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La clase política

martes 22 de diciembre de 2009, 21:36h
En sociedades secularizadas, como la española y en el siglo XXI, no cabe más legitimidad de origen para el poder que la democrática; pasaron los tiempos de las monarquías absolutas en las que el poder provenía de Dios y desde la Revolución Francesa la soberanía reside en el pueblo quien, con su voto, legitima al que ejerce el poder. Como es natural, esto no quiere decir que manden todos. En democracia, como siempre a lo largo de la Historia, manda una escueta minoría y obedece una inmensa mayoría; lo que sucede, es que los pocos que mandan en una democracia lo hacen en representación de los demás; por eso en puridad se le denomina “democracia representativa”. La famosa frase de Lincoln “la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo” no es sino un slogan.

No sin gran esfuerzo y venturosamente hace más de treinta años y con la llamada Transición, España alcanzó la democracia y se puso a la par de los países de nuestro entorno homologándose con ellos.

Pero a mi juicio sería un grave error considerar que una vez alcanzada la democracia no hay que preocuparse de ella y que se la puede incluso maltratar de obra aunque se la respete de palabra. Ya los griegos (Aristóteles y Polibio) nos advertían que las formas de gobierno y, entre ellas la democracia, se degradaban, por lo que para evitarlo se debía estar en actitud vigilante.

En la democracia moderna, los partidos políticos, que son un pilar básico de ella, se justificaban porque -se decía- representaban y defendían a diferentes grupos sociales –las clases- cuyos intereses se encontraban en abierta oposición (la lucha de clases) por lo que los enfrentamientos parlamentarios no eran sino trasunto de los conflictos sociales.

Me temo que este panorama está cambiando profundamente: nuestras sociedades se han ido uniformizando y mesocratizando (en España y en los años 30, la clase media apenas alcanzaba el 20 por ciento de la población y hoy se acerca al 80 por ciento); de modo que tanto la clase alta como el proletariado han ido quedando reducidas a grupos sociales lo suficientemente poco numerosos como para no resultar atractiva la defensa de sus intereses a los partidos políticos que aspiran a gobernar. El Estado del Bienestar ha contribuido de una manera fundamental a esta igualación de los ciudadanos a través de diferentes medidas desde la progresividad fiscal a la enseñanza y sanidad gratuitas; no creo que haya sido ajeno a ello la existencia de los regímenes comunistas, lo que ha hecho que siquiera fuera por temor al contagio, los países de Europa Occidental hayan dictado disposiciones igualadoras y uniformadoras, que a través de mecanismos redistributivos han disminuido las diferencias sociales. Por último, “last but not least”, la globalización y consecuente aparición de las llamadas economías emergentes ha hecho que las naciones europeas cierren filas en defensa de sus respectivas economías (dificultar las deslocalizaciones, establecer diversos sistemas de ayudas públicas a diferentes sectores productivos) actitud que la crisis en la que nos encontramos no ha hecho sino reforzar; de este modo, los gobiernos – cualquiera que sea su signo – se ven obligados a adoptar medidas que no van en beneficio de una clase y en detrimento de otra, sino que tratan de beneficiar al conjunto social frente a la “amenaza exterior”.

De modo que hablar hoy (aunque naturalmente persistan diferencias) de lucha de clases parece una expresión que va quedando obsoleta. El margen de actuación de los gobiernos europeos es, al menos en las cuestiones económicas, cada vez menor según podemos comprobar cotidianamente. Consecuentemente las diferencias – en los programas y en la actuación – de los partidos políticos, van disminuyendo en las cuestiones económicas y trasladándose, para no perder su propia identidad, a otras cuestiones que más que reflejar diferencias entre los grupos sociales, las crean.

Por otro lado, y debido a diversos factores, la clase política ha ido “cristalizando”; ya no es, o cada vez es menos, el fenómeno de ciudadanos que entran y salen de la política; por el contrario, hoy el que escoge la “carrera” política no la abandona salvo caso de fuerza mayor. Por eso el mantenimiento en el poder es sobre todo una cuestión de supervivencia; ello hace que cada vez se ponga más el acento en el corto plazo (la próxima elección) y no se ponga en el medio-largo plazo (en el que radican las cuestiones graves e importantes: los de la próxima generación).
Así lo ha dicho recientemente Peter G. Peterson añadiendo que “cuando los problemas de largo plazo son reales e importantes (los representantes políticos), nos anestesian, nos engañan y nos distraen”, de modo que los problemas reales no sólo no se solventan sino que se agravan. Ahora que se habla tanto de sostenibilidad, ¿quién se preocupa de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones?, ¿quién se ocupa de la sostenibilidad de un sistema público de salud de costes preocupantemente crecientes?

Es decir, poco a poco, los representantes políticos van perdiendo su carácter de representación, por mucho que traten de disimularlo y van adquiriendo carácter sustantivo (así con frecuencia oímos decir que sólo se representan a ellos mismos o que sólo defienden sus propios intereses). Este fenómeno va produciendo un desapego de la ciudadanía, puntualmente reflejado en las encuestas de opinión, respecto de los políticos a los que cada vez más se identifica como “clase política”. Lo que a cualquier observador imparcial le debe parecer, al menos, preocupante.
Parece pues que el sistema democrático y la configuración de los partidos políticos están entrando en crisis, de modo que para que perdure la democracia probablemente se tenga que actualizar adaptándose a las nuevas realidades, al cambio de los tiempos y en consecuencia debamos pensar en nuevos vehículos, nuevos vínculos y nuevos métodos que aseguren que los gobernantes realmente actúen persiguiendo los intereses generales de la comunidad política y no los suyos propios.
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