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CAMPO Y DÍAZ

El TC frena las prisas del Gobierno por nombrar a sus dos magistrados

El Pleno del Tribunal Constitucional.
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El Pleno del Tribunal Constitucional. (Foto: EFE/Archivo)
EL IMPARCIAL/Efe
martes 29 de noviembre de 2022, 17:13h
El tribunal de garantías no convocará un pleno para dar el plácet a los candidatos de Moncloa hasta que el CGPJ presente los suyos.

El Gobierno ha incrementado su presión sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al proponer este martes a sus dos candidatos para el Tribunal Constitucional (TC), sin esperar al máximo órgano rector de los jueces, que debe elegir a los otros dos magistrados pendientes de renovación. Se trata de dos perfiles marcadamente políticos, que han formado parte del Ejecutivo en esta misma legislatura: el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Laura Díez, ex directora general de Asuntos Constitucionales en el Ministerio de Presidencia.

No obstante, el TC ha decidido paralizar por el momento los nombramientos y no convocar un pleno para estudiar la idoneidad de los candidatos del Gobierno. En su lugar los miembros del tribunal de garantías han acordado que en cuanto reciban la comunicación del Ejecutivo, lo comunicarán "a la mayor brevedad posible" al CGPJ, para su conocimiento, con el fin de que procedan al nombramiento de los dos magistrados que faltan.

El artículo 159.3 de la Constitución establece que los "miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres" y así lo defiende una amplia mayoría del TC, que se opone a una renovación parcial.Y por ello, hasta que no reciban los nombres del CGPJ, no se convocará un pleno par darles el plácet.

Fuentes del bloque conservador creen que la situación se complica aun más, tras este nuevo órdago del Gobierno. Su decisión, aseguran, supone "un cambio de escenario" y de "contexto" que les va a forzar a transitar por defender otro tipo de perfil para el Constitucional, pese a que en un principio acordaron con los progresistas que no habrían vetos.

Otros vocales conservadores consultados por EFE coinciden en que "no hay presión en absoluto", puesto que "más presión que el plazo fijado por la ley del TC (13 de septiembre) nada". "Hemos demostrado que somos impermeables a presiones externas", advierten las fuentes, que aseguran que la decisión del Gobierno "no implica que se acelere nada". "No nos impone nadie", señalan.

Su posición contrasta con la de los progresistas quienes ven obligado el paso dado por el Ejecutivo después de "las excusas infinitas" de los conservadores, que rozan ya el "sabotaje institucional". Fuentes progresistas recuerdan a EFE que los conservadores sostenían que el Gobierno también incumplía la ley por no nombrar, por lo que "ahora los argumentos se les acaban".

Mañana, de hecho, está prevista otra reunión de la comisión negociadora sin que se esperen avances, es decir, sin que los conservadores pongan nombres sobre la mesa, lo que dificulta aun más que el 22 de diciembre, día en el que se celebrará un pleno del CGPJ, se alcance un acuerdo, ya que el único compromiso para ese día es que se votará, no se que se nombrará ya a los dos magistrados.

Críticas generalizadas por el perfil de los candidatos

La propuesta del Gobierno ha sido recibida con críticas generalizadas en el Congreso, donde todos los grupos, con excepción del PSOE, han censurado la politización de este órgano. Entre quienes han sido críticos figura el socio del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, que fue informado ayer a última hora de los nombramientos y no pudo discutir "los nombres y su idoneidad". Jaume Asens, presidente del grupo de Unidas Podemos, ha acusado al PSOE de "cinismo" y de no ser "coherente" porque vetaban a Victoria Rosell como vocal en un "órgano político como es el Consejo General del Poder Judicial" y ahora utilizan "una puerta giratoria para llevar a un exministro a un tribunal donde la independencia es un valor político".

En cambio, PP y Vox acusan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de autoritarismo. Cuca Gamarra, portavoz de los populares en la Cámara, ha denunciado que "el Gobierno se nombra a sí mismo magistrado del Tribunal Constitucional" e interviene "por la puerta grande" en el órgano que comprueba la constitucionalidad de sus actos, algo que no cree que vaya a pasar desapercibido en las instituciones europeas. "Ahora queda claro por qué se negaron a despolitizar el Poder Judicial y bloquearon un acuerdo", ha apuntado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en Twitter.

Los populares no han adelantado qué iniciativas van a tomar, pero han advertido de que la Constitución es "clara" y fija que la renovación es "por tercios" por lo que ven "indiscutible" que el Ejecutivo debe esperar a los nombres del CGPJ. De Campo y Díez, el PP destaca que ambos "atesoran en sus currículum sentencias de inconstitucionalidad" porque como ministro y como directora general son los "máximos responsables de los dos estados de alarma que fueron declarados institucionales".

De "autócrata que sabe que solo podrá destruir España si destruye la independencia de todas las instituciones que aún quedan en pie" ha tildado a Sánchez el líder de Vox, Santiago Abascal, que en Twitter ha denunciado que se haya "colocado en el Constitucional" a quien "redactó los indultos a golpistas". Vox defiende que "solo cabe una oposición frontal" ante un PSOE con "aires totalitarios" y ha apelado al PP para que "tome distancia con este Gobierno con el que tanto quería negociar". "Pasará de cumplir órdenes en la Moncloa a cumplir órdenes en el Tribunal Constitucional", ha denunciado por su parte el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, que ha apuntado que Sánchez es el "presidente más nocivo para la democracia, para la división de poderes".

Las críticas le han llegado al Gobierno también por parte de socios como Compromís o Más País. Íñigo Errejón ha lamentado que el Gobierno haya perdido la "oportunidad de interrumpir los dos grandes partidos nombren a altos cargos del TC" y Joan Baldoví ha señalado que la propuesta de Campo "no ayuda para prestigiar el TC" y ha abogado por nombramientos "menos polémicos".

El único grupo que ha defendido los nombres elegidos ha sido el PSOE. Patxi López ha argumentado que la propuesta del Gobierno de dos magistrados "no está condicionada al incumplimiento de otras instituciones" y ha acusado al PP de ver "la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio" por sus propios nombramientos en el Tribunal Constitucional.

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