¿Por qué "El Cuco" o "El Rafita" están en pisos tutelados?

Menores como “El Cuco”, presunto implicado en la muerte de Marta del Castillo, o “El Rafita”, condenado por la controvertida Ley del Menor por el asesinato de Sandra Palo, están o han pasado por un piso tutelado. Estas viviendas no están destinadas, en principio, para menores pendientes de ser juzgados por cuestiones penales, sino para adolescentes en situación de desamparo o abandono familiar, bien porque tengan problemas con drogas, violencia o alcohol, o bien porque sus padres estén incapacitados para mantener su custodia.

Entonces, ¿cómo acaban allí menores relacionados con delitos tan graves? De nuevo, parece que la falta de celeridad a la hora de resolver los juicios podría ser la causa principal.

Carlos Vázquez, profesor titular de Derecho Penal en la UNED, ha explicado a EL IMPARCIAL que “El Cuco” estaba en “un centro de menores, en lo que se llama prisión preventiva a la espera de juicio, pero el periodo máximo de nueve meses de internamiento en un centro cerrado, que la ley de Responsabilidad Penal del Menor establece, se ha superado. Aunque para las familias de las víctimas ese niño está en la calle, hay que ver todo el proceso en su conjunto. Tampoco el menor tiene la culpa de que la Justicia en este país vaya tan lenta, porque en cuanto se le juzgue, se acaba el problema. La ley marca unos plazos y éstos se han acabado”.

¿Qué es un piso tutelado?
Para entender qué es lo que supone que menores delincuentes o presuntos autores de delitos acaben en estas viviendas, este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid y la oficina del Defensor del Menor.

La adjunta al Defensor del Menor, Carmen González, ha explicado que “son pisos que la Administración subvenciona para acoger a jóvenes que están bajo un sistema de protección en un entorno más familiar”.

El número de pisos tutelados en la Comunidad de Madrid asciende a 27. Son pisos de seis plazas y los monitores son educadores. Lo normal es que en cada piso haya cinco tutores. Durante las mañanas, uno de ellos se encarga de acompañar a los que por enfermedad o por otro asunto se quedan en la casa mientras el resto acude a escuelas, talleres o institutos. En el horario de tarde, hay dos tutores y, por fin, por la noche, otros dos educadores. Allí se les enseña durante la adolescencia a vivir de manera independiente, de forma que cuando salgan a los 18 años puedan comenzar una vida laboral. Mientras unos se especializan en formación profesional, los de menor edad acuden al instituto. Además, se les enseña a colaborar en las tareas propias de un hogar para que más tarde ellos se independicen.

En palabras del profesor Vázquez, “son una especie de núcleos de convivencia que se denominan viviendas normalizadas para jóvenes. En esencia, son lo más parecido a una vivienda familiar”. Una opinión que comparte el Defensor del Menor de Andalucía, José Chamizo: “Un piso tutelado es un espacio muy parecido a uno familiar donde van niños y niñas que aún no han encontrado una familia de acogida y permanecen en situación desamparo. En Andalucía hay 6.000 menores con medidas de protección, 4.000 de ellos están en familias y 2.000 en pisos tutelados”.

Cualquiera puede poner en marcha un piso tutelado
Aunque no es lo habitual -según explica Vázquez- las viviendas “pueden ser pisos de familias, es decir, cualquier persona podría poner en marcha un piso tutelado, como una respuesta de colaboración ciudadana. Sin embargo, más que particulares suelen ser miembros de una ONG que presentan una solicitud a la consejería correspondiente. Como resultado se forma un grupo educativo, compuesto por un educador social y un psicólogo, entre otros”.

¿Muchos niños y pocos tutores?

Cuando el pasado 12 de noviembre el menor imputado por la muerte de Marta del Castillo era trasladado a un piso tutelado, el padre de la víctima, Antonio del Castillo, afirmaba que el hecho de que esté vigilado las 24 horas del día "es una utopía y una verdadera mentira”, al referirse al hecho de que, al parecer, en cada piso hay pocos tutores para garantizar la estricta vigilancia de los menores que allí residen.

Estos establecimientos no se vigilan del mismo modo que un centro de menores, aunque ya informó este periódico que la falta de recursos hace que la conflictividad y la violencia estén a la orden del día en los centros de internamiento. Sin embargo, los pisos llevan un régimen más ligero y los jóvenes tienen relativa libertad, pues el objeto de su estancia allí es propiciar su independencia. De ahí que aunque “El Cuco” deba cumplir con sus obligaciones escolares, dispondrá de tiempo libre como el resto de menores. Los peligros de la acogida de presuntos delincuentes están ahí.

¿Está asegurada la vigilancia?
“Las medidas privativas de libertad lo son para gente declarada culpable. Este menor en espera de juicio debe estar sometido a control, aunque la ley marca que no puede estar encerrado mientras llega. El chaval puede salir de la casa tutelada mañana a realizar actividades a un centro de día y escaparse. Es evidente que eso no se puede controlar, pero implicaría un incumplimiento de una medida impuesta por un juez, quien podría imponer una medida con un control más severo”, asevera el profesor Vázquez.