El PP pide al fiscal general que no bloquee informes sobre la amnistía

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no "bloquee" ni impida informes sobre la ley de amnistía, tal como se lo ha requerido el Senado al Consejo Fiscal, sobre todo cuando "una mayoría de jueces proclama que es inconstitucional".

En declaraciones en el Senado tras asistir a la aprobación definitiva de la reforma de la Constitución que eliminará el término 'disminuidos' del artículo 49 sobre discapacidad, Gamarra ha avanzado que los populares pedirán comparecencias de expertos y juristas en la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Durante el trámite de la proposición de ley de la amnistía, que pasará al Senado previsiblemente a principios de febrero, el grupo parlamentario del PP tiene previsto solicitar comparecientes de asociaciones, juristas o expertos constitucionales, después de que esta misma petición fuera rechazada en el Congreso.

La Mesa del Senado había solicitado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal se pronunciaran sobre esta ley aunque de momento solo espera el informe del poder judicial ya que el fiscal general ha señalado este jueves que el Consejo Fiscal no tiene competencias para informar de dicha proposición de ley.

El fiscal general, que tomó posesión de su cargo este miércoles, ha comunicado al presidente del Senado, Pedro Rollán, que el Consejo Fiscal carece de competencias para emitir informes sobre proposiciones de ley en tramitación y que hacerlo supondría alterar el funcionamiento de la institución e "invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía".

"Lo que debiera hacer es no bloquear y no impedir que se pronuncie sobre esta proposición de ley", ha dicho Gamarra que, aunque reconoce que el informe no sería vinculante, afirma que es una ley importante "que está siendo contestada por la sociedad española y que en el ámbito jurídico una mayoría proclama claramente su inconstitucionalidad y su poco encaje en el ordenamiento jurídico".

La dirigente del PP ha acusado al PSOE de vetar cualquier intento de pronunciamiento de los órganos jurídicos y ha puntualizado que el Senado "puede revertir esa situación y así lo haremos" con diferentes comparecencias.

Sin embargo, antes la ley deberá ser admitida por la Mesa de la Cámara Alta y recibir el informe jurídico de la nueva letrada mayor.

La Mesa del Senado será quien designe qué comisión parlamentaria tramitará la norma, si será la Comisión de Justicia, como lo ha hecho el Congreso, o la Comisión Constitucional.

Además deberá fijar el plazo para registrar vetos y enmiendas parciales, que podrían prolongarse hasta un máximo de dos meses.

La intención del PP es que antes de que finalice ese plazo se celebren en comisión las comparecencias aprobadas y que posteriormente se proceda a debatir y votar los vetos y enmiendas en el pleno del Senado. Veto que con toda seguridad presentará el PP.

No obstante, está pendiente de resolverse todavía el recurso que el PSOE puso en diciembre ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma del reglamento del Senado que buscaba poder eliminar el procedimiento de urgencia marcado por el Congreso y por lo tanto dilatar la aprobación de la ley.

En el caso de que el TC admitiera el recurso socialista el trámite de la amnistía se acortaría a 20 días.

Fuentes cercanas al grupo parlamentario popular inciden en que harán todo lo posible para visibilizar que la amnistía no encaja en la Carta Magna y en este sentido también se espera el informe que la Cámara Alta ha solicitado a la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa.

El pasado diciembre dicha comisión solicitó a esta cámara una motivación de la urgencia con la que le apremiaban a estudiar y valorar la proposición de ley.

Algunos sectores del PP recuerdan además que la Comisión de Venecia no se pronunciará sobre la constitucionalidad de la norma sino solo sobre los valores que podría vulnerar y que defiende el Consejo de Europa, como pueden ser los vinculados a la corrupción o al terrorismo.