El Gobierno aprueba hoy el estatuto marco pese al rechazo frontal de los médicos

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley del estatuto marco, que ahora deberá empezar su andadura parlamentaria pese al rechazo frontal de los médicos, que amenazan con una nueva huelga, esta vez indefinida, este otoño.

La polémica generada con la reforma de la ley que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud llevó incluso a las comunidades a pedir al Ministerio de Sanidad que rehiciera las negociaciones, algo que rechazó de plano no sólo la ministra Mónica García, sino también los sindicatos de base con los que cerró el texto tras tres años de negociaciones.

Así, y tras su paso en primera vuelta el pasado 2 de junio, Sanidad elevará este martes al Consejo el texto definitivo como paso previo a su remisión al Congreso para que empiece su tramitación parlamentaria, han informado a EFE fuentes gubernamentales.

Entre otras medidas, la reforma pone fin a las guardias médicas de 24 horas para reducirlas a un máximo de 17, impide que puedan hacerse jornadas ordinarias después de una guardia y fija un límite de 45 horas semanales de trabajo frente a las 48 de tope europeo.

Sin embargo, estos cambios no convencen a los sindicatos médicos CESM, SMA y la plataforma Apemyf, que insisten en sus reivindicaciones de obtener un estatuto propio y un ámbito de negociación exclusivo, además de otras demandas como una nueva categoría profesional (la A1+) o jornadas que no superen las 35 horas semanales, de las que ya gozan en varias autonomías.

Por ello, antes del parón estival anunciaron que, si no se daban avances con sus reivindicaciones, recrudecerían las protestas que han protagonizado este último año, con cinco huelgas médicas convocadas, para hacer un llamamiento a un paro indefinido este mes de septiembre.

Mientras tanto, otros colectivos profesionales afectados por el estatuto marco urgen la aprobación de esta reforma, como el de Enfermería, ya que supondría que se les reconociera su categoría profesional como un grado universitario, acorde a su formación y competencias actuales, y no como una diplomatura como sucede ahora.