La UCO registra 19 empresas, entre ellas la SEPI, tras la detención de su expresidente y Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) ha llevado a cabo este jueves 19 registros en las sedes de las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa para requerir documentación relacionada con la operación en la que ha sido detenido el expresidente de SEPI Vicente Fernández y a la 'fontanera' del PSOE Leire Díez.

Fuentes próximas al caso han informado a EFE de estos requerimientos de información dentro de las pesquisas que dirige el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y en la que han sido detenidos la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, dueño de Servinabar, empresa con la que se relaciona a Santos Cerdán.

Los registros han tenido lugar en Madrid, Zaragoza y Sevilla tras la detención este miércoles de la exmilitante socialista y el expresidente de la SEPI. Además, en el marco de la investigación ha sido detenido este jueves Antxon Alonso, presidente de Servinabar y socio de Cerdán.

La supuesta trama de corrupción comenzó a mediados de 2018 coincidiendo con la llegada del PSOE al Gobierno tras la moción de censura. Fue ese año en el que Fernández ocupó la presidencia de la SEPI mientras que la exmilitante del PSOE ocupó un puesto en la empresa pública ENUSA, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

La SEPI es un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial. Su misión es rentabilizar las participaciones empresariales y orientar todas las actuaciones atendiendo al interés público. De esta forma, la gestión de SEPI debe aunar la rentabilidad económica y la rentabilidad social. Entre sus participaciones figura Telefónica, Hispasat, Correos o Indra, entre otras.

Investigación en curso

La investigación sigue abierta horas después del arresto de Díez y Fernández, quienes pasarán a disposición judicial este sábado a las 10.00 horas. Las diligencias están bajo secreto sumarial.

Díez está imputada también por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias debido a presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales.

Por su parte, Fernández trabajó en Servinabar, empresa investigada en el caso Koldo, después de dimitir en 2019 como presidente de la SEPI al ser imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), un caso en el que ha sido absuelto al igual que el resto de los 16 acusados.