Alberto Fujimori, quien fuera presidente de Perú entre los años 1990 y 2000, se enfrenta a 30 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Está acusado de permitir dos matanzas en las que perdieron la vida 25 personas en 1991 y 1992, a manos de un destacamento del ejército al servicio del Gobierno que él encabezaba, el denominado como grupo Colina.
Este “escuadrón de la muerte”, que dependía directamente del Sistema de Inteligencia Nacional, causó la muerte de nueve estudiantes y un profesor de la universidad estatal La Cantuta, en 1992, y asesinó a 15 personas más (entre ellas un niño) durante una fiesta celebrada en 1991 en el distrito de Barrios Altos.
Al frente de este grupo militar encubierto se encontraba, presuntamente, Vladimiro Montesinos (ahora encarcelado), entonces mano derecha de Fujimori que ejercía un gran poder en la sombra. El destacamento fue supuestamente creado para librar una guerra sucia contra Sendero Luminoso, cuya actividad terrorista fue muy intensa durante los primeros años del Gobierno de Fujimori.
Así, las víctimas fueron ejecutadas bajo la sospecha de que pertenecían al grupo maoísta Sendero Luminoso.
La Fiscalía sostiene que Fujimori conocía y alentaba las actividades de Colina y le acusa de ser el “autor mediato” de las matanzas, es decir, de haberse valido del aparato del Estado para cometer esos crímenes, por los que pide que se le sentencie a 30 años de cárcel.
Sin embargo, Fujimori se ha declarado inocente. César Nakasaki, abogado del ex mandatario, apoya su defensa en la tesis de que “quien decidía la política antisubversiva era el Consejo de Ministros, que formulaba, ejecutaba y supervisaba la política de defensa militar”. Nakasaki afirma que quien tomaba las decisiones “en el campo militar era el ministro de Defensa”, y asegura que "el presidente de la República no intervino en el dominio militar".
Por su parte, Fujimori ha declarado que ni el ex presidente del Comando Conjunto, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, ni su ex asesor, Vladimiro Montesinos, le hicieron referencia de la existencia del grupo Colina. Asimismo, ha asegurado que defendió públicamente a su entonces asesor porque “no sabía nada sobre sus actos ilícitos”.
Fujimori, que además está siendo procesado por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer en 1992, sostiene que su política antiterrorista siempre fue “transparente” y respetuosa con los derechos humanos.
El fallo judicial no se conocerá hasta el mes de abril y, una vez se dicte la sentencia, las partes tendrán un plazo máximo de un día para comunicar si presentarán un recurso de nulidad, que deberá ser fundamentado en un máximo de diez días.
El abogado del ex presidente se ha extendido durante ocho sesiones del juicio para presentar su alegato final y ha solicitado cuatro sesiones más, por lo que el titular de la sala, César San Martín, le ha pedido ser más conciso en sus exposiciones. La última vista del juicio, que se ha prlongado por más de 15 meses, tenía que haberse celebrado este viernes, pero hubo de ser aplazada hasta el lunes por problemas de salud del abogado Nakasaki.
El proceso fue iniciado en 2005, después de que Fujimori fuera detenido durante un viaje a Chile procedente de Japón, lugar donde se había exiliado voluntariamente tras su renuncia a la presidencia en el año 2000. Ante el temor de que fuera denunciado penalmente por los actos de corrupción de su gobierno y alegando falta explícita de garantías para su integridad física; Fujimori, desde Tokio, remitió por fax al Congreso de la República, su renuncia formal y luego, envió un mensaje a sus partidarios, anunciándoles que renunciaba a la Presidencia de la República.´
Fue extraditado a Perú en 2006, mediante una solicitud presentada por la Embajada de este país en Chile ante la Corte Suprema chilena.
Además, de los crímenes de lesa humanidad que se le atribuyen, durante los años de Gobierno de Fujimori la corrupción fue una práctica generalizada. El ex mandatario ordenaba chantajear y sobornar a sus adversarios (como así lo demuestran documentos de audio recabados por la Policía) para obtener beneficios políticos y económicos vinculados a actividades delictivas y mafiosas.
