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"para limitar un derecho fundamental tiene que haber una ley"

Los jueces mantienen la huelga del día 18 pese a lo acordado por el CGPJ

martes 10 de febrero de 2009, 17:39h
Los jueces de Sevilla, Málaga y Ciudad Real partidarios de los paros consideran que el último acuerdo del Consejo General del Poder Judicial no les ha negado el derecho a la huelga. De hecho, el juez decano de Málaga, Manuel Caballero-Bonald, afirmó que "no supone un rechazo expreso".

Caballero-Bonald aseguró que "para limitar un derecho fundamental tiene que haber una ley que lo diga o alguien que lo diga, que es lo que ocurre con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los militares, que tienen una legislación específica, pero como no existe esta ley en el caso de los jueces, entendemos que sí tenemos derecho".

El decano de Málaga capital especificó que en el acuerdo del CGPJ "se dice sólo que no hay cobertura legal para la huelga, algo que ya sabíamos antes del pleno extraordinario, y, por tanto, no se pueden fijar servicios mínimos", lo que, a su entender, "es muy distinto a negar el derecho de huelga".

"Al ser un derecho fundamental, el hecho de que no haya una regulación legal no impide su ejercicio", reiteró.

Por su parte, el juez decano de Ciudad Real, Antonio Moreno, explicó que "el Consejo no ha dicho nada que no supiéramos, creo que los medios de comunicación no lo han explicado bien, pues lo que ha afirmado no es que no tengamos derecho a la huelga, que es algo que está recogido en la Constitución, sino que no está regulado este derecho".

Moreno aseguró que los jueces han descartado incluso la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo la resolución del Consejo, pues insiste en que no les queda duda sobre la legalidad de su protesta.

Mantienen los paros
También el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, ha anunciado que el jueves 18 habrá huelga y que ésta va a ser "masiva", y ha explicado que "nadie quiere llegar a estos extremos" pero que los jueces quieren protestar "no sólo para su propio beneficio sino pensando en el de todos los ciudadanos".

Viguer ha afirmado que, bajo su punto de vista, la huelga de jueces convocada para el día 18 "sí tiene base legal" y ha anunciado la intención de los jueces de la provincia de "ejercer ese día su derecho".

"No hay norma legal que prohíba a los jueces ejercer su derecho de ir a huelga y, en cuanto a su ejercicio, está contemplado en Real Decreto Ley de 1977", ha aseverado Viguer, que también ha apelado al artículo 28 de la Constitución Española, "que reconoce a todos los trabajadores ese derecho".

Servicios mínimos autorresponsables
Los jueces de la provincia de Orense aplazaron hasta el próximo jueves la junta provincial en la que evaluarán el estado de las negociaciones con el Gobierno en relación a las demandas de la carrera judicial y decidirán si se suman, como las otras tres provincias gallegas, a la huelga convocada para el día 18.

En cualquier caso, los jueces de La Coruña establecerán, como "ejercicio de autoresponsabilidad", una "sugerencia" de servicios mínimos para ese día con el objetivo de "ocasionar los menos daños posibles".

En esta misma línea se han pronunciado los jueces de Ciudad Real, quienes aseguran que no van "contra el ciudadano, sino que queremos ayudarle a conseguir una Justicia mejor".

El PSOE mantiene su voluntad de diálogo
Mientras tanto, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, ha reiterado la voluntad del Gobierno de mantener una actitud "dialogante" con los jueces.

Ha asegurado que el Ejecutivo seguirá hablando con ellos de sus reclamaciones, algunas de las cuales "pueden ser asumibles y otras no", pero Alonso ha vuelto a dejar claro que los jueces no pueden ir a la huelga porque "son titulares" de un poder del Estado.

"Exactamente igual" que los parlamentarios, ha dicho Alonso en una rueda de prensa en la Cámara, que "no podemos hacer huelga porque no se harían leyes".

Si ejercieran el derecho a la huelga, ha explicado, afectaría al funcionamiento "normal" de un Estado de derecho y los ciudadanos se quedarían sin amparo judicial, lo que es "incompatible", en su opinión, con cualquier lectura que se haga de la Constitución.
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