La junta militar de Birmania (Myanmar) anunció este miércoles en un comunicado la quinta extensión del estado de emergencia en el país tras el golpe de Estado, del que mañana se cumplen tres años, con el régimen castrense en sus horas más bajas desde la asonada.
La extensión del estado de emergencia garantiza a las fuerzas armadas plenos poderes ejecutivos y legislativos seis meses más y aleja la posibilidad de elecciones, que no pueden celebrarse durante dicho periodo por mandato constitucional.
Según el texto, la junta, liderada por el general Min Aung Hlaing, justifica la decisión en que "todavía hay ataques en las áreas de minorías étnicas" y busca "eliminar la producción y venta de drogas y de fraudes online".
"Para celebrar unas elecciones multipartidistas y democráticas, es necesario continuar con el censo electoral y no nos encontramos en una situación normal", añade el comunicado.
La extensión del estado de emergencia se produce cuando el conflicto se agudiza en el país y el Ejército se halla arrinconado tras una ofensiva surgida a finales de octubre bajo el nombre de Operación 1027 (por su fecha de inicio), lanzada en el estado norteño de Shan, limítrofe por China, por una alianza de guerrillas, si bien se extendió rápidamente después por casi todo el país.
La ofensiva surgió en parte en protesta por la denunciada falta de reacción de la junta ante la invasión de mafias procedentes de China tras la gestión de fraudes online en la zona y en medio de presión hacia los generales por parte de Pekín para ponerlas fin.
Convertida después en un movimiento de alcance prácticamente nacional, tras sumarse a ella otras guerrillas étnicas y las prodemocráticas fuerzas para la defensa del pueblo (PDF, por sus siglas en inglés), surgidas tras el golpe, la Operación 1027 ha acelerado el proceso de derrotas militares hasta llevar al régimen a sus horas más bajas desde la asonada del 1 de febrero de 2021.
En este contexto, el autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que se presenta como el Ejecutivo legítimo de Birmania, y varias guerrillas étnicas ofrecieron este miércoles a la debilitada junta una "negociación" que suponga su desaparición y dé paso a "una transición de poder pacífica".
En un comunicado, publicado de cara al aniversario de la sublevación, el NUG, brazo político de las PDF, remarca su objetivo de "derrotar a la dictadura militar y establecer una democracia federal".
Compuesto en parte por exdiputados del Legislativo derrocado por los militares, liderado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, el NUG subraya que de llegar al poder abolirá la Constitución de 2008 -aprobada por los militares- y promulgará una carta magna que "encarne el federalismo y los valores democráticos".
Para ello, la oposición política y armada contra los militares "continuará su presión", mientras se abren a "negociar" con los líderes castrenses para liquidar la junta y establecer una "transición de poder pacífica".
El objetivo del NUG se antoja lejano tras la decisión de la junta de mantener el estado de emergencia y alejar la posibilidad de elecciones, si bien la víspera había dado indicaciones contrarias al relajar las normas requeridas para que los partidos políticos se inscriban en unos eventuales comicios, entre ellas la reducción del número mínimo de miembros de un partido, de 100.000 a 50.000.
En cualquier caso, las nuevas medidas de los militares no eran interpretadas como una invitación a formaciones de distinto color político a que se presenten a unas futuras elecciones, sino como un modo de asegurar que otros partidos afines al USDP (Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo), el brazo político del Ejército, se inscriban para dar una pátina de falsa diversidad al proceso.
El Ejército justificó el golpe de 2021 en un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado fue anulado y en las que la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015.
Suu Kyi, de 78 años, fue arrestada durante la asonada y actualmente cumple varias condenas en prisión por cargos presentados tras la sublevación.
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