Medidas contra la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán

El próximo 11 de febrero se cumplen 44 años del triunfo de la Revolución Islámica de Irán. Aquel día de 1979 cayó el gobierno de transición, a cuyo frente el Shah había puesto a Shapour Bakhtiar (1914-1991), que terminaría asesinado en París por agentes al servicio del régimen de los Ayatolás. En las horas confusas de aquella jornada, desempeñaron un papel importante los jóvenes revolucionarios que se hicieron con armas de los arsenales del ejército y empezaron a organizar tribunales populares. Todo era bastante tumultuoso. Entre los opositores al Shah, había varias organizaciones armadas: los Fedayines del Pueblo, de orientación comunista, y los Muyahidines del Pueblo, de signo islamo-socialista. Sin embargo, los que se terminaron imponiendo fueron los efectivos de un grupo que se había organizado a imitación del Frente Nacional de Liberación argelino, se había entrenado en los campos de la Organización para la Liberación de Palestina y había combatido ya en El Líbano junto a Amal, la organización terrorista chií. Esos hombres serían el germen de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Ya mientras estaba en el exilio, el ayatolá Jomeini (1902-1989) había apoyado la creación de un ejército revolucionario. En el contexto de la Guerra Fría, proliferaban los “frentes populares”, los “movimientos de liberación” y los “ejércitos del pueblo”. En los turbulentos días que siguieron al regreso del ayatolá a Irán (1 de febrero de 1979) y que se prolongaron hasta después de la caída del gobierno de Bakhtiar, aquellos jóvenes seguidores del líder religioso se impondrían a los opositores comunistas y socialistas. En adelante, ellos podrían jactarse de haber propiciado la victoria de la revolución frente a sus adversarios. El artículo 150 de la Constitución de Irán de aquel año asignaría a la Guardia Revolucionaria la función de “proteger la revolución y sus logros”.

Hoy la Guardia Revolucionaria funciona como un Estado dentro del propio Estado iraní. Con más de 150 000 efectivos que incluyen tanto tropas terrestres como navales y aéreas, cuenta con una unidad de élite -la siniestra Fuerza Al Quds- dedicada a la desestabilización y el terrorismo. Gracias a ella, Teherán ha logrado llevar la influencia de la revolución hasta El Líbano, Siria, Irak, Yemen y la Autoridad Palestina. La eliminación del general Soleimani en enero de 2020 le infligió un duro golpe, pero sigue conservando una enorme capacidad operativa. La Guardia dispone además de sus propios servicios de inteligencia y contrainteligencia. Distintos servicios de inteligencia y seguridad, por ejemplo en Alemania, han alertado de las operaciones iraníes en universidades.

El poder de la Guardia Revolucionaria no se limita al plano militar. Controla un formidable imperio económico a través de conglomerados, llamados Bonyad, que van desde la construcción hasta el comercio de pistachos. Las dos organizaciones más importantes son la Fundación de los Oprimidos (Bonyad Mostazafan) y la Fundación para Asuntos de los Mártires y los Veteranos (Bonyad Shahid va Omur-e Yanbazan). Se trata de instituciones características del régimen revolucionario que combinan la actividad mercantil y los fines sociales. A través de ellas y de otras compañías, la Guardia controla en torno al 40% de la actividad económica de Irán desde el negocio inmobiliario hasta la banca y el turismo.

El 19 de enero de este año el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la respuesta de la Unión a las protestas y ejecuciones en Irán que, entre otros muchos pronunciamientos, contiene dos de especial relevancia para dificultar las actividades de la Guardia Revolucionaria en el espacio de la Unión Europea. Por una parte, la Eurocámara pide que se amplíe “la lista de sanciones de la Unión a todas las personas y entidades responsables de violaciones de los derechos humanos y a sus familiares, incluidos el líder supremo Alí Jamenei, el presidente Ebrahim Raisi y el fiscal general Mohamad Jafar Montazeri, así como todas las fundaciones (bonyads) vinculadas al CGRI, en particular la Bonyad Mostazafan y la Bonyad Shahid va Omur-e Yanbazan” y que se considere “la posibilidad de imponer sanciones contra los 227 diputados al Parlamento iraní que han alentado el uso de las sentencias a la pena de muerte”. Por otro lado, el Parlamento Europeo “pide al Consejo y a los Estados miembros que añadan al CGRI y sus fuerzas subsidiarias, incluidas las milicias paramilitares Basij y la Fuerza Quds, a la lista de terroristas de la Unión Europea, y que prohíban cualquier actividad económica o financiera en la que participen empresas y actividades comerciales vinculadas con el CGRI o con personas afiliadas al mismo, o que estos posean, total o parcialmente, o dirijan, con independencia de su país de actividad”.

Uno podría preguntarse cómo es que la Guardia Revolucionaria y su red no estaban ya en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, pero eso nos daría para otra columna. La República Islámica de Irán invierte muchos recursos en acciones de influencia política tanto en el Parlamento Europeo como, en general, en las organizaciones internacionales. Sin embargo, la política de ejecuciones y encarcelamientos con que el régimen de los ayatolás viene persiguiendo las protestas en el país ha desatado una oleada de indignación en Bruselas. Desde la muerte a golpes de la joven Mahsa Amini a manos de la policía religiosa femenina, las manifestaciones no han parado en el país. De algún modo, se han ido alimentando del creciente descontento no sólo por la falta de libertad, sino por las condiciones económicas, sociales y políticas. Con una población de 85 millones de habitantes, la mitad de los iraníes tiene menos de treinta años. Una inflación superior al 50% y un desempleo que afecta a más de un tercio de la población activa, lastran una economía incapaz de cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanos. En un país rico en recursos naturales, son frecuentes los cortes de electricidad, la falta de agua y la desnutrición. En la represión de estas protestas, la Guardia Revolucionaria Islámica actúa como un verdadero brazo armado del régimen.

Es difícil augurar qué va a suceder en Irán, pero dependerá en buena medida del poder de la Guardia Revolucionaria Islámica para controlar las protestas, reprimir la disidencia y silenciar el descontento. A ella le corresponde mostrar el rostro más aterrador del régimen, que complementa medidas como la amnistía acordada para algunos presos por las protestas con ocasión del 44º aniversario de la revolución. La Guardia Revolucionaria es la garantía frente a una hipotética conspiración de los sectores descontentos del ejército y el instrumento para llevar el terror más allá de las fronteras de la República Islámica: a los Estados vecinos, a los enemigos y a la diáspora iraní en todo el mundo. De su mano, por ejemplo, cabe esperar las represalias por el ataque con drones del pasado 28 de enero sobre determinadas instalaciones. Las medidas cuya aprobación ha pedido el Parlamento Europeo pueden dificultar las acciones de los guardias revolucionarios en el espacio de la Unión.