Respeto pero no comparto

“Respeto, pero no comparto,”suelen ser las palabras habituales del Presidente del Gobierno cuando no le gusta una sentencia de los tribunales de Justicia, pero esas discrepancias y salidas de tono de Pedro Sánchez, aunque están muy de acuerdo con su marrullera forma de ser, destruyen poco a poco la esencia de la democracia que consiste fundamentalmente en el respeto absoluto a la división de los poderes del Estado. Sánchez, como presidente del Ejecutivo tenía que respetar el fallo del Supremo sin añadidura alguna, puesto que él como ciudadano privado puede comentar con los suyos su opinión, pero decir públicamente , como presidente del Ejecutivo, que no comparte una sentencia cuya autoría pertenece exclusivamente al poder judicial es una injerencia intolerable y atribuirse una facultad que no le corresponde y acusar veladamente al tribunal sentenciador de prevaricación, como hizo con la amnistía a favor de los golpistas del Procés. Sánchez no tiene que compartir ni no compartir la sentencia y menos declarar la inocencia del Fiscal General del Estado, corrigiendo la sentencia, y menos aún servirse de los aparatos del Estado para torpedearla con el dinero público de todos los ciudadanos.

La ministra Yolanda Díaz, con el desparpajo que la caracteriza, ha rematado como siempre la faena de Sánchez calificando de “política” la sentencia, con lo que está demostrando sin quererlo que la democracia de Sánchez en que vivimos no es una democracia y que los dos votos particulares en contra de la sentencia son sanchistas, con que reitera su acusación de prevaricar al Supremo, sabiendo, además, que los mismos autores de esta sentencia, habían condenado ya a políticos del PP. La sentencia no era entonces política, ¿verdad? El colmo de la desfachatez es que el PSOE y sus huestes asociadas convocaran corriendo una concentración numerosa. en contra de la sentencia del Supremo.con evidente daño público para la independencia judicial y la democracia. Toda esta degradación política que padecemos, aparte del miserable gobierno de Sánchez, deriva de no haber evitado en la Transición la legalización de asociaciones judiciales, tan variopintas y absurdas como “jueces para la democracia”. ¿Hay algunas que no lo son? Ya denuncié esta situación de la existencia de tales sociedades y la exigencia de una sola asociación profesional en mi libro “La revolución democrática de España”.Pero desgraciadamente las tales asociaciones no parecen querer acabar con esta lucha partidaria, que en todo caso no debe llevar a una duda sistemática sobre la rectitud de las sentencias judiciales sobre las fechorías de los partidos.