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Jueces y sentido común

miércoles 25 de junio de 2014, 17:32h
No necesito emplear mucho tiempo en explicar mi aprecio y reconocimiento por la labor de los jueces, sin cuya colaboración no puede existir el Estado de derecho, entendiendo por tal una forma política moderada, cuyas ramas se controlan y compensan, y en la que se asegura el imperio de la ley como regulación decidida por los representantes de la colectividad. Los jueces son los profesionales que de modo independiente aplican el derecho que sin ellos sería mera palabrería, garantizando la obediencia de todos a lo establecido en el ordenamiento. La importancia de esta función en la comunidad explica su poder, pues de ellos depende la suerte de la ordenación de la vida que el derecho pretende. Así, la decisión del juez sobre la libertad y los derechos de todos tiene esta legitimación democrática, incrementada por su especialización profesional, bien meritoria, en el conocimiento y aplicación de lo establecido como obligatorio en la vida social.

Tanto poder, con todo, es peligroso. El propio sistema se adelanta a algunos riesgos de abuso jurisdiccional al prever supuestos de abstención, recusación o apartamiento, cuando se entienda que el juez está contaminado con algún elemento de la causa en cuestión, y en términos generales contempla los recursos como oportunidades de anular por una instancia superior lo decidido por un juez o tribunal inferior como contrario a derecho. Sin embargo el mejor remedio frente al abuso del juez, o sería mejor decir el primero, tanto desde una perspectiva temporal como material, seguramente asimismo, el más difícil, debe ser el sentido común o la prudencia del propio juez, un instrumento que no tiene que ver con los conocimientos, sino con su sabiduría, así como con su templanza.

Estas consideraciones son pertinentes, pienso, si se trata de entender algunos ejemplos de activismo, cuyo significado se hace bien difícil de captar.

¿No hay algo de desmesura en el intento del juez Garzón de proceder contra los causantes de los asesinatos y desapariciones durante toda la guerra civil y el franquismo? Con independencia de la limpieza de intenciones del magistrado que no pongo en absoluto en duda y el derecho de los familiares de los desaparecidos a reclamar los restos de las víctimas así como el deber de la Administración a asegurar un adecuado depósito de ellos,¿ no es mas bien cierto que parecen faltar claros títulos de competencia y haber prescrito los delitos correspondientes para poner en marcha un proceso del alcance buscado por el magistrado?

Y, en otro orden de cosas,¿ parece prudente asimismo el propósito de acusar al lehendakari Ibarretxe y al líder de la oposición vasca Patxi López, por haber mantenido conversaciones políticas durante la tregua con líderes de la ilegal Herri Batasuna? Esta actitud puede ser censurable desde un punto de vista político, yo no creo que en las circunstancias en que se produjo lo fuese, pero ¿desde un punto de vista jurídico? ¿Y hablar con Eta, de cara a la preparación de su rendición? ¿También habría sido delito, asimismo si el desistimiento de Eta, se hubiese producido?

No dudo de que en estos dos supuestos no falten puntos de apoyo sobre los cuales pueda montarse una argumentación jurídica defendiendo la posición de los jueces. Pero la prudencia es un criterio de actuación general, que busca el fondo de la justicia y la sensatez por encima de las apariencias. Ya se sabe, las apariencias no siempre son el bonus fumus de que hablan los juristas. A veces, como sabe bien el vulgo, simplemente engañan.
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