La ley que suprimirá los anuncios en TVE se tramitará de forma urgente

La Mesa de la Cámara ha aceptado este martes la petición del Ejecutivo para que el proyecto de Ley de Financiación de la Corporación de RTVE se discuta siguiendo el procedimiento de urgencia, aunque con la abstención de los cuatro representantes del PP en este órgano, han explicado a Efe fuentes parlamentarias.

El artículo 94 del Reglamento del Congreso establece que, una vez acordado este procedimiento por la Mesa, los plazos aplicables a la iniciativa afectada se reducirán a la mitad de los establecidos con carácter ordinario.

De esta manera, por ejemplo, los dos meses prefijados como tiempo máximo para que las Comisiones concluyan su análisis de un proyecto de ley quedan reducidos a un mes para esta propuesta del Gobierno, que supondrá eliminar los anuncios en la televisión pública.

En principio, el proyecto se discutirá directamente en la Comisión Constitucional, con competencia legislativa plena, salvo que algún grupo quiera presentar enmienda de totalidad y solicite su pase (avocación) al pleno para debatir el veto en este ámbito.

La ley prevé que los operadores de telecomunicaciones aporten un 0,9 por ciento de sus ingresos a financiar esa supresión y atendiendo a la sugerencia del Consejo de Estado se recomienda un régimen diferenciado para la televisión en abierto y la televisión de pago en función de que ambas fórmulas no dependen de la publicidad de la misma manera.

Por ello se fija un tres por ciento de aportación para las televisiones en abierto y un 1,5 para las televisiones de pago o de acceso condicionado.

Por otro lado, se ha atendido la consideración de la CMT de eliminar la sanción de pérdida de licencia para el caso de incumplimiento de las operadoras de su obligación de cumplir la aportación fijada en tiempo y forma y se remite a las sanciones generales tal y como están establecidas en la ley general tributaria.

Una cadena "residual y minoritaria"
Además ha alertado de que los nuevos mecanismos de financiación de la radiotelevisión pública pueden llevar a un aumento en los precios de la publicidad televisiva y a un incremento en la factura de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

Así consta en el informe enviado por el Consejo de Estado al Gobierno sobre el proyecto de Ley de financiación de RTVE, que prevé la renuncia a la publicidad como forma de sostener económicamente al grupo público y establece, en su lugar, aportaciones del Estado, de las televisiones comerciales y del sector de las telecomunicaciones.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, advierte de que ese modelo, "si bien tiene la ventaja de impedir que la publicidad determine la programación, puede conducir al alejamiento del mercado, a sustituir la atención de la audiencia y sus necesidades e intereses por criterios excesivamente burocráticos", de modo que las cadenas así financiadas pueden acabar siendo residuales.

Para evitarlo, recomienda el informe, convendría introducir mecanismos que permitan valorar la programación de RTVE.

El pasado 8 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley y lo remitió al Consejo de Estado y a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), para que ambas instituciones emitiesen sendos informes que ni tienen carácter vinculante.

Tras recibir los dos informes, el pasado viernes el Ejecutivo dio el visto bueno al proyecto de Ley y lo envió a las Cortes para su tramitación urgente.

El Consejo de Estado, que califica de "drástico" el cambio de modelo que propone el Gobierno a través de una renuncia "definitiva e inmediata" de RTVE a la publicidad, subraya que no se plantea esa modificación de forma gradual, y supone que se habrán analizado "las eventuales distorsiones que pueden producirse en el mercado publicitario televisivo".

Una de las principales críticas del informe al proyecto del Gobierno es la falta de demostración documental que justifique las premisas del mismo: que la eliminación de la publicidad en RTVE supondrá un incremento de la misma en las cadenas privadas, lo que explica que éstas deban financiar la radio televisión pública con una parte de sus ingresos.

Esa "no es una premisa segura ni fácilmente mesurable", según el Consejo de Estado, que advierte de que, dadas las características del mercado publicitario, "no cabe hablar propiamente de la liberación de un sector del mercado -el actualmente ocupado por Televisión Española- en favor eventualmente de las otras cadenas, sino de su supresión, sin que quizá se produzca, al menos en la forma esperada, el desplazamiento de la demanda de los anunciantes".

En ese sentido cita el informe que sobre este mismo asunto ha emitido la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, que alerta de que incluso si se produce ese trasvase de anunciantes, al no poder las cadenas privadas superar los minutos de publicidad que tiene permitido legalmente emitir, se producirá un aumento de los precios de la publicidad.

Respecto a otra de las vías de financiación que el proyecto establece para RTVE -la aportación obligatoria sobre los operadores de telecomunicaciones de ámbito estatal o que operen en más de una comunidad autónoma- el Consejo advierte de que las empresas previsiblemente trasladarán esos costes a los usuarios, lo que será una dificultad añadida para generalizar, a precios asequibles, la llamada Sociedad de la Información.

Por último estima que imponer una aportación obligatoria a los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas -que no parece que vayan a beneficiarse de que TVE deje de emitir publicidad- "puede comprometer su capacidad de inversión" en momentos de crisis y de necesidad de desplegar redes de nueva generación.

Respecto a la posibilidad, apuntada por la CNMT, de que el nuevo modelo pudiera ser contrario al derecho comunitario, el Consejo de Estado considera en cambio que no existen dudas sobre su conformidad con el mismo.

Respecto al procedimiento por el que el Gobierno se ha planteado este "cambio sustancial e inmediato" de la financiación de la Corporación RTVE, el Consejo llama la atención sobre el hecho de que un proyecto de tanta trascendencia no haya sido precedido, como lo fue la Ley de la Radio Televisión Pública, de la constitución de un consejo de expertos que podrían haber aconsejado al ejecutivo.