¿Qué opinan las principales asociaciones judiciales?

Los jueces plantean movilizarse, por primera vez en la historia, convocando una huelga. Sin embargo, algo que ya han aprobado las juntas de jueces de Murcia o Extremadura –y que estudiarán muchas otras en enero- no ha recibido el respaldo de los tres principales colectivos que aglutinan a los magistrados. EL IMPARCIAL ha pulsado la opinión de Miguel Ángel Gimeno Jubero, portavoz de Jueces para la Democracia, quien considera que el problema es mucho más “complejo” y que, por tanto, no se le puede dar respuesta con “demandas poco concretas, indefinidas”. Gimeno cree que una huelga podría satisfacer “necesidades puntuales”, pero que “de nada serviría la creación de 200 juzgados con la estructura actual, ya que reproduciríamos un mecanismo caduco”.

En la misma línea, el portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales, Rafael Lafuente, ha declarado a este periódico que la escasez de medios es un problema, “pero no el principal problema”. En su opinión, y aunque reconoce que puede sonar a “tópico”, “España necesita avanzar hacia una justicia del siglo XXI”. La clave, según Lafuente, reside en “modernizar la estructura”. De sus palabras se desprende que el sindicato contempla las demandas de los huelguistas como un desvío del epicentro de la problemática.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, en declaraciones a Efe, también considera que una medida tan drástica y extraordinaria como la huelga sería un recurso último, tras haber agotado sin posibilidades de acuerdo otros caminos. "El escenario en este momento no nos coloca en ese punto", ha indicado García, tras lo que ha manifestado que, mientras no se agoten otros caminos, le parece una desmesura y un clarísimo ejemplo de irresponsabilidad el que se pueda estar hablando y planteando que los jueces ejerzan un derecho que es discutible".

Por el contrario, Lorenzo del Río, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, ha señalado que "quizá la carrera judicial, aunque es un poder del Estado, tiene un componente que no impediría el ejercicio del derecho de huelga". En cualquier caso, comparte con el resto de asociaciones que debe ser "una cosa excepcional en un momento en el que se vea que fallan las soluciones por otras vías concretas".