El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado hoy levantar de forma parcial el secreto de las actuaciones en la causa en la que investiga una presunta trama que buscaba desestabilizar u obstaculizar procedimientos judiciales abiertos contra el PSOE o el Gobierno.
Unos días después de enviar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, para requerir información, el juez Pedraz ha dictado un auto en el que acuerda alzar parcialmente el secreto.
El magistrado explica que ya se han practicado gran parte de las diligencias que motivaron el secreto de la causa, por lo que procede acordar el levantamiento parcial de esta medida, si bien mantiene bajo reserva una pieza del procedimiento durante el plazo de un mes para no perjudicar las diligencias de investigación que están pendientes.
Por otro lado, la letrada de la administración de Justicia ha solicitado a las partes personadas que aporten los datos necesarios para solicitar el acceso a la plataforma Cloud, donde se vuelcan los documentos del procedimiento. Después, dará traslado al Ministerio de Justicia, que gestiona dicha plataforma, para que a la mayor brevedad posible pueda verificar el alta y acceso a las partes.
Este caso, por el que la exmilitante socialista Leire Díez fue detenida en diciembre, giraba sobre supuestas mordidas en contratos públicos y ha derivado en la investigación a un grupo en el que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tendría un "papel superior" y para el que habría puesto la "estructura" del partido a su disposición, con el fin de desestabilizar causas como las de la mujer o el hermano de Pedro Sánchez.
Tras ampliar el objeto de la investigación, la semana pasada, el juez incorporó a siete nuevos investigados, como Santos Cerdán, el exvicepresidente andaluz y exdirigente socialista Gaspar Zarrías, la gerente del PSOE Ana María Fuentes y varios abogados, entre otros.
Sospecha Pedraz que Cerdán habría acordado con Díez "remunerarla con 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido" (llegó a percibir cuatro pagos), mientras que Zarrías "prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica".
El juez situó como "punto de inflexión" para el inicio de las actividades de la supuesta trama una reunión del 26 de abril de 2024, coincidiendo con los días de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer, y cuantificó "al menos" 22 reuniones en la sede del PSOE, la mayoría entre Santos Cerdán y Leire Díez -la última el 1 de abril de 2025-, y otras 17 fuera.
Díez pide anular la orden de registro de Ferraz
Leire Díez ha solicitado anular la resolución judicial mediante la cual la UCO registró la sede del PSOE en la calle Ferraz el pasado 27 de mayo para recabar documentos como parte de la investigación.
En un escrito presentado en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE este lunes, la exmilitante argumenta que, para dictar la mencionada resolución, el juez Santiago Pedraz se basó en información personal que ella pidió expurgar y que excede del periodo comprendido entre 2021-2023, que es en el que en un principio se centraba la causa.
Según sostiene la defensa de la también extrabajadora de las empresa públicas Enusa y Correos, en febrero Díez solicitó expulsar de la causa "cualquier tipo de información" que "corresponda a un periodo temporal distinto de los años 2021-2023", así como toda su información personal o profesional recabada de los documentos o dispositivos electrónicos incautados "que no guarden relación con los hechos investigados en la presente causa".
Unos días después, el juzgado abrió una pieza separada de expurgo y requirió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que presentase los efectos intervenidos en el registro, y se abstuviese de utilizar el contenido de los dispositivos hasta realizar un expurgo.
Para la defensa, la supuesta participación de Díez se enmarca en el periodo comprendido entre 2021-2023 por, supuestamente, pertenecer a un grupo (Hirurok -'nosotros tres', en euskera) "por el que podría haber orientado expedientes de la Administración Pública, en beneficio propio o de terceros" a cambio de presuntas comisiones.
Díez cuestiona por ello que el auto que justificó la entrada de los agentes de la UCO en la sede del PSOE el pasado miércoles se basase en "actuaciones e información recabada expresamente de documentos y archivos objeto de expurgo".
Menciona algunas de las conversaciones que el juez aporta en su auto y que, según Díez, serían posteriores al mencionado período, o encuentros, reuniones o hechos que el juez fecha en el año 2024, "evidenciando que está tomando elementos que nada tienen que ver con la presente causa porque no tienen lugar en el periodo temporal objeto de investigación (2021-2023) y cuyo expurgo se acordó expresamente".
Esas anotaciones, reuniones, comunicaciones y actuaciones han sido extraídas de cuadernos, agendas y archivos de Leire Díez y entrarían dentro de ese expurgo, según su defensa, que subraya que el expurgo es una "garantía" derivada "de los derechos fundamentales" reconocidos en la Constitución, cuyo fin es impedir que el Estado "conserve y explote información obtenida" más allá del "objeto autorizado judicialmente".
Por tanto, considera que la utilización de este material "excede claramente el ámbito constitucionalmente legítimo de la medida de investigación inicialmente acordada", y que cualquier información utilizada para autorizar la entrada de la UCO en la sede del PSOE que exceda del periodo 2021-2023 "es nula de pleno derecho".
En consecuencia, solicita la "nulidad de todas las actuaciones, información y material" recabado a través de los elementos que han sido objeto de expurgo, "incluyendo el Auto de 26 de mayo de 2026, así como todas las actuaciones derivadas y autorizadas por el mismo".
Si (
No(
