercado del alquiler, lo único que pretende en estos momentos es renovar el contrato de alquiler de Pedro Sánchez en la Moncloa. O lo que es lo mismo, digámoslo claro, la venta de los derechos de los ciudadanos para permanecer unos meses más en el poder.
Los alcaldes populares y la Presidenta Díaz Ayuso en Madrid, ya han dicho claramente que van a hacer todo lo posible, política y jurídicamente en defensa una vez más de la libertad, y que además, en el caso de aprobación de esta Ley, exprimirán todos los resquicios legales y competenciales para proteger a los ciudadanos, no aplicándola en lo que sea posible.
Sin embargo, en los 58 municipios que gobiernan los socialistas (hasta dos millones de madrileños), los ciudadanos no tendrán escapatoria, por ejemplo, para la subida del IBI al 150% a las viviendas vacías, pues según la portavoz del PSOE en la Asamblea, estos ayuntamientos aplicarán esta medida «coordinados con el Gobierno de España».
Frente a esta rapiña, atropello e invasión de las libertades individuales y colectivas, la alternativa que plantea el PP apostaría por una Ley que realmente protegiera la vivienda, que garantizara la seguridad jurídica y que persiguiera la ocupación. Y que incluiría medidas para bajar realmente los precios del alquiler y la venta, como la reducción de impuestos, los avales para la compra, los incentivos fiscales a la compra y alquiler, los convenios con entidades bancarias para préstamos blandos, y la ampliación de suelo disponible en el mercado.
Pero que no lo dude nadie: daremos la batalla y protegeremos a los ciudadanos, aunque el mejor camino para acabar con esta pesadilla de “Ley preciosa” y de Gobierno, es la llegada de Pablo Casado a La Moncloa.
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No(
