Las comunidades reconocen que "no está muy claro" cómo ni cuánto deben reducir el déficit

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha reaccionado pero tarde. El gran déficit que acumulan las Comunidades Autónomas ha expuesto la necesidad del Estado español de una política económica austera para superar las dificultades económicas y el compromiso de todas las administraciones para contribuir a ello.

Los objetivos pueden llegar a cumplirse, sin embargo, a estas alturas la confusión reina entre las comunidades que todavía no saben ni cómo tienen que reducir el déficit ni cuánto deben bajarlo. Además, las regiones que más han controlado sus cuentas no están dispuestas a pagar por las que más se han endeudado.

La semana pasada el CPFF se reunió y acordó, de forma unánime, asumir nuevos ajustes y reducir su gasto en 2010 y 2011 en 11.000 millones de euros para acelerar la reducción de su déficit, que no podrá superar este año el 2,4 por ciento del PIB y el próximo año el 1,3 por ciento.

Del total de los 11.000 millones que las comunidades tendrán que dejar de gastar, hay una parte importante ya incorporada en los planes de ajuste que establecían la rebaja salarial de los funcionarios, la reducción del gasto farmacéutico y recortes en la Ley de Dependencia, entre otras medidas.

Mil millones de la cifra total quedan sometidos al criterio de las Comunidades Autónomas, que tendrán que decir en qué capítulos reducen ese gasto. Además, tendrán que presentar en el CPFF sus respectivos planes de ajuste, que algunas autonomías ya han realizado y que otras como Extremadura, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria y Galicia tendrán que revisar.

Aunque estas medidas se han aprobado por unanimidad el sí de las comunidades del PP han calificado su voto favorable de crítico. En palabras del consejero de Economía de Madrid, Antonio Beteta, el Estado debería recortar su gasto "de una vez por todas y asumir su responsabilidad".

Desde Galicia, su consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás, ha expresado su malestar por el retraso en la puesta en marcha de las medidas y ha recordado que ya en el último Consejo las comunidades del PP hicieron una petición expresa en este sentido.

Gerardo Camps, vicepresidente segundo de la Comunidad Valenciana, ha insistido en que la crisis viene por la "falta de previsión" y los "desaciertos del Gobierno", que se reflejan en los recortes sociales y, ahora, en una petición de mayor esfuerzo a las autonomías.

El problema radica, además, en que las regiones que más han controlado su déficit no están dispuestas a que se les trate igual que a las que se han excedido.

Desde el Gobierno gallego reconocen a EL IMPARCIAL que debe haber "mayor coordinación entre el Gobierno y las comunidades" y piden al Estado que "de ejemplo", ya que "el déficit del Estado es superior que el de las autonomías".

Galicia pone como ejemplo que ellos "cerraron 2009 con un déficit del 1 por ciento del PIB, cumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria". Por ello, exige que "no se trate a todos por igual" y que se respete a los que se han adecuado al marco acordado.

Además, desde el Ejecutivo de Núñez Feijoo han aludido a que esperan la reunión de julio del CPFF para una mayor concreción de las medidas a realizar y de la parte que corresponde a cada autonomía, ya que de momento, sólo saben que sus próximos presupuestos "sufrirán una reducción de 200 millones de euros".

En la Comunidad de Madrid también expresan su confusión en este sentido y explican que "no saben la cantidad que tendrán que reducir de esos 11.000 millones", ya que aseguran que "se lo tendrá que decir el Gobierno en la próxima reunión".

Sin embargo, aluden a que el Gobierno de Aguirre "ya viene aplicando desde 2008 políticas de austeridad en el gasto público que ha hecho que sea la única región que ha cumplido con el Pacto de Estabilidad Presupuestaria en los tres últimos ejercicios (2008,2009 y 2010) y la única que no ha tenido que presentar Plan de Saneamiento al tener controlado su déficit en el 0,75% del PIB".

Fuentes de la comunidad afirman que "han ahorrado ya más de 550 millones de euros en gasto corriente, reduciendo un 2 por ciento los sueldos de altos cargos, recortando de coches oficiales, rebajando los alquileres de edificios públicos y a lo que se ha añadido la aprobación de un nuevo recorte de los salarios para altos cargos de la región, a los que se han añadido funcionarios y personal de empresas públicas".

