El Gobierno apoya "con cariño" la huida de Garzón a la CPI

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está a la espera de recibir nuevos informes sobre la situación del juez Garzón y las condiciones del puesto de trabajo que le ha ofertado el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, cuando todavía el magistrado estaba en activo.

Suspendido de forma cautelar de sus funciones, el futuro inmediato de Baltasar Garzón depende de los informes solicitados por el CGPJ, órgano que quiere aclarar si la actual situación administrativa del magistrado modifica los anteriores informes sobre su petición de traslado.

La Comisión presidida por Carlos Dívar quiere saber, por parte del Supremo, si el traslado de Garzón afectaría al curso de las actuaciones penales en trámite contra él. Por otra parte, el CGPJ pregunta al Ministerio de Asuntos Exteriores y al fiscal general del Estado si el juez, pese a su suspensión, puede declararse en situación de servicios especiales. Por último, acude a la Fiscalía de la CPI para conocer si mantiene su oferta laboral y si el puesto ofrecido al juez de la Audiencia Nacional conlleva algún tipo de inmunidad.

Una vez recibidos estos informes, el CGPJ se ha comprometido a responder cuanto antes. Si finalmente el CGPJ aprueba su petición, el juez Garzón se marcharía a La Haya para ejercer durante siete meses como “consultor externo” de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En un comunicado de prensa emitido la semana pasada, el propio Moreno Ocampo afirmó que la incorporación de Garzón conllevaría “un gran aporte a mi oficina” dada “la amplia experiencia del juez Garzón en la investigación de los crímenes masivos cometidos por los Estados y las organizaciones no estatales”.

Previamente, precisó el fiscal, el magistrado español había colaborado con su oficina en la investigación que está llevando a cabo en Colombia. No será la primera vez que el departamento de Moreno vaya a contar con consultores externos. La Fiscalía cuenta con una Junta de Asesoría compuesta por juristas con prestigio internacional.

Estos “consultores externos” se encargan de elaborar informes sobre los casos que lleva la Corte Penal Internacional constituida en 2002 para juzgar a los responsables de crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad de trascendencia internacional.