El abuso de poder, las humillaciones, las palizas y el matonismo son habituales en muchos locales de ocio nocturno. Aquí, los "puertas o seguratas" son parte del problema.
Así lo ha denunciado, en declaraciones a EL IMPARCIAL, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, que ha explicado que "hablamos de contratos de porteros para funciones de seguridad sin estar habilitados por la Ley". Esto produce, ha señalado, "una irregularidad a todos los niveles al no haber contratos regulares, es decir, se trabaja de manera sumergida".
Ibarra ha destacado que, "aunque exista un contrato laboral, éste es para función de portero sin función de seguridad", y sin embargo se utilizan para ello a "personas fuertes físicamente y con conocimientos de artes marciales adecuadas para el uso de la fuerza".
El presidente de esta asociación ha resaltado que "el dueño del local pide seguridad y acude a muchas empresas que se dedican a facilitar este personal que no están habilitadas para ello". "Por lo que tenemos conocimiento, las empresas sacan a los porteros de gimnasios y del entorno, de conocidos", ha indicado.
Indolencia institucionalPor todo esto, Movimiento contra la Intolerancia ha pedido a las distintas administraciones que incorporen a los controladores de puerta y sala de los locales de ocio a la Ley de Seguridad Privada. Del mismo modo, Esteban Ibarra ha exigido que se realicen inspecciones en este sector "irregular" que alcanza a más de 140.000 personas en nuestro país. De todos éstos, 20.000 "porteros" están en locales de la capital.
Según ha indicado el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, "existe una indolencia institucional por no ubicar esta función dentro del ámbito de la Ley de Seguridad Privada. Aquí hay responsabilidades a todos los niveles".
Sin respuesta a un problemaAl respecto, Ibarra ha señalado que "los ayuntamientos ya lo tenían que haber reclamado; en las comunidades autónomas no basta con que saquen decretos reguladores del derecho de admisión, es insuficiente, paliativo; y los distintos gobiernos, desde que entró en vigor la Ley de Seguridad Privada, en 1992, tenían que haber dado respuesta a este problema y no que el problema ha ido creciendo con los años".
Entre los numerosos asesinatos que han conmocionado España, Ibarra ha recordado que el caso que más le ha llamado la atención, entre los que han cometido los "porteros", es el del joven angoleño Dombele Augusto en Costa Polvoranca (Madrid), porque fue un niño negro de 16 años que fue asesinado brutalmente por un portero de discoteca de dos metros que le cortó la cara y le metió una puñalada en el corazón. Por ello, el "portero" cumple 18 años de prisión.