La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Guardia Urbana han detectado
24 tiendas de comestibles en varios distritos de
Barcelona enganchadas ilegalmente al fluido eléctrico y en las que hallaron además alimentos caducados y falta de medidas de seguridad e higiene.
A raíz de estas inspecciones realizadas el pasado 2 de diciembre, en las que también participaron técnicos de Endesa y funcionarios de Trabajo y Seguridad Social, un total de 26 personas, de nacionalidad pakistaní y bangladesí, han resultado investigadas por delitos de defraudación de fluido eléctrico.
Según informa este jueves la Guardia Civil en un comunicado, se estima que el importe defraudado es de 2,85 millones de kilowatios, el equivalente al consumo anual de 814 viviendas.
Además, los agentes hallaron en este amplio dispositivo de inspecciones básculas de pesaje manipuladas, alimentos caducados, etiquetas erróneas en los productos, infracciones en materia de seguridad o ejercer la actividad sin licencia, entre otras irregularidades e infracciones administrativas.
En concreto, la policía inspeccionó supermercados en los distritos de Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Gràcia, Eixample y Ciutat Vella, la mayoría de ellos franquicias, y algunos de estos funcionando las 24 horas al día.
Operación 'NIHARI'
La operación, denominada 'NIHARI', se llevó a cabo a primera hora de la mañana del pasado 2 de diciembre en un total de 26 tiendas de comestibles de manera simultánea, con la participación de 66 agentes de la Guardia Civil, 35 de la Guardia Urbana de Barcelona, 18 de la Policía Nacional, así como 11 subinspectores de Trabajo y Seguridad Social coordinados por una inspectora y 33 técnicos de Endesa.
Además, el instituto armado ha incoado 16 expedientes de denuncia por contrabando, etiquetado erróneo en productos a la venta, en materia de protección de datos por ausencia de indicaciones de la existencia de videocámaras, por ausencia de datos del empresario en los tiques de venta al público, por seguridad alimentaria al detectar productos caducados para su venta, por alteración del pesaje de las básculas y por ausencia del carnet de manipulación de alimentos.
La Policía Nacional, en materia de extranjería, identificó a 59 ciudadanos, de los que se determinó que cinco eran víctimas de explotación laboral –víctimas de delitos contra el derecho de los trabajadores y víctimas de delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros-, por lo que ha abierto diligencias de investigación para esclarecer la responsabilidad de los empleadores de estas personas. De las personas identificadas por la Policía Nacional, otros cinco eran extranjeros en situación irregular.
La Guardia Urbana de Barcelona, por su parte, detectó 87 infracciones relacionadas con la seguridad, la higiene y el cumplimiento normativo.
Entre las deficiencias descubiertas figuran problemas en las salidas y señalización de emergencia, falta de extintores, baños impracticables, ausencia de carteles obligatorios, venta de alimentos caducados o en mal estado, exposición indebida de bebidas alcohólicas o ejercer la actividad comercial sin licencia.
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