El CGPJ rechaza que los jueces puedan ejercer el derecho de huelga

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entiende que no hay "cobertura legal" para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces, por lo que da por no anunciada la convocatoria de paro para el próximo día 18 y no fijará servicios mínimos.

En un acuerdo adoptado por unanimidad y leído por la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, el CGPJ ha rechazado las peticiones de veintiuna asambleas de jueces y de las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.

"El CGPJ rechaza el ejercicio del derecho de huelga de los jueces en este país porque no hay base normativa para el desarrollo de este ejercicio", ha dicho Bravo.

La portavoz del órgano de gobierno de los jueces ha recalcado que la convocatoria de huelga "no tiene efectos jurídicos" y ha añadido: "El 18 de febrero los jueces y magistrados tienen que estar en su puestos de trabajo".

Preguntada por la posibilidad de que el CGPJ sancione a los jueces que secunden el paro convocado para la próxima semana, Bravo ha señalado que después de esa fecha, "si consta alguna denuncia", se estudiará y valorará el caso concreto y se adoptaran las medidas que se estimen oportunas.

Las asociaciones mantienen el paro
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) mantienen "en principio" la convocatoria de huelga para el próximo día 18 pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado hoy que los jueces puedan ejercer este derecho.

Así lo han anunciado a Efe los portavoces de estas dos asociaciones, Marcelino Sexmero, de la AJFV, y Conrado Gallardo, del FJI.

Sexmero ha dicho que la postura "intermedia" del CGPJ era "la esperada", sin cuestionar el derecho de los jueces al derecho a la huelga y sin fijar los servicios mínimos. Para este portavoz, lo que ha hecho el Consejo es "pasar la pelota" a las asociaciones, ya que ahora son ellas las que tienen que decidir si recurren esa decisión al Tribunal Supremo y llegado el caso, al Constitucional.

Por su parte, el portavoz del FJI, Conrado Gallardo, ha calificado de "solemne estupidez" el argumento empleado por el CGPJ, que ha rechazado el ejercicio del derecho de huelga de los jueces por la ausencia de "cobertura legal", y ha considerado que, de ser así, tampoco los funcionarios podrían hacerla, ya que no está previsto por la ley.

"Esto demuestra que el Consejo ha sido nombrado a dedo y que sus decisiones favorecen a los partidos políticos", ha dicho en declaraciones a Efe Gallardo, que ha añadido que su asociación recurrirá el acuerdo del órgano de gobierno de los jueces hasta conseguir que se pronuncie el Tribunal Supremo. "Si nos la prohíben, no la vamos a hacer, pero no lo decidiremos hasta que no tengamos una sentencia firme", ha concluido.

Informe del secretario
El pronunciamiento unánime del CGPJ en contra del derecho de huelga de los jueces contrasta con el informe elaborado la semana pasada por el secretario general de este órgano, Celso Rodríguez, que concluía que, ante la ausencia de una norma legal, correspondía al Tribunal Constitucional evaluar si la carrera judicial puede ejercer o no ese derecho.

El informe, encargado por el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, para ser analizado en el pleno extraordinario, aludía a los problemas "de toda índole" que provoca la "deficiente regulación normativa" sobre el asunto, ya que ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Judicial prevén dentro de las competencias del Consejo la regulación o el control de este derecho fundamental.

Rodríguez también decía que los jueces que secundaran el paro del día 18 no podrían ser sancionados, ya que "en este ámbito la mínima previsión como falta es la ausencia injustificada y continuada a la sede del órgano judicial por más de un día natural (falta leve del artículo 419.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial)".

Las asambleas que habían hecho "convocatorias expresas" de huelga para el próximo día 18 son de Andalucía (Almería, Huelva y Málaga), Aragón (Teruel), Canarias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), Comunidad Valenciana (Alicante), Castilla-La Mancha (Ciudad Real), Cataluña (Solsona, en Lleida), Galicia (A Coruña y Pontevedra), Baleares (Ibiza) y Murcia.

Otras asambleas han remitido al CGPJ actas en las que se acuerda convocar el paro: Ciudad Real y Cuenca, en Castilla-La Mancha; Girona y Tarragona, en Cataluña; Extremadura y Majadahonda (Madrid).

También las dos asociaciones antes citadas, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, entregaron el pasado viernes en el Consejo el escrito de preaviso de la huelga.