"Los derechos humanos son instrumentos limitados, pero muy útiles"

El economista Augusto López-Claros invitó a EL IMPARCIAL a un encuentro con la activista española Itzíar Ruiz-Giménez en el que se debatió la situación y el futuro de los derechos humanos en el siglo XXI. Ante una audiencia de unas 50 personas, la presidenta de la sección española de Amnistía Internacional (AI) abordó los desafíos a los que se enfrenta en los próximos años y qué ámbitos son prioritarios para su organización en España y en el mundo.

España, un país de retos
“En primer lugar, debemos continuar la lucha contra la violencia de género en la que, a pesar de los notables avances, aún queda mucho por hacer. Hay que implementar medidas judiciales más eficaces enfocadas a la reparación de los daños infligidos a las víctimas”, indicó la presidenta.

Otro reto prioritario es el de la inmigración. “Se está llevando a cabo una política de control migratorio basado en un recorte de los derechos humanos en toda la Unión Europea. Nuestras reclamaciones están encaminadas a que esas políticas no supongan una disminución de los derechos de los inmigrantes”, manifestó la representante de AI. Asimismo, hizo especial hincapié en la lucha activa que la sociedad española debe llevar a cabo para combatir el racismo y el aislamiento de las minorías.



La política exterior española también es una prioridad para Amnistía Internacional. “Los derechos humanos deben ser el centro de la estrategia política y no deben anteponerse otros intereses”, sostuvo Ruiz-Giménez, en clara alusión a las relaciones que mantiene España con países acusados de violar los derechos humanos de manera continuada como China, Rusia, Colombia o Guinea Ecuatorial.

Asimismo, la presidenta de la delegación española de AI denunció el recorte legislativo que impide a los jueces españoles seguir investigando y juzgando los crímenes contra la Humanidad fuera de nuestras fronteras. Hasta ahora, un magistrado español, gracias al derecho internacional, podía investigar crímenes contra los derechos humanos fuera de España, sin que hubiera víctimas españolas y sin que los perpetradores de esos crímenes tuvieran pasaporte nacional.

Con las nuevas reformas, esto dejará de ser posible y los casos se desviarán a la Corte Penal Internacional que, según establecen sus estatutos, no puede juzgar aquellos crímenes cometidos antes de su constitución en el año 2000 y sólo puede actuar en los 110 países que reconocen su jurisdicción. Ruiz-Giménez, que manifestó su total apoyo a la justicia universal, denunció que estas medidas suponen “un grave incumplimiento de los compromisos adquiridos por nuestro país en el Estatuto de Roma de 1998”.

Para la sección española de Amnistía internacional sigue siendo un reto la lucha contra la tortura en nuestro país. “Se deben llevar a cabo investigaciones serias en aquellos casos de malos tratos perpetrados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, declaró la activista.

“Los derechos humanos son instrumentos limitados, pero muy útiles”
Por otra parte, Ruiz-Giménez indicó a los presentes que, en su opinión, los derechos humanos “se han puesto en tensión tras los atentados del 11-S, lo que provoca que, a veces, se subordinen a la seguridad enmarcados en la ‘Guerra contra el terrorismo’”.

Vinculado con esta realidad se sitúa el aumento de casos de tortura en los centros de detención e internamiento. En este sentido, la activista denunció la proliferación de prisiones secretas patrocinadas por Estados Unidos y otros países en las que, bajo la etiqueta de luchar contra el terrorismo, se violan los derechos humanos con el pretexto del ‘todo vale’.

Otro asunto que Ruiz-Giménez señaló como prioritario es la pobreza. La activista denunció que, por norma general, este ámbito se ha tratado "por políticos o economistas que han dejado de lado los derechos humanos. La pobreza es una cuestión humanitaria y los que la sufren están siendo discriminados".

Al debatir con los asistentes, Ruiz-Giménez fue preguntada acerca de la conveniencia de utilizar contingentes militares en misiones de paz. La presidenta resaltó que la historia ha demostrado que, en algunos casos, estas intervenciones han sido positivas. “En Sierra Leona, la presencia del Ejército británico frenó las atrocidades perpetradas por el RUF”. Sin embargo, matizó que, por norma general, ella no está de acuerdo con esta opción.

El intervencionismo militar en misiones humanitarias, que es visto por Ruiz-Giménez como uno de los grandes desafíos en materia humanitaria del nuevo siglo, "es usado por las grandes potencias para otros intereses que aprovechan la legitimación de los derechos humanos". La activista también añadió que "esta situación no viene sino a evidenciar la lucha entre los intereses geopolíticos y la justicia". En este sentido, Ruiz-Giménéz quiso resaltar que "un país sólo es soberano si protege y respeta los derechos de sus ciudadanos".

A lo largo de las últimas décadas, Amnistía Internacional no se ha pronunciado acerca de estas misiones, mitad militares mitad de paz, “aunque, tras el genocidio de Ruanda en 1994, todo cambió” apunta Ruiz-Giménez. Desde entonces, como regla general, “AI no se posiciona, pero, en casos excepcionales, el Comité Ejecutivo de la organización puede pedir una intervención armada, aunque este extremo nunca se ha producido”, indicó la activista.

Además, la delegada de Amnistía Internacional abogó por la supervisión de los gobiernos nacionales sobre el respeto y el fomento de los derechos humanos más que por la creación de un organismo supranacional que vele por ellos. “Los derechos humanos son instrumentos muy limitados y contingentes, pero muy útiles en ciertos casos y debemos aprovecharlo”, puntualizó Ruiz-Giménez.

Uno de los momentos más delicados del encuentro se produjo cuando fue preguntada por la labor pedagógica de los derechos humanos enmarcados en la asignatura de 'Educación para la Ciudadanía'. Al respecto, Ruiz-Giménez señaló que, en su opinión, "este es un debate excesivamente politizado de forma absurda. Se necesita un plan de pedagogía sobre los derechos humanos”. Además, recalcó que “todos los gobiernos del mundo están obligados por las Naciones Unidas a incluirlos entre sus planes educativos”.

Itzíar Ruiz-Giménez es la presidenta de Amnistía Internacional España desde marzo de 2008, aunque colabora de forma activa con la organización desde hace dos décadas. Profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid, es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y autora de dos libros, 'Las "buenas intenciones": intervención humanitaria en África' (Editorial Icaria) e 'Historia de la intervención humanitaria: el imperialismo altruista' (Los Libros de la Catarata).