La investigación de la Audiencia Nacional sobre una presunta trama de corrupción vinculada al PSOE ha alcanzado de lleno al presidente de la Generalidad y exministro de Sanidad, Salvador Illa. El juez instructor Santiago Pedraz ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reclamar toda la documentación relacionada con la campaña electoral del PSC en las elecciones al Parlament de Cataluña de 2024, unos comicios que permitieron a Illa acceder a la presidencia catalana tras imponerse a Pere Aragonès.
Según la resolución judicial, la petición incluye la documentación íntegra presentada ante la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas relativa a la campaña desarrollada entre el 26 de abril y el 10 de mayo de 2024. El magistrado solicita estados contables, contratos, facturas, gastos de propaganda, publicidad y servicios electorales vinculados a aquellos comicios.
La orden judicial forma parte de una investigación más amplia sobre una supuesta “trama criminal” atribuida al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a quien el juez señala por presuntamente impulsar maniobras destinadas a obstaculizar investigaciones que afectaban al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez. El auto sitúa el origen de esa supuesta estructura en abril de 2024, coincidiendo con el llamado “periodo de reflexión” anunciado por Sánchez tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, y con el arranque de la campaña catalana.
La actuación judicial ha derivado este miércoles en la entrada de la UCO en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz y en otros inmuebles vinculados a la investigación. Además de la campaña del PSC, el juez reclama volcados de correos electrónicos, registros de visitas, gastos de viajes y contratos publicitarios adjudicados entre 2024 y 2025.
El PSC defiende la legalidad de su campaña
Ante el requerimiento judicial, el PSC ha asegurado en un comunicado que actuó “con total transparencia” y respetando “en todo momento la legislación electoral”. Los socialistas catalanes sostienen que toda la documentación de la campaña fue depositada ante la Sindicatura de Cuentas y aseguran haber recopilado nuevamente toda la información para ponerla a disposición de la Justicia. Asimismo, han prometido colaborar “en todo lo necesario” con las autoridades judiciales.
Sin embargo, las explicaciones no han frenado las críticas de la oposición. El líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, exigió conocer “quién pagó la campaña electoral del PSC en 2024”, insinuando posibles vínculos con empresas chinas y con personas relacionadas con la supuesta trama investigada.
Por su parte, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, recordó que ya había advertido sobre las “amistades peligrosas” de Illa. Fernández volvió a poner sobre la mesa el nombre de “Chili”, alias con el que presuntamente se identificaría a Xiaojuan Li, una ciudadana china relacionada con contratos de mascarillas adjudicados durante la etapa de Illa al frente del Ministerio de Sanidad.
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