EpC queda "herida de muerte" al excluir el Supremo las cuestiones morales

El secretario general de Profesionales por la Ética, Fabián Fernández de Alarcón, ha señalado a EL IMPARCIAL que tras el fallo del Tribunal Supremo a cuatro recursos en Asturias y Andalucía a la asignatura Educación para la Ciudadanía, “hay que ser cautos porque todavía no conocemos el texto, no conocemos las recomendaciones, no sabemos en qué se concreta”.

Fernández de Alarcón ha señalado que “aparentemente, por lo que vamos conociendo, y hablo por las filtraciones que ha habido y por lo que se entiende del propio comunicado de prensa de la sentencia, la asignatura queda herida de muerte de manera expresa al limitar la capacidad del Estado para inculcar valores morales”. La cuestión aquí es que si el Tribunal Supremo rechaza la posibilitar de objetar a una asignatura obligatoria, no es tanto problema si éste obliga al Estado a retirar materias que inculcan valores morales.

A pesar de ello, insiste en que esperan el texto de la sentencia antes de decir nada. “Ahora mismo, ese fallo está pendiente de sentencia y afecta única y exclusivamente a las partes recurrentes en lo que se dirimió en el Supremo, que son tres casos en Asturias y uno en Andalucía, y nada más”, ha indicado. Las sentencias tardarán todavía alrededor de un mes en ser redactadas.

Seguimos igual
Ante las declaraciones de la ministra, Mercedes Cabrera, que dijo que “si no cabe la objeción, hay obligación de asistir a clase", el secretario general de Profesionales por la Ética ha apuntado que “los chicos cuyos cuatro recursos han llegado al Supremo, tendrán que acatar la sentencia porque estamos en un Estado de Derecho”. Por otra parte, ha recalcado que “el resto seguirán haciendo exactamente lo mismo hasta que haya una sentencia o un auto judicial que los obligue”.

“Evidentemente hay muchísimas personas que tienen sentencias en firme por parte de los Tribunales de Justicia y autos con medidas cautelares que tienen que seguir adelante porque su sentencia es aplicable a ellos y punto”, ha matizado Fernández de Alarcón.

Al respecto, el responsable de esta plataforma cívica ha explicado que esto va a seguir así porque “los padres objetores siguen convencidos de que la asignatura es adoctrinadora, que tal y como ha sido concebida no cumple lo que el Tribunal Supremo le pide, o que le pidió el Consejo de Estado en su momento, y lo que les han venido reclamando desde hace tres años los objetores, y es que se circunscriba estrictamente a la Constitución, a los derechos humanos y al funcionamiento de instituciones españolas y europeas”.

Por ello, Fabián Fernández de Alarcón ha concluido asegurando que van a luchar “con todas sus fuerzas, todas sus energías y con todos los medios que el Estado de Derecho nos brinda y pone a nuestro alcance para acabar con una asignatura que nos parece injusta y totalitaria”, y en la que, ha añadido, como dice su propio preámbulo en los reales decretos pretende “formar la conciencia moral cívica y dar respuesta a los interrogantes más profundos del ser humano”, algo que les parece “absolutamente inaceptable”.

Acciones legales
En espera de conocer el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el derecho a la Objeción de Conciencia frente a EpC, COFAPA recuerda que ha defendido y defenderá siempre el derecho de los padres a recurrir a todos los medios democráticos legítimos para hacer prevalecer su derecho a educar a sus hijos según sus propias convicciones. Por este motivo, continuará prestando su apoyo y amparo a todas las familias que quieran ejercer las acciones legales que mejor les parezcan con las que defender hasta el final sus derechos fundamentales y que no están dispuestas a que sean conculcados por las imposiciones del gobierno de turno.

COFAPA considera que con esta sentencia se ha perdido una gran oportunidad de defender y reconocer explícitamente los derechos constitucionales de los padres como principales educadores de sus hijos sin ningún tipo de intromisión en esta tarea.

Además, la presidenta de COFAPA, Mercedes Coloma Miró subraya que sólo una parte de esta asignatura se centra realmente en lo que debe entenderse como educación para la ciudadanía, formación cívica común para todos los ciudadanos y ajena a cuestiones morales o de conciencia, “mientras que muchos de sus contenidos lo que buscan es la construcción de una conciencia moral cívica y única, que de ninguna manera es competencia de las autoridades públicas, y que no cuadra con los principios fundamentales de un Estado democrático y plural”.