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la ministra habla sobre el anteproyecto de ley de economia sostenible

Sinde: "No se va a cortar Internet a ningún usuario en ningún caso"

martes 01 de diciembre de 2009, 19:47h
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha asegurado este martes que el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible no prevé que se corte el servicio de internet a los usuarios "en ningún caso", sino que actuará frente a quienes exploten los derechos de obras ajenas.
El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible no prevé que se corte el servicio de internet a los usuarios "en ningún caso", sino que actuará frente a quienes exploten los derechos de obras ajenas, según ha comentado este martes la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.


González-Sinde ha reconocido que la nueva normativa establece que sea un órgano del Ministerio de Cultura, no un juez, el que decida, mediante un procedimiento administrativo "con plenas garantías", las medidas que habrá que adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros.

Ya en la Cámara Alta, en respuesta a una pregunta del grupo popular, la ministra ha defendido que con el nuevo modelo, que califica de "gran paso", "ni se va a criminalizar a los usuarios ni se va a cortar una sola conexión a internet". Quienes "verán limitada su actuación" en la red serán "aquellos que se aprovechan de las obras de los demás y quienes realmente vulneran la propiedad intelectual y explotan obras de las que no tienen permisos", ha añadido González-Sinde en sus declaraciones a los periodistas.

En ese sentido, ha asegurado que las medidas contempladas en el anteproyecto facilitan el acceso a la cultura a través de una oferta digital legal y permiten la protección del trabajo cultural -que representa casi el 5 por ciento del PIB- en un contexto de "alto índice de vulneración de la propiedad intelectual".

La titular de Cultura ha informado de que será la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano formado por expertos independientes que pertenecerá a su Ministerio, la que investigará los casos de explotación ilícita de obras culturales. "Lo que está previsto es que sea el órgano administrativo el que examine cada caso y, según los derechos que sean vulnerados (...), decida cuál es el procedimiento (...) necesario", ha apuntado González-Sinde.


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