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El Alto Tribunal rechaza la objeción a EpC

Las asociaciones de la enseñanza, decepcionadas ante la sentencia

miércoles 28 de enero de 2009, 17:37h
El presidente de la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonell, ha explicado a Efe que recurrirá la sentencia del Tribunal Supremo que ha rechazado el derecho a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

"La lucha continúa y está en juego un derecho muy importante para las familias", ha señalado el responsable de CONCAPA, quien ha anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional (TC) para pedir el derecho a ejercer la objeción de conciencia contra esta materia.

En el caso de que el Constitucional rechace su petición, Carbonell, también se ha mostrado dispuesto a elevar su postura ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo.

Para el representante de la confederación de padres católicos, "hay motivos para la esperanza y para seguir manteniendo nuestra tesis", porque "el tema no está tan claro en el Supremo".

"Es un episodio, no el final de la historia", ha señalado Carbonell, quien ha concluido que la CONCAPA "siempre ha sido respetuosa con la ley, por lo que acataremos la sentencia y los alumnos entrarán en clase, sin perjuicio de lo que pueda suceder" cuando se conozca la resolución judicial.

Decepción en Cofapa
La Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa), por su parte, se ha mostrado decepcionada ante la negación del Tribunal Supremo del derecho a la Objeción de Conciencia frente a Educación para la Ciudadanía, tal y como recoge la sentencia hecha pública este miércoles por el Alto Tribunal.

Para COFAPA, "no queda garantizado el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación adecuada de acuerdo con sus convicciones, y no según el criterio del Estado".

En un comunicado, la Confederación recuerda que "sólo una parte de esta asignatura se centra realmente en lo que debe entenderse como educación para la ciudadanía, formación cívica común para todos los ciudadanos y ajena a cuestiones morales o de conciencia, mientras que muchos de sus contenidos lo que buscan es la construcción de una conciencia moral cívica y única, que de ninguna manera es competencia de las autoridades públicas, y que no cuadra con los principios fundamentales de un Estado democrático y plural".

Por todo esto, Cofapa considera que con la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo "se ha perdido una gran oportunidad de defender y reconocer explícitamente los derechos constitucionales de los padres como principales educadores de sus hijos".

En cualquier caso, aseguran que continuarán prestando su apoyo y amparo a todas las familias que quieran proseguir con las acciones legales para "defender hasta el final sus derechos fundamentales".

"Una mano tendida"
La Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) y la Confederación de Centros Educación y Gestión (EyG) piden a las administraciones educativas una “mano tendida” para que los objetores no se vean afectados negativamente por la resolución del Tribunal Supremo, a la espera de conocer el texto de la sentencia y poder hacer un análisis más detallado.

Asimismo, consideran que el Supremo reconoce el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que desean para sus hijos. "Por lo conocido hasta ahora, el Alto Tribunal señala que no se ha acreditado, en los casos objeto de estudio, que se haya producido la vulneración de este derecho." No obstante, dadas las características del currículum oficial es posible que en los centros públicos puedan acreditarse posteriormente desarrollos contrarios al derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos.

Respecto de los centros privados y, en particular, de los centros católicos de FERE-CECA y EyG, el derecho de los padres está plenamente asegurado porque la asignatura de Educación para la Ciudadanía se desarrolla conforme a su carácter propio católico.

En cualquier caso, no dudan de que los padres objetores demandarán un pronunciamiento sobre este tema al Tribunal Constitucional, lo que significa que este asunto no está cerrado.
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