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Las lenguas en el Senado: un relato y un análisis

Juan José Laborda
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1718lamartingmailcom/12/12/18
viernes 21 de enero de 2011, 17:06h
El Senado acaba de aprobar una modificación de su Reglamento para poder usar los idiomas que son oficiales en distintas Comunidades Autónomas, además del castellano o español. Siendo yo presidente de esa Cámara, en 1994, se constituyó la Comisión General de las Comunidades Autónomas, y en esta comisión se autorizó por primera vez el uso de los idiomas propios de las regiones y nacionalidades en una Cámara parlamentaria de España. La narración de lo que entonces hicimos servirá para analizar lo que hoy se ha hecho (en medio de una considerable polémica).

La creación de la Comisión General de las Comunidades Autónomas (que siempre llevó consigo la autorización de los idiomas vasco, catalán, valenciano y gallego) estaba lista para su aprobación en 1993. En aquella fecha, el Grupo parlamentario socialista disponía de la mayoría absoluta, y entonces, como ahora, contaba con los votos de los demás grupos para aprobar aquella reforma reglamentaria, con excepción, también como hoy, del Grupo parlamentario popular, que estaba en contra del uso de las lenguas oficiales en varias Autonomías.

Aunque