Aído elogia al profesor Jesús Neira como "ejemplo" para la sociedad

Las víctimas denuncian más a sus agresores y los juzgados dictan más condenas, cuando se cumplen casi cuatro años de la Ley de Violencia de Género, que no ha conseguido, sin embargo, garantizar los mismos recursos para todas las mujeres que deciden romper con la situación de maltrato.

En una entrevista en RNE, Aído anunció en el Día Internacional contra la Violencia de Género que en 2011 "el 90 por ciento" de los profesionales que asiste a mujeres maltratadas, entre los que citó a los sanitarios, jueves, abogados y fuerzas de seguridad del estado, habrán recibido "formación específica" sobre la violencia de género. Además, añadió que la colaboración de todas las administraciones y en especial la implicación de los hombres es "imprescindible" para erradicar esta violencia, a la que calificó como "la manifestación más brutal de la desigualdad" entre ambos géneros.

Este martes se celebra el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia de Género. La presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, explicó, a propósito de este día, que los juzgados que investigan estas agresiones tienen una carga de trabajo "razonable", aunque lamenta que no todos dispongan de fiscal especializado, unidad forense de valoración de riesgo y equipos psicosociales. "Es necesaria más inversión, porque todavía no se han implantado recursos, como las unidades de valoración integral del riesgo que no están creadas en todas las comunidades", tampoco los juzgados penales especializados para juzgar este tipo de agresiones.

Inmaculada Montalbán destaca el éxito de la especialización judicial para abordar la violencia que sufren las mujeres y por ello, explica, el observatorio judicial va a incidir en la formación de los jueces. "La violencia de género presenta unas características propias, que la hacen distinta de otro tipo de fenómeno criminal, por eso es necesario conocerlas para darles una respuesta más adecuada", ha señalado.

Además, la magistrada, que dirige el observatorio desde el pasado 15 de octubre, seguirá insistiendo en la demanda planteada por su antecesora, Montserrat Comas, de que deben aumentar los juzgados dedicados a investigar la violencia de género -actualmente hay 83 juzgados exclusivos-. "Los juzgados exclusivos dan una respuesta adecuada y suelen contar con los servicios necesarios", mientras que los que instruyen estos casos junto a otros, en poblaciones más pequeñas, "tienen más dificultades para dar una respuesta adecuada a la violencia sobre la mujer". En este balance de la batalla contra la violencia de género, Montalbán opina que hay que mejorar el control de las órdenes de alejamiento, porque "es importante que se cumplan y sean respetadas".

La denuncia, ¿primer paso para acabar con el maltrato?

Las artífices de la ley de la violencia de género se están replanteando si la denuncia debe ser el primer paso para romper con el infierno de los malos tratos y sienten una cierta frustración porque siguen muriendo mujeres, a pesar de los avances obtenidos en el ámbito social, policial y judicial. En una entrevista conjunta, las diputadas Mercé Pigem (CiU), Olaia Fernández Dávila (BNG), Susana Camarero (PP) y Mariví Monteserín (PSOE) han opinado sobre la aplicación de una ley que fraguaron hace cuatro años y han reflexionado sobre cómo mejorarla, a pocos días del Día Internacional contra la Violencia de Género.



"¿Es importante que el primer paso sea la denuncia? Yo creo que no. Quizás lo primero es informarse en un centro de atención, en los servicios sociales... y nunca hacerlo sola", medita la parlamentaria socialista Mariví Monteserín (Boal, Asturias, 1959).

A la hora de emitir mensajes hay que tener cuidado: la decisión nunca debe tomarse sola, coinciden las cuatro, que recuerdan a las compañeras que lucharon junto a ellas en esta tarea, como Carme García (IpC, ahora en la Diputación de Barcelona), Margarita Uría (PNV, ahora vocal del CGPJ) y Uxue Barkos (Nafarroa Bai, portavoz en el Ayuntamiento de Pamplona). En el mismo sentido, Mercé Pigem aboga por que la mujer tenga autonomía psicológica y personal suficiente para estar fuerte y no arrepentirse en el último instante. La denuncia puede ser el paso intermedio o final. La catalana da un paso más allá y pide incluir en la cartera común de Sanidad la asistencia psicológica "preventiva". A la primera señal de maltrato la mujer ha de tener la opción de recibir atención.

El resto de compañeras asiente con la cabeza mientras escuchan a Pigem (Lleida, 1954) y advierten de que en todo caso la denuncia habrá de interponerse. Sin ella, las maltratadas no optan al abanico de recursos sociales, judiciales y de protección que pone a su disposición la ley, apoyada de manera unánime por los grupos del arco parlamentario en diciembre de 2004 y que -coinciden- ha mejorado la situación anterior.

Esperanza: "Somos supervivientes, no víctimas"

Esperanza es el nombre ficticio de una mujer de 47 años que escapó de su agresor y halló refugio en una casa de acogida. No quiere para ella ni para el resto de compañeras que han vivido su situación el término de "víctimas", porque estas son "las que ya no pueden hablar. Nosotras somos supervivientes". Hoy ayuda a otras maltratadas a superar el miedo y atiende las demandas no resueltas por las administraciones públicas, sobre todo en el ámbito de los servicios sociales.

En 2002, Esperanza junto a otras mujeres como ella, participó en la creación de la primera organización formada en España por maltratadas. Empezaron cuarenta y ahora suman más de 600 en Andalucía y 270 en el resto del país, relata Esperanza en una entrevista con Efe. Programas de acompañamiento, atención educativa a menores y atención telefónica permanente son algunas de las iniciativas de intervención que desarrolla la asociación "Miríadas".

Hoy, Día Internacional contra la Violencia de Género, Esperanza opina que se ha avanzado en lo que se refiere a la protección inmediata de las amenazadas, pero siguen "cojas" las ayudas y los servicios sociales (dificultades para cambiar de residencia, tener un nuevo empleo o plaza escolar, las cuantías de las ayudas son iguales para madres con uno o con seis hijos...). En definitiva, afirma, "no se está trabajando suficientemente lo que es el periodo de recuperación y reparación de las mujeres. Es un proceso muy largo en el tiempo y ahí los recursos son mínimos". Una vez que las administraciones ofrecen la respuesta judicial y policial parece que ha desaparecido el problema. "Se necesitan muchas más políticas sociales y más recursos económicos" en este ámbito, insiste.

A su juicio, conforme se ha ido asentando la ley integral contra la violencia de género, aprobada en 2004, "las medidas de protección inmediata están funcionando", desde la concesión de las órdenes de protección, a la teleasistencia, policía de acompañamiento y quienes corren mucho riesgo son acogidas rápidamente en un centro.