Chivite intenta zafarse de la corrupción de Cerdán y cesa a su director general de Obras Públicas

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha cesado este martes al director general de Obras Públicas, Pedro López —en el cargo desde 2019—, encargado de adjudicar la obra del túnel de Belate a Acciona y Servinabar, está última la empresa que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, presuntamente utilizó para cobrar mordidas del erario público.

La decisión llega después de que la Intervención General emitiera un reparo suspensivo al modificado de las obras de duplicación de los túneles de Belate. Ese informe, que cuestionaba la imprevisibilidad alegada en varias de las unidades modificadas —el polvorín y los suplementos de excavación y sostenimiento—, desencadenó las exigencias de “responsabilidades políticas” por parte de Geroa Bai y Contigo-Zurekin (Podemos), socios de gobierno junto al PSN.

Pedro López Vera era el responsable de avalar la adjudicación de las obras de Belate a la UTE Acciona-Osés y Servinabar, esta última participada por el socialista Santos Cerdán, un elemento que ha elevado la presión sobre Chivite en las últimas semanas.

En una nota oficial, el Ejecutivo navarro señaló que introducirá mejoras en la gestión del proyecto, entre ellas el recambio de la dirección facultativa y una supervisión directa por parte del Servicio de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda. El Gobierno de Chivite subraya -de forma eufemística- que el objetivo es garantizar “un mayor control y una mejor coordinación” en una obra de alta complejidad técnica.

Pese al reparo suspensivo, el Departamento de Cohesión Territorial trabaja ya en fórmulas legales para evitar la paralización total de unas obras consideradas “imprescindibles” para la seguridad vial y para el cumplimiento de la normativa europea sobre túneles. Obras Públicas ha trasladado a la UTE de Belate la intención de que los trabajos continúen con normalidad y ha confirmado que se autorizará el pago de las labores ya ejecutadas conforme a las especificaciones de la Intervención General.

El Gobierno sostiene que el modificado se justificó por la morfología del terreno, el agua emergente de la montaña y las exigencias técnicas para obtener autorizaciones. Sin embargo, la Intervención no aceptó que tales circunstancias acreditaran una imprevisibilidad suficiente.

El cese de López, sumado a la reordenación de la dirección de la obra, supone el primer movimiento de calado con el que Chivite intenta contener el desgaste provocado por los sobrecostes de Belate y por el impacto político de las conexiones empresariales vinculadas a Cerdán.

El juez pide a Acciona los documentos intervenidos por la UCO

Por otro lado, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha solicitado a Acciona que le remita un disco duro con toda la información que la UCO seleccionó en el registro que hizo en su sede de Madrid el pasado 14 de noviembre, toda vez que los investigadores no pueden descargar la documentación.

En un auto fechado este martes 2 de diciembre, el juez requiere a Acciona Construcción que entregue a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil un disco duro con la totalidad de la información que se integró el día de la entrada y registro practicada en su sede de Madrid.

Lo hace el día antes de tomar declaración como investigados al exdirector de Construcción de Acciona Justo Vicente Pelegrini y a uno de sus subordinados, Tomás Olarte, por el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública a cambio de la cesión del 2% de cada proyecto a la empresa Servinabar, vinculada al exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

El magistrado expone en el auto que en el registro de noviembre los agentes debían intervenir los efectos electrónicos, telemáticos o informáticos de Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel -también investigado-, así como de cuantas comunicaciones privadas, en estado leídas como no leídas, de las cuentas de correo electrónico, personal o profesional si podían tener interés para la investigación.

También se les ordeno incautarse del terminal móvil o dispositivo 'smartphone' de cualquiera de ellos y de los equipos informáticos de los que dispusieren. Esa orden se extendía igualmente a las comunicaciones corporativas de Justo Pelegrini.

Durante el registro, se decidió que la propia Acciona recopilara los ficheros ofimáticos y correos electrónicos de las personas investigadas, así como los distintos archivos que se hubieran podido alojar en el servidor remoto, y los subiera a una carpeta de red independiente, proporcionando acceso exclusivo a la misma a una cuenta de correo electrónico de la UCO, con lo que quedaba su contenido protegido con respecto al resto de usuarios, tanto internos como externos,

El problema es que, tras varios intentos, la descarga de la información intervenida "no ha podido culminarse con éxito por razones técnicas".

Por ello, se pide a Acciona que aporte toda esa información en un disco duro salvo la de una persona sobre la que había una subcarpeta en la información aportada por la empresa y que no está siendo investigada en el procedimiento