El TC aplaza el pleno y permite que el Congreso apruebe el asalto de Sánchez al Poder Judicial

El Tribunal Constitucional ha aplazado a este lunes el pleno extraordinario y urgente por el que decidía si detenía la votación de las enmiendas al Código Penal en las que se introducía un cambio en las reglas de elección del Poder Judicial, de modo que despejan el camino a lo que la oposición considera un "asalto" a la Justicia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuentes jurídicas han informado de que el pleno extraordinario del tribunal de garantías convocado para estudiar esta cuestión debe resolver primero sobre las recusaciones planteadas por Unidas Podemos de su presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez por ser afectados directamente por la ley, dado que implicaría su salida del tribunal.

Esta decisión tiene como consecuencia que el Congreso ha dispuesto de vía libre para aprobar esta tarde las enmiendas, que era justo lo que pretendía evitar el PP con su cautelarísima en caso de que los magistrados hubieran atendido su petición.

González-Trevijano ha tomado esta decisión a instancias de un escrito presentado por los cinco magistrados progresistas que le han solicitado que aplace el pleno convocado para las 12:00 horas. El motivo es disponer del "tiempo indispensable" que les "permita el estudio completo del asunto, a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión, y de los escritos que han sido presentados a lo largo de esta mañana".

Todo ello, precisan, les "imposibilita poder participar en la deliberación y votación". Este grupo lo componen los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez y las magistradas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán.

Ocurre que la jornada ha sido frenética sin haber celebrado el pleno, que estaba fijado a las 10.00 pero que se tuvo que retrasar a las 12.00 y más tarde a las 13.00 horas para finalmente aplazarlo.

El desencadenante ha sido el goteo desde anoche hasta primera hora de esta mañana de escritos presentados por distintos grupos parlamentarios, PSOE, Unidas Podemos y Vox, que exigen tiempo al tribunal para estudiarlos, en particular la recusación de Unidas Podemos que considera que el presidente y Narváez tienen el mandato caducado.

Así las cosas, el pleno del lunes tendrá que resolver primero las recusaciones y ya después sobre la admisión a trámite del recurso de amparo y, en su caso, sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP, que con esta decisión ve como no podrá evitar la aprobación esta tarde en el Congreso de la reforma legal.

El recurso del PP

La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, anunciaba la presentación de este "primer" recurso ante el Constitucional en los pasillos del Congreso, donde ha subrayado que el trámite para aprobar las dos enmiendas que recurren es de una "manifiesta anticonstitucionalidad" y "antijuricidad".

El PP recurre así la enmienda que pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar la mayoría de tres quintos a la hora de nombrar en el seno del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) a los magistrados al Constitucional. Y también la que modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional eliminando el plácet, el examen de la idoneidad, a los nuevos magistrados y habilita la opción de renovar por sextos y no por tercios.

El PP pretende suspender los acuerdos en los órganos del Congreso que han permitido tramitar ambas enmiendas y espera que el Constitucional se pronuncie antes del Pleno de este jueves para que estas enmiendas no se puedan aprobar.

La número dos de Alberto Núñez Feijóo ha denunciado la inconstitucionalidad del trámite para estas reformas, con las que, según el PP, pretenden "controlar" el Tribunal Constitucional. El PP argumenta además que la eliminación del quórum de tres quintos en el CGPJ para elegir a los magistrados, la mayoría que se exige al Congreso, afecta a la independencia y "limita las capacidades de propuesta de los vocales al Consejo".

Además, fuentes populares señalan que eliminar el plácet en el Constitucional "supone un atentado frente a la independencia y autonomía del Tribunal Constitucional" y que la renovación por sextos "contraviene de manera clara, el expreso tenor del art. 159.3 de la Constitución que dispone que se renovarán por terceras partes cada tres años".