La Ley del Aborto puede tardar todavía mucho tiempo en aplicarse

El pasado 17 de diciembre el trámite de la Ley del Aborto dio un paso más al ser aprobado por 26 votos de diferencia en el Congreso su envío al Senado. Ahora, son los senadores los que tienen que debatir y votar el proyecto del Gobierno. De ser aprobado, volvería al Congreso para su aprobación definitiva. Se estima que esto puede ser antes del mes de marzo.

Lo lógico sería que, a partir de ese momento, la nueva Ley del Aborto entrara en vigor, pero desde Hazteoir no lo tienen tan claro y entienden que "eso no significa que pudiera empezar a aplicarse".

En primer lugar, señalan, porque "la sanidad pública tendrá que hacer frente a los continuos conflictos con los profesionales que se declaren objetores de conciencia" y con los que no, pero que verán aumentada de forma muy considerable su carga de trabajo.

Incremento del número de abortos
En este sentido, hay que recordar, además, que desde algunos hospitales públicos ya han advertido de que no van a tener capacidad para asumir el incremento del número de aborto, a pesar de que el Gobierno viene sosteniendo en todo momento que su proyecto reducirá el número de interrupciones voluntarias del embarazo.

No hay que olvidar que al configurarse el aborto en la nueva ley como una prestación sanitaria gratuita en todos los casos (a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países europeos), España se convertirá en un punto de peregrinación abortista, disparándose el número de abortos.

Algunos profesionales favorables a la reforma de la ley, que no tienen intención de objetar ante un aborto ya han pedido ayuda porque, en caso de aprobarse definitivamente la ley, no darán abasto. Así lo ha explicado el director del Área Materno-Infantil del hospital de Son Llàtzer de Mallorca, Adolfo Marqués, que ha estimado que "la sanidad pública balear difícilmente podrá asumir la realización de todos los abortos que se realizan en la comunidad con la reforma de la ley que ultima el Gobierno central".

El doctor Marqués ha insistido en que "en la mayoría de los abortos practicados en las islas en 2008 –3.281 sobre 3.387– se alegó problemas de salud materna –fundamentalmente problemas psíquicos para la madre que sólo las clínicas privadas certifican con un informe psiquiátrico–, y estimó que la sanidad pública balear no podría asumir esta carga de trabajo que implicará el cambio de legislación".

De esta forma, este responsable de maternidad se pregunta "teniendo en cuenta que somos la mayor maternidad de la islas y atendemos 2.500 partos anuales, ¿cómo podríamos asumir un número superior de interrupciones del embarazo?".

La interpretación de la Ley
Por otra parte, las comunidades autónomas tendrán que aplicar la Ley del Aborto después de interpretarla. El texto, muy mal redactado, es ambiguo y deja mucho margen para su interpretación por lo que desde los respectivos Gobiernos regionales podrán fijar sus propios protocolos y reglamentos en algunos aspectos. Así, "las regiones en las que gobierne el PP se podrían introducir modificaciones a través de sus propias normativas sobre protección a la maternidad", apuntan desde Hazteoir.

Además, el presidente de los populares, Mariano Rajoy, se ha comprometido a recurrir la Ley del Aborto ante el Tribunal Constitucional, por lo que habrá que esperar también a que este órgano resuelva el recurso. La decisión final no debería diferir en exceso de la norma que el propio Tribunal Constitucional ya ha establecido al respecto.

La Ley vulnera la doctrina del Constitucional
El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Banacloche, ha analizado el texto del proyecto salido del Congreso y para él se trata de "la primera ley que se aprobará en democracia vulnerando la doctrina ya fijada por el Tribunal Constitucional sobre una materia".

El profesor, en un artículo titulado "La peor ley posible del aborto", explica que "a diferencia de otros casos, aquí no se parte de cero, no se puede jugar con la duda acerca de lo que dirá o no el Alto Tribunal. Éste ya se ha pronunciado sobre el estatuto constitucional del feto, de la vida humana en formación. Y ha exigido unas garantías que la nueva ley no cumple. No cabe, pues, presumirla constitucional: es inconstitucional en cuanto ley de plazos, y solo un cambio de doctrina del Tribunal puede hacerla compatible con la Constitución".

Por todo esto, el catedrático Banacloche cree que "habría que plantear si no procede la suspensión inmediata de la aplicación de la ley por el propio Tribunal, si se llega a plantear, como parece, un recurso de inconstitucionalidad. Porque no puede producir efectos una ley que vulnera el artículo 15 de la Constitución según la interpretación del Tribunal Constitucional".

Recordemos que el artículo 15 de la Carta Magna establece: "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las Leyes penales militares para tiempos de guerra".

Para terminar, Hazteoir cree que, por todos estos motivos, la Ley del Aborto, "en caso de ser aprobada en el Senado y el Congreso el año que viene, la aplicación de la ley Zapatero de exterminio de niños necesitará todavía de muchos meses para convertirse en realidad".