Mañana se reanuda el juicio de
Hafesa, empresa acusada de un supuesto fraude de más de 154 millones de euros del IVA de hidrocarburos, que se suspendió el pasado 26 de mayo al no haberse presentado el presidente de la empresa y principal acusado, Alejandro Hamlyn, que se encontraba entonces en Dubái.
El empresario había viajado a Dubái y su abogado alegó en la primera sesión del juicio que no había obtenido permiso para abandonar ese país, donde está inmerso en un proceso judicial.
La Audiencia Nacional pidió entonces a la Interpol que verificara cuál era la situación del empresario, que aparece en una grabación sobre un supuesto plan para perjudicar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Hamlyn adquirió notoriedad tras difundirse la grabación de una conversación de varias personas, entre ellas de él y la militante socialista Leire Díez, quien supuestamente le instaba a que le diera información comprometedora sobre mandos de la UCO.
En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los acusados quisieron enriquecerse al evitar, de forma intencionada, el ingreso del IVA generado en la comercialización de hidrocarburos durante los ejercicios 2016 a 2019, cuotas que suman 154,7 millones de euros, por lo que le atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, contra Hacienda y blanqueo.
Al incorporar el IVA repercutido al patrimonio de sus empresas consiguieron un mayor beneficio en sus operaciones comerciales de venta además de una cierta "monopolización del mercado", al erradicar, al menos parcialmente, la competencia de terceros incapaces de ofertar un precio igual o inferior al suyo, añade el escrito.
Para ello crearon una estructura societaria en la que, una vez que una de as empresas había acumulado una considerable deuda con Hacienda, la liquidaban y creaban otra.
Las cuotas defraudadas se habrían reintegrado en el circuito económico a través de un supuesto delito de blanqueo por un total de 46,5 millones de euros.
Los principales destinos de estas cantidades fueron la compra de criptomonedas (5,37 millones); transferencias a posiciones en el extranjero (5,37 millones); efectivo (5,71 millones); inversión en inmovilizado (3,13 millones); compra de vehículos (1,95 millones); cheques y talones -sin destino identificado- (1,52 millones de euros) e inversión en otras empresas.
En el auto de apertura de juicio oral, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama señalaba que Hamlyn, "valiéndose del apoyo del director general y a través del resto de encausados (...) ha diseñado, implementado, dirigido y ordenado, de forma opaca, tanto una operativa de fraude fiscal como de blanqueo de capitales, sirviéndose para ello de una estructura de sociedades mercantiles".
De esta forma, los investigados habrían creado una red de compañías que carecían de estructura económica real, esto es, eran "cascarones vacíos" que operaban como "meros satélites de Hafesa Energía", con el único propósito de servir de instrumento para defraudar el correspondiente IVA de hidrocarburos, indicaba el auto.
Entre los acusados, quince personas físicas y una veintena de sociedades, figura el que fuera director general de la mercantil, José Norberto Uzal, para el que la Fiscalía pide, al igual que para Hamlyn, penas que superan los 50 años de cárcel y multas millonarias.
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