Jueces y fiscales amenazan con ir a la huelga en protesta por la reforma judicial de Bolaños

El malestar entre fiscales y jueces por la reforma judicial del Gobierno va en aumento y no se descartan movimientos para seguir presionando al ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Tres asociaciones de jueces y dos de fiscales han convocado un paro de diez minutos a partir de las doce del mediodía del próximo 11 de junio para visibilizar su descontento con el anteproyecto del Gobierno de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). En concreto, ha sido convocado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Estas organizaciones han acordado solicitar la retirada de la iniciativa porque estiman que "recoge medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, no responde a una demanda social y no contribuye a solucionar los verdaderos problemas de la justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta el Estado de derecho". Las citadas asociaciones consideran que "el anteproyecto de ley de reforma del EOMF, con la idea de preparar la futura atribución a los fiscales de la instrucción de los delitos, supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas".

A ese paro se suma ahora la posibilidad de que jueces y fiscales vayan a la huelga, tal y como apunta El Español, que señala que un grupo de jueces de las últimas promociones, que no están integrados en ninguna asociación se están movilizando a través de WhatsApp para organizar un paro. A ellos se habrían sumado también miembros veteranos de la judicatura.

Críticas

Las principales asociaciones de jueces y fiscales han calificado este miércoles de "desolador" el proyecto de ley de reforma del Poder Judicial presentado por el Gobierno y advierten de que afecta "gravemente" a principios constitucionales como la separación de poderes y la independencia judicial.

En un comunicado conjunto, las asociaciones señalan que se trata de una reforma estructural de gran calado y subrayan que supone un "serio retroceso" en Estado de Derecho al propiciar un acceso "arbitrario" a la judicatura, restringir la participación democrática en órganos de gobierno y "someter instancias clave a criterios partidistas".

Todo ello, alertan, "pone en riesgo la independencia judicial" y compromete directamente el derecho de la ciudadanía a una justicia profesional, imparcial e independiente, tal como exige el respeto a los estándares constitucionales.