España logra al fin estabilizar los incendios más graves, mientras sólo trece permanecen en nivel 2

Tras semanas de devastación, desalojos masivos y jornadas interminables de trabajo para los equipos de emergencia, las autoridades han transmitido en las últimas horas un mensaje de esperanza: el final de la ola de incendios forestales que golpea a España este verano parece cada vez más cercano. Así lo aseguró la directora general de Protección Civil, que destacó la notable reducción del número de fuegos activos de nivel 2, aquellos que requieren de la intervención urgente de medios estatales por su gravedad. En estos momentos son trece los que se mantienen en esa categoría en todo el país, una cifra que contrasta con las decenas de focos que, apenas una semana atrás, avanzaban sin control en múltiples comunidades.

El dato es significativo porque refleja que los esfuerzos de miles de brigadistas, bomberos, militares de la UME y voluntarios comienzan a dar frutos en un verano marcado por la excepcionalidad. El país se ha enfrentado a las peores cifras en décadas, con más de 350.000 hectáreas calcinadas hasta la fecha, un registro que convierte a 2025 en uno de los años más negros de la serie histórica. Aun así, las autoridades insisten en que los últimos días invitan al optimismo. Los incendios de mayor magnitud, que han puesto en jaque a comunidades enteras, empiezan a quedar bajo control y se multiplican los frentes estabilizados.

El ejemplo más simbólico es el de Larouco, en Galicia, un incendio que pasará a la historia como el mayor registrado jamás en la comunidad. Durante diez días arrasó con fuerza inusitada los montes ourensanos, empujado por rachas de viento imprevisibles y una sequedad extrema que convertía cada chispa en una amenaza imparable. Hoy, después de esfuerzos titánicos y de una vigilancia constante por aire y tierra, se da por estabilizado, lo que supone un respiro no solo para los vecinos de la zona sino también para la memoria colectiva de un territorio que conoce bien la tragedia del fuego.

No menos relevante ha sido la contención del incendio de Jarilla, en Extremadura, que ha afectado a más de 17.300 hectáreas. Allí, el despliegue coordinado de medios aéreos y terrestres permitió frenar las llamas en terrenos de difícil acceso y evitar que alcanzaran núcleos urbanos más poblados. El regreso paulatino de algunas familias a sus hogares desalojados se vive con emoción contenida, entre la tristeza por lo perdido y la sensación de haber sorteado lo peor. En otras zonas como Zamora, El Bierzo o los Picos de Europa, los dispositivos mantienen una presencia vigilante mientras los frentes más complicados van remitiendo.

Pese a los avances, las autoridades insisten en que la batalla no ha terminado del todo. El incendio de Igüeña, en León, continúa evolucionando de manera desfavorable debido a una orografía especialmente complicada que dificulta la labor de los equipos. Las pendientes abruptas y la abundancia de masa forestal convierten la zona en un polvorín donde el viento puede reavivar cualquier foco dormido. Se trata, a día de hoy, del principal frente que genera preocupación y que mantiene movilizados a centenares de efectivos.

El mensaje de optimismo, sin embargo, contrasta con el dolor acumulado en un verano que muchos califican de devastador. Los datos de superficie calcinada superan ya los de cualquier otro año en las últimas tres décadas, con consecuencias medioambientales que tardarán generaciones en repararse. La fauna silvestre ha sufrido un golpe dramático en espacios de alto valor ecológico, y los agricultores y ganaderos afectados ven cómo su sustento queda arrasado de un día para otro. A ello se suma el coste humano, no solo por las pérdidas materiales, sino también por el impacto psicológico en miles de personas que han tenido que abandonar sus casas con lo puesto, pendientes de si el fuego respetaba lo poco o mucho que tenían.

Aun así, las últimas jornadas han permitido recuperar una cierta calma. El descenso en el número de focos de alto riesgo y la estabilización de los incendios más extensos han abierto la puerta a una narrativa menos sombría. El propio Gobierno reconoce que lo peor ha quedado atrás y que, aunque no se puede bajar la guardia, el país se aproxima a una fase de consolidación. A partir de ahora, la prioridad se centra en controlar los últimos focos activos, evaluar los daños y planificar la reconstrucción de las áreas devastadas.

Las causas de esta mejoría responden a una conjunción de factores. Por un lado, la meteorología ha empezado a jugar a favor, con descensos puntuales de las temperaturas y episodios de humedad que han frenado el avance de las llamas. Por otro, la coordinación entre comunidades autónomas y administración central ha mejorado con respecto a los primeros días de crisis, cuando la simultaneidad de incendios ponía al límite la capacidad de respuesta. El refuerzo de medios aéreos, el apoyo internacional y la movilización ciudadana han hecho el resto. En muchos pueblos, los vecinos han trabajado codo con codo con los equipos de extinción, cavando cortafuegos improvisados, protegiendo viviendas y asistiendo a quienes más lo necesitaban.

El alivio que transmiten ahora las autoridades no oculta, sin embargo, el debate de fondo: cómo prevenir que una tragedia de estas dimensiones vuelva a repetirse. Los expertos coinciden en señalar que el abandono de las zonas rurales y a la falta de gestión forestal, constituyen un cóctel explosivo. Las administraciones se enfrentan a la necesidad urgente de replantear las políticas de prevención, invertir en la limpieza de montes, fomentar el aprovechamiento sostenible de los bosques y reforzar los sistemas de alerta temprana.