www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

AL PASO

La crisis del coronavirus o el cambio constitucional sin reforma

Juan José Solozábal
martes 24 de mayo de 2022, 20:09h

La tesis que se defiende aquí es la de que la crisis de la pandemia ha podido suponer cambios o modificaciones de gran alcance en nuestra organización territorial, esto es, alteraciones en la dirección de una forma federativa, ejemplos en suma de lo que García Pelayo denominaba la dinámica constitucional. A estos efectos haremos una breve trayectoria del tratamiento de la crisis; avanzaremos una recapitulación sobre el papel del Consejo Interterritorial de la Salud; y añadiremos unas valoraciones conclusivas. Espero que se disculpen los cerrados términos de la argumentación, pues, como suele ocurrir, la realidad presenta más detalles y complicaciones de las que pueden atenderse en esta apretada síntesis

1-Se acepta la justificación del Primer Estado de alarma tanto desde el punto de vista constitucional como político. Aunque exista debate al respecto, puede entenderse que La Declaración (Decreto 463/ 2020) se atenía a los supuestos previstos constitucionales y legales y procedió a una limitación, que no suspensión, de los derechos fundamentales; de otro lado, la centralización que produjo parecía adecuada al gran esfuerzo nacional ante la pandemia. Así, si se parten de estas consideraciones, hechas, vuelvo a decirlo, con toda elementalidad y quizás sobra de contundencia, la valoración que se hace de la Sentencia correspondiente del Tribunal es más bien negativa, pues la misma atiende a los efectos y no a las causas de la crisis, reparando sólo en la intensidad de la limitación de los derechos y no (también) en las circunstancias habilitantes. Pienso que hubiese sido mejor un fallo desestimativo interpretativo que una sentencia estimatoria con efectos políticos y jurisdiccionales muy graves: descalificación del Ejecutivo y el Congreso que aprobó hasta 6 prórrogas de la Declaración y con un Tribunal Constitucional dividido en dos y con la situación llamativa de su Presidente firmando un voto discrepante.

Al término del Estado de alarma tiene lugar la recuperación de las competencias sanitarias que eran abundantes y que se ejercen de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Medidas especiales en materia de Salud (LO3/1983). Hay que decir que ya las Comunidades Autónomas, durante la desescalada, van asumiendo protagonismo y que no hay problemas especiales salvo el que se suscita con ocasión de los cierres perimetrales y toques de queda que deciden las Comunidades Autónomas, hechos posibles por la modificación de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de septiembre de 2020, que contempla medidas limitativas de los derechos con destinatarios generales, aunque dichas decisiones deben ser ratificadas por los Tribunales Superiores de Justicia Autonómicos y pueden ser recurridas al Tribunal Supremo. La intervención de las Comunidades Autónomas genera una litigiosidad indudable (casos de Madrid y La Almunia de Doña Godina ) y una discusión académica sobre la posible invasión del terreno ejecutivo o legislativo por los Tribunales Superiores de Justicia, que asumen un control cautelar o preventivo sobre las decisiones normativas de los Gobiernos autonómicos.

La persistencia de la pandemia y la inseguridad jurídica llevan al Gobierno a declarar el Segundo Estado de alarma de 25 de octubre de 2020. Se trata de una opción por parte del Gobierno claramente descentralizadora. La llamada co-gobernanza lo que prevé en el Decreto es una delegación del Presidente del Gobierno en los gobiernos autonómicos con amplio margen discrecional para limitar derechos, entregando la coordinación al Consejo Interterritorial pero con problemas de engarce. En efecto, la habilitación a las Comunidades Autónomas en la limitación de los derechos se hace casi en blanco y se encarga la coordinación al Consejo Interterritorial de la Salud, presidido por el Ministro de Sanidad, pero prácticamente sin cautelas o condicionamientos. Nada de extraño que el Tribunal Constitucional en una dura sentencia (Sentencia 183/ 2021 de 21 de octubre) haya desarbolado el Decreto, rechazando que el desentendimiento del Gobierno central y el Congreso en la ejecución del Decreto con rango de Ley de la Declaración sea constitucional. Además de considerar ilegítimo el establecimiento del plazo de duración de los 6 meses de la prórroga del Estado de alarma.

2-Si se trata de encajar el anterior desarrollo en el marco competencial sanitario ha de recordarse que el poder central asume la coordinación en esta materia. En efecto, la coordinación es un tipo de colaboración con la supremacía y dirección del Estado y en la que el Consejo Interterritorial de Salud, juega un rol indiscutible. Pero el Consejo es solo un órgano administrativo auxiliar del Gobierno. Lo que hace el Consejo entonces es conocer y debatir, como dice la ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, adoptando sus acuerdos por consenso. Informa las decisiones en materia sanitaria del Gobierno: pero ni las precede necesariamente ni las sustituye. Es discutible, de otro lado, que las decisiones del Consejo se comuniquen mediante normas de bajo rango, como son las órdenes ministeriales, dada su utilización en la limitación de los derechos, eventualmente.

3-El juicio sobre la cogobernanza como exponente de federalización, al menos en materia sanitaria, de nuestro Estado admite dos visiones contrapuestas. Por una parte, la de los que en el campo jurídico consideran la experiencia de la pandemia como una deriva confederal en la práctica. Asimismo hay quienes, desde el lado sanitario, afirman que la pandemia ha mostrado aspectos muy negativos de la situación de la sanidad en España. Los problemas de desigualdad y descoordinación, entre otras ineficiencias abundantes, como la alarma sanitaria, demandan una Nueva Ley de Sanidad.

Otros, en cambio, desprenden lecciones positivas del tratamiento jurídico de la crisis de la pandemia. Una experiencia, en suma, que habría mostrado las ventajas de la descentralización, dando un impulso a la federalización del Estado. En cualquier caso no puede desconocerse la necesidad de una nueva Ley de Pandemias, que sustituya la Ley de Medidas Especiales y que aporte seguridad jurídica, especialmente en el caso de las limitaciones de los derechos procedentes de las autoridades autonómicas.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (12)    No(0)

+
0 comentarios