El Ejecutivo regional cifra, además en el "10 por ciento" la reducción de su presupuesto para el próximo ejercicio.



Desde la Región de Murcia también declaran a este diario que todavía no se saben las medidas concretas. Lo que sí saben ya es que su comunidad sufrirá "una reducción de 100 millones de euros" en su presupuesto para 2010 y "descartan nuevas emisiones de deuda o peticiones de préstamos a entidades financieras".

El Gobierno vasco, que está en situación especial junto a Navarra y no está obligado a cumplir los acuerdos del CPFF, que llevará a cabo "la misma reducción que el resto de comunidades".

Sin embargo, se muestran satisfechos y dicen que "están haciendo un gran esfuerzo" y van en la línea de austeridad. Además, aluden a que "son de las comunidades con menos déficit, del 5,1 por ciento del PIB.

El Ejecutivo de Patxi López recalca que "han contenido el gasto desde el minuto uno" y cifran en más de 160 millones de euros la reducción de su presupuesto. Sin embargo, cuentan que "no está muy claro" cómo deben las comunidades llevar a cabo la reducción y esperan a octubre para conocer el techo de gasto del próximo año.

Desde Castilla-La Mancha defienden que "las Comunidades Autónomas que actúen responsablemente tienen que decidir ellas en función de su autonomía sobre el cómo deben reducir el déficit" y aseguran que "ellos lo han plasmado en el Plan de reequilibrio que ahorra en torno a 400 millones de euros", a lo que hay que sumar el ahorro con las medidas del Gobierno central.

Además, desde el Ejecutivo manchego consideran que "las regiones que, por otra parte, quieran desvincularse de este esfuerzo nacional, siempre encontrarán algún impedimento que les sirva de excusa".

El Gobierno de Barreda fecha en 2009, la aprobación de un Plan de Austeridad, "meses antes del acuerdo del CPFF" y aseguran que una vez que el CPFF ya ha dado el visto bueno, no tienen que hacer "ajustes adicionales".

La Comunidad Valenciana también explica que "en los presupuestos de la Generalitat para 2010 se incluyeron una serie de medidas de contención del gasto público, denominadas en su conjunto Plan de Austeridad, que prevé un ahorro de 308 millones de euros".

"El Consell, una vez más, se ha anticipado en su acción al Gobierno Central, mediante actuaciones rigurosas, sin improvisaciones, incluyendo medidas donde deben estar presentes (en los presupuestos), y poniendo en marcha todos los mecanismos a su alcance para que la Comunitat Valenciana sea de las primeras autonomías en salir de la actual crisis económica", indicó Gerardo Camps, vicepresidente segundo y consejero de Economía, Hacienda y Empleo.

En este sentido, el consejero señaló que el conjunto de las medidas adoptadas van a conllevar en 2010, según las estimaciones realizadas, una reducción del gasto corriente del 11,8 por ciento y una reducción de los ingresos del 9,1 por ciento. Sin embargo, Gerardo Camps explicó que "las estimaciones indican que los ingresos van a crecer algo por encima del 2 por ciento en 2011 y 2012."

Desde el Ejecutivo valenciano reconocen la tardanza de la Administración central en reaccionar. "Estábamos nuevamente reunidos para revisar aquello que el propio Gobierno decían hace tres meses que era lo adecuado, cuando nosotros ya dijimos que no y por ello nos abstuvimos entonces. Ahora vemos como el tiempo nos ha dado la razón", dice Camps, que alude a que "el pasado mes de marzo la Comunidad Valenciana aprobó una limitación de gasto de 500 millones de euros".

El CPFF volverá a reunirse antes de un mes para concretar la reducción del déficit acordado por parte de cada comunidad, encuentro que servirá además para debatir las propuestas del grupo de trabajo que analiza medidas de contención del gasto.

Entre ellas, Salgado confirmó que se encuentra el copago sanitario, propuesto por algunas comunidades pero sobre el cual aún no se ha tomado ninguna decisión.

A preguntas de los periodistas sobre la coincidencia de los 11.000 millones de reducción del gasto con la cifra adicional acordada en el nuevo de modelo de financiación autonómica, la ministra subrayó que se trata de una mera "casualidad" porque los números "a veces producen esas circunstancias".