Financiación municipal e impuestos: el caso de Madrid

La crisis llega a todos los ámbitos, y el municipal no iba a ser menos. Es un hecho que las arcas del consistorio madrileño no atraviesan un momento precisamente boyante. El soterramiento de la M-30, el costosísimo Teatro del Canal y la ampliación del Metro, amen de infinidad de obras públicas de diversa naturaleza, son sólo algunos de los gastos a los que el Ayuntamiento de Madrid ha de hacer frente. A ello se suman alumbrado público, agua, administración y un largo etcétera. Y claro, no hay dinero para todo. Así que la Casa de la Villa ha decidido ahorrar, y buena prueba de ello va a ser la tasa que cada hogar madrileño tendrá que abonar en 2009 por la recogida de basuras; cerca de 60 euros. Lo justificaba el Conejal de Hacienda, Juan Bravo, en base a la necesidad de sufragar un servicio –por cierto, modélico- que el Ayuntamiento no puede seguir prestando de modo gratuito.

No es un problema de voracidad recaudatoria –que también, en algunos casos-, sino de una errónea cultura fiscal. En España estamos muy mal acostumbrados a demandar prestaciones de primer mundo a precios de países en vías de desarrollo. El carburante, sin ir más lejos, aún resultando prohibitivo, después de impuestos, es de los menos caros de Europa. Algo parecido ocurre con el tabaco; el impuesto que lo grava es de los más bajos del Viejo Continente, por lo que comprar una cajetilla aquí sale más barato que en casi cualquier país de la Unión Europea. Pero tampoco puede decirse que tengamos una presión fiscal precisamente suave. ¿Entonces? Entonces, ocurre que dicha presión fiscal está deficientemente distribuída. Y quien más lo padece –amen del sufrido ciudadano, que es a fin de cuentas quien acaba pagando- son los ayuntamientos. Su principal –y a veces casi único- financiero es el suelo, cuyas consecuencias ahora padecemos. Bien es verdad que no hay un solo culpable, pero casos tan palmarios como el del Ayuntamiento de Marbella reflejan a las claras hasta qué punto el urbanismo en España ha rebasado todos los límites. Voces autorizadas en el sector inmobiliario apuntan a la liberalización del suelo como vía alternativa a la sinrazón que hasta ahora se ha vivido, acabando con esa peculiar división del planeta hispanico modo en terreno urbano y rústico –que se convierte en “urbanizable” por decisión arbitraria, pero onerosa, de los ayuntamientos. Falta, no obstante, lo más importante: voluntad política para cambiar un sistema que encarece el suelo artificialmente y es una mina de corrupción pero la fuente más caudalosa de financiación municipal. Sin esta reforma necesaria, seguirán aflorando por doquier escándalos de corrupción inmobiliaria, mientras los ayuntamientos seguirán mirando hacia otro lado, ya que no pueden permitirse el lujo de cortar su mayor fuente de ingresos. A propósito, no es recomendable echar un vistazo de a cuánto asciende el gasto autonómico en España. Da miedo.