Acuerdo en el Consejo de Ministros: el PSOE se ha plegado finalmente a las exigencias de Sumar, aunque se ha visto obligado a trocear el decreto ley sobre vivienda, con el fin de tratar de aprobar al menos uno en el Congreso. El otro llevará las medidas maximalistas de Sumar, que dejan al propietario desprotegido frente a morosos y okupas, lo que tendrá previsiblemente el rechazo Junts.
La posibilidad de que esas medidas se repartieran en dos decretos se había barajado durante las negociaciones para facilitar que sean aprobadas las que se consideran "de mayor urgencia", ya que hay aspectos en los que es más difícil el acuerdo con otros grupos parlamentarios para que consigan el aval del Congreso.
PSOE y Sumae mantuvieron una negociación que acabó con un acuerdo 'in extremis' antes de la reunión del Consejo de Ministros para asegurarse de la aprobación de al menos uno de ellos.
Las medidas aprobadas incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028.
Asimismo, se ha alcanzado un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto, entre otras cuestiones.
La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado celebrar el viernes un pleno extraordinario para debatir y votar la convalidación de los dos decretos aprobados este martes por el Consejo de Ministros con medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda, han confirmado fuentes parlamentarias.
Tras solicitarlo el Gobierno, y darle el visto bueno la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, la Junta ha decidido convocar la sesión el viernes a las 11:00 horas, cuando se comprobará si el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar reúne los votos suficientes para sacar adelante los dos decretos ley.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha manifestado la esperanza de que los potenciales socios del Gobierno, a izquierda y derecha, voten a favor de los decretos: "Es una acuerdo de mucha relevancia social y también política porque reconstruye una mayoría parlamentaria", ha dicho.
Sin embargo, no parece fácil contentar las aspiraciones de formaciones políticas tan diversas. Podemos ya ha tachado las medidas de "tomadura de pelo", mientras que Junts ha reiterado en varias ocasiones que no aceptará la prórroga automática de los alquileres porque desprotege a los pequeños propietarios. En cuanto a las protestas en las calles, el Sindicato de Inquilinas ha manifestado que no se detendrán: "O aprueban un único decreto Maricarmen sin cambiar una coma", ha dicho su portavoz Valera Racu, o continuarán las acampadas: "Esto acaba de empezar", ha dicho.
Respecto a la entrada en vigor de los decretos, la titular de Vivienda ha enfatizado que "va a ser inminente" su convalidación en el Congreso este viernes. "Este debate tiene las horas contadas", ha concluido.
Por su parte, Sánchez ha defendido sus decretos diciendo que el Gobierno "ha escuchado a la gente" y "ha hecho su parte", y ha pedido a los grupos parlamentarios que apoyen las medidas en el Congreso. En su opinión, los decretos permiten construir una mayoría parlamentaria para combatir la "emergencia habitacional".
"Del PP y Vox no podemos esperar nada. Su único proyecto de vivienda es la ley de la selva, la indefensión para los inquilinos y la sumisión ante los fondos buitre", ha apostillado.
Decreto troceado
Los dos decretos ley de vivienda que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros incluyen diversas medidas de protección ante los desahucios, estabilización de los contratos de alquiler, prohibición de la compra especulativa a los fondos y regulación del alquiler de temporada de habitación y turístico.
También contienen cambios fiscales en el IRPF, el IVA y la tributación de las socimis (sociedades de inversión inmobiliaria), así como la renovación automática de contratos como médica única de uno de los decretos.
A falta de los detalles que se plasmen en los texto de los decretos, estos son diez de los más relevantes:
1.- Prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. No son automáticas, sino que los inquilinos las tienen que solicitar.
2.- Congelación de rentas con subidas en las actualizaciones anuales del 0 %.
3. Regulación del alquiler de temporada y del alquiler por habitaciones:
- Se establece una duración máxima de doce meses para el alquiler temporal.
- Se extienden a estos contratos las garantías de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y los derechos propios del alquiler habitual, como la prohibición de cobrar honorarios, los límites de fianza y la aplicación de los límites de precios.
- Se obliga a justificar la temporalidad del contrato y, si no queda debidamente acreditada, se considerará que el contrato es de vivienda habitual, al igual que cuando se encadenen contratos temporales con el mismo inquilino.
- Los alquileres de habitaciones pasan a tener el precio regulado (la suma de la renta de las habitaciones no podrá superar el tope establecido para las viviendas) y los inquilinos quedan protegidos con las mismas garantías que si tuvieran un alquiler habitual de todo un piso.
4.- Protección antidesahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030.
5.- Prohibición durante dos años a los fondos de inversión de comprar viviendas para uso especulativo.
6.- Renovación automática de los contratos. El arrendador deberá justificar la no renovación del contrato o, en caso contrario, indemnizar al inquilino.
7.- Tributación de los pisos turísticos con un 21 % del IVA.
8.- Reducciones fiscales para caseros que rebajen la renta respecto al contrato anterior, bonificaciones fiscales para inquilinos con bajos ingresos y ayudas a la compra de la primera vivienda.
9.- Incremento en la fiscalidad de las socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) del 15 % al 25 % de los beneficios no distribuidos.
10. Los ayuntamientos podrán cobrar el doble de IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) a las casas que lleven cerradas más de tres años.
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