Reformar la Constitución

Paradójícamente, la obstinación de Sánchez en no convocar elecciones puede tener consecuencias muy favorables. Cuanto más se retrasen las elecciones, mayor será la mayoría conjunta de votos que obtendrían PP y Vox. Tanto es así, que quizá pudiera alcanzarse el porcentaje necesario para cambiar las patentes deficiencias de la actual Constitución. Conviene que Sánchez resista numantinamente hasta el final de la presente legislatura. Su terquedad puede brindarnos la ocasión de oro para reformar la Constitución.

Esta exige tres quintos para ser reformada. Eso supone que PP y Vox consigan conjuntamente 210 diputados y 160 senadores. Algo que en julio 2026 parece impensable. Y sin embargo, se hace tanto más plausible cuanto más se alargue la insensata permanencia de Sánchez en el poder. El demoledor efecto en la opinión pública de los procesos judiciales en marcha, aireados con gran aparato por los medios de comunicación, se hace notar día a día. Ese es el gran favor que paradójicamente Sánchez pudiera hacer a España. Darnos la posibilidad de cambiar la Constitución vigente.

A mi juicio, son tres las reformas más urgentes, aunque carezcan de todo contenido ideológico. Se trata sencillamente de tres cuestiones bien concretas y prácticas. Por eso no sería necesario recurrir al artículo 168 para llevarlas a cabo. Bastaría el procedimiento del artículo 167.

Primero, instaurar el distrito electoral único para todo el territorio nacional. Que el voto de un ciudadano valga lo mismo en cualquier lugar de España. Que se termine con el obsoleto y decimonónico sistema de la provincia como distrito electoral. Este anticuado y arbitrario criterio hace que el voto de un ciudadano no tenga la mismas consecuencias políticas en todo el territorio nacional. El número de votos necesarios para conseguir un diputado varia según las provincias.

Se pisotea en la práctica el elemental valor de la Igualdad como personas, que está reconocido -sólo en teoría- en el artículo 14. La desigualdad es fomentada de hecho por el artículo 68.

Con la instauración del distrito electoral único de un plumazo se terminaría con el eterno chantaje de los separatistas vascos y catalanes. El actual sistema hace que sus votos estén privilegiados. Incluso el recuento de los votos sería más fácil y rápido que en la actualidad. Aunque hay que reconocer que el mayor éxito de la democracia en España ha consistido en que las elecciones generales hayan sido hasta ahora siempre limpias. Todo lo contrario de los pucherazos de antaño. El resultado definitivo de los recuentos se ha admitido por todos antes de pasadas tres horas desde el cierre de los colegios electorales. En esto hay que dar matrícula de honor al pueblo español. Pero con todo, instaurar el distrito único supondría hacer las cosas mucho mejor que hasta ahora.

Probablemente nunca más volverá a presentarse una ocasión como ésta. No habría que recurrir al improbable consenso entre izquierda y derecha. La mayoría de los tres quintos habría sido alcanzada por milagro por sólo dos partidos, PP y Vox. Si esta histórica ocasión se diera, ambos partidos deberían aprovecharla inmediatamente. Esa sería la voluntad de la gran mayoría de los españoles. El más elemental respeto al ideal de la democracia exige al resto minoritario de los disconformes aceptar los porcentajes exigidos en la Constitución vigente.

El segundo cambio sería exigir un 5% de los votos para obtener un diputado o un senador. Habría que introducir este porcentaje en la Constitución, para consolidar y reafirmar el punto anterior. Desapareceria la absurda proliferación de partidillos ridículos, que ahora estamos padeciendo. Por otra parte, ése es el listón que se exige en la gran mayoría de los países reconocidos como genuinamente democráticos.

El actual porcentaje del 3% se introdujo como una concesión a los nacionalismos catalán y vasco. Ya hemos visto cómo han correspondido a la generosidad del resto de los españoles.

El distrito electoral único y el mínimo de 5% de los votos debieran formar un eficaz bloque legal, que probablemente aseguraría para siempre la unidad de España. Entonces todos los españoles seriamos de verdad iguales ante la ley. Ahora todos somos iguales, pero de mentira, únicamente porque así lo afirma el artículo 14.

La tercera reforma se refiere a la independencia efectiva de la justicia. Comprende dos cuestiones diferentes, pero que están íntimamente relacionadas entre sí, y como tales las trataremos

A.- suprimir el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, reconocido actualmente en el articulo 53 punto 2.

B.- suprimir la intervención de los partidos políticos en la designación de los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, ahora establecida en artículo 122, punto 3.

Todo el mundo conoce la burla jurídica que supuso que el Tribunal Supremo condenase a Chaves y Griñán por el escándalo de los ERE, y luego el Tribunal Constitucional anulase los efectos de esa condena.

Un Tribunal Constitucional no puede juzgar a personas. Sólo puede sentenciar sobre si un determinado texto legal se ajusta o no a la Constitución. Juzga leyes, no personas. Este obvio criterio es el mínimo exigible de racionalidad jurídica. Quedaría excluida de entrada toda posible confrontación entre ambos altos tribunales. El Tribunal Supremo seria verdaderamente supremo. Sólo él juzgaría a las personas. No volvería a repetirse el ominoso caso de Chaves y Griñán.

La noción misma de recurso de amparo es muy discutible. Los diversos recursos a tribunales superiores en la justicia ordinaria debieran garantizar por sí solos la imparcialidad jurídica. Es lo que entendemos por Derecho Procesal garantista. Y el nuestro cumple de sobra los baremos más exigentes.

El recurso de amparo, tal como está ahora en la Constitución, ampara de hecho la corrupción, en vez de proteger a las personas decentes. El verdadero amparo del ciudadano consiste en la efectiva independencia de jueces y magistrados respecto a los partidos políticos. Si se respetase de hecho esa independencia, sobraría la idea misma de recurso de amparo.

Aun así, caso de que a toda costa se quisiera conservar el recurso de amparo, lo menos que pide la lógica es constituir una Sala del Tribunal Supremo para este cometido. Que el Tribunal Supremo tenga de hecho la última palabra sobre las personas. Y que el Tribunal Constitucional decida únicamente sobre textos legales.

El verdadero problema en España está en la independencia efectiva de jueces y magistrados frente a los partidos políticos. Además de lo anterior, los miembros del CSPJ deben ser elegidos exclusivamente por los jueces. Aparte de ellos, la única intervención aceptable sería la de los colegios de abogados y procuradores. Toda otra intromisión debe ser cortada de raíz, y en especial la de los partidos políticos. Ya tienen bastante controlando la legislación y el gobierno.

Por desgracia, la intromisión de los políticos en el ámbito judicial está ahora favorecida, y hasta sancionada por la Constitución. No es extraño que se haya politizado en buena parte la justicia en España. No digamos ya el escándalo de aquellos jueces que entran en la política y luego vuelven a la magistratura. La actual Constitución ha fomentado de hecho la corrupción. Ahí están los hechos en este verano de 2026. Se empezó con Chaves y Griñán y se acabará exonerando de toda culpa a Zapatero y Sánchez, si antes no se modifica la actual legislación.

Con motivo de la venida del Papa León XIV se ha recordado con frecuencia y en múltiples medios la famosa frase de San Agustín si no funciona la justicia, el gobierno político degenera en una cueva de bandidos. En España se han cumplido al pie de la letra estas clarividentes palabras. Los infaustos artículos 53 y 122 son la principal causa de que los partidos políticos hayan socavado la independencia de la justicia.

A mi juicio, los miembros del Tribunal Constitucional debieran ser nombrados por el Rey. Y con carácter vitalicio, con el mismo criterio que se sigue en el Tribunal Supremo de USA. Es la manera más eficaz en la práctica de asegurar la independencia de la justicia frente a las presiones políticas, económicas o de cualquier otro tipo.

Sería además la manera de reforzar al Rey como arbitro imparcial de la política. Si tuviera en sus manos la capacidad de nombrar de por vida los miembros del Tribunal Constitucional, su función arbitral sería algo más que mera retórica.

Una reflexión optimista para concluir. Hace veinte años nadie podía imaginar siquiera que en Andalucía el PP triunfase alguna vez, y hasta consiguiese mayoría absoluta. Antes alabé el hecho de que las elecciones generales hayan sido modélicas en su ejecución hasta ahora. Es un mérito de todos los españoles. Pero los andaluces han ido más allá. Han corregido el escarnio de la justicia cometido en el caso de Chaves y Griñán. La verdadera condena la han dado ellos, cambiando completamente el sentido de unos votos, que parecían garantizados ad aeternum a favor del PSOE.

Justo este ejemplar y maduro sentido democrático de los andaluces es lo que me ha hecho pensar que Sánchez nos hace un favor cuanto más retrase las próximas elecciones generales. Quizá los propios ciudadanos sensatos pongan en bandeja al PP y a Vox la posibilidad de reformar la Constitución actual en los tres puntos arriba indicados.