Un toque de atención

Los treinta años largos de vida que tiene la democracia española han estado acompañados por una correlativa prosperidad que no tiene parangón en nuestra historia, reciente y no tan reciente.

Por otra parte, en la medida que, como es sabido, la vida económica se desarrolla en ciclos, es verdad que en este periodo hemos atravesado crisis económicas, pero de ellas nuestra economía ha salido siempre fortalecida sino indemne.

La situación actual y la crisis económica que afrontamos no tienen comparación con las del último medio siglo. Ello es así, en primer lugar, porque dejando aparte el debate semántico sobre si es crisis “strictu senso” o recesión, nuestra realidad es profundamente grave; en segundo lugar, la crisis o recesión tiene escala mundial y, finalmente, por si fuera poco, coincide el agotamiento de nuestro modelo específico de desarrollo y la crisis del modelo financiero mundial.

En estos treinta últimos años a los que me he referido, nuestro sistema político, edificado desde el compromiso recíproco, la responsabilidad, la generosidad y la concordia, ha ido mostrando imperfecciones y deficiencias que se han ido haciendo más notorias con el paso del tiempo; la más importante de ellas es la concentración del poder. Nuestra Constitución lo preceptúa claramente dividido, pero la política ordinaria ha ido concentrándolo, primero en los partidos políticos y después en el Gobierno y en su presidente: desde hace ya algunos años no se dice que el Gobierno va a proponer una ley al Parlamento, sino que ha hecho o que va a hacer una ley.

Seguramente la razón de lo sucedido esté en que los partidos políticos, al haberse ido “profesionalizando” (en el peor sentido de la palabra), se han ido cerrando en sí mismos y están cada día más absortos en sus propios asuntos y más alejados de las necesidades de los ciudadanos y de la sociedad a la que representan. Su funcionamiento interno – poco democrático – contra lo que prescribe el artículo 6 de la Constitución, los ha hecho rígidos. Su financiación, por más que cuenten con importantes subvenciones estatales, dista de ser ejemplar y hemos contemplado demasiados casos de corrupción, no sólo personal sino también institucional. La verticalidad de las decisiones, la dependencia del líder y el sometimiento a sus decisiones es absoluta. Los jóvenes valores son elegidos porque son designados y no al revés.

Last but not least, sus “engranajes” (cuando no maridajes) con determinados medios de comunicación, y no me refiero sólo a las televisiones públicas, invierten el sentido de la transmisión y pervierten la finalidad de estos últimos con graves consecuencias en la conformación de la opinión publica, volviéndola amorfa y acrítica.

Todo ello es objeto de observación atenta por estudiosos y expertos, incluso criticada en ocasiones por éstos. Cuando la situación económica (la vida de los ciudadanos corrientes) es buena, no pasa de ahí. Es decir, para la mayor parte de la gente, si la economía funciona, si viven sin angustias ni sobresaltos, poco importa la política; en el fondo –parece que se piensa- algo tendrán que ver los políticos en que la economía vaya bien.

En la situación actual, y precisamente por esa concentración de poder y delegación acrítica de responsabilidad, temo que el descontento de grandes sectores de la sociedad vuelva su mirada hacia los partidos, y especialmente hacia el Gobierno, en actitud recriminatoria considerándoles responsables, al menos parciales, de la crisis en general española y de la específica de cada ciudadano en particular. Mucho más me preocupa la actitud que se verifica en los mensajes que los políticos dirigen a los ciudadanos, ofreciéndoles protección en lugar de concitarlos para resolver los graves problemas generales, origen de las dificultades particulares.

Parece evidente que el paro, el subsiguiente agotamiento del subsidio de desempleo, las obligaciones hipotecarias contraídas, el imposible mantenimiento de los hábitos de vida, la precaria situación de amplios colectivos de inmigrantes, no sólo acarrearán dramas individuales y familiares sino que generarán un aumento de la inseguridad ciudadana. Los previsibles cierres de empresas significativas – que ojalá no lleguen – quizás conlleven disturbios laborales (¿cuánto tiempo pueden mantenerse silenciosas las organizaciones sindicales y cómo podrán contener y encauzar las propuestas más radicales?). Crecerán con todo ello el descontento, la frustración y la desconfianza, individual y colectiva.

Así ha sucedido en otras grandes crisis, singularmente la de 1929: de un plumazo acabó con los “felices años veinte”; los políticos, superados por las circunstancias, empezaron a enarbolar banderas, primero nacionalistas y proteccionistas (comprar productos nacionales) y después abiertamente populistas, para acabar como todos sabemos.

Es un error siempre caer en el catastrofismo, pero es mejor prevenir que curar o cortar por lo sano a fenecer. Parece pues llegado el momento de, primero, reconocer –sin ambages- la gravedad de la crisis y de sus consecuencias, actuales y futuras, y después, tratar de ponerle remedio con medidas serias y eficaces, dejando las declaraciones programáticas para mejor oportunidad, y trabajando todos juntos y en la misma dirección.

No puede darse en estas circunstancias el espectáculo de la revisión de la financiación autonómica, paradigma de políticas localistas y diferenciadoras en las que parece que lo único que importa es que se salven algunos aunque perezcan los demás y primando las necesidades (muchas veces clientelares) de los políticos sobre las de los ciudadanos. Con la tendencia creciente del déficit público (que pagarán nuestros hijos), que va dejando exhaustas las arcas públicas (boyantes hasta hace bien poco) y en situación dilusoria el prestigio y la garantía del riesgo del Reino de España, no es el momento de hacer reclamaciones particulares desmesuradas y mucho menos de aceptarlas; no puede haber debilidad en el ejercicio de gobernar ni insolidaridad en la reclamación.

En estos tiempos de graves dificultades y con tendencia a empeorar, en el que no procede prometer sino resolver, no pueden aceptarse ni el pesimismo ni el interés particularista, sino la confianza, la valentía, el esfuerzo generoso y colectivo en pos del interés general, porque un pueblo, una nación bien dirigidos y abrazados a una misma idea con determinación pueden lograr sus objetivos; pero la división, el particularismo, la duda y la desconfianza, conducen al fracaso colectivo irremediable. Sin ir muy lejos a buscar ejemplos en lo bueno, eso fue nuestra transición democrática, de cuya semilla han surgido los frutos que hemos disfrutado en estos últimos treinta años en España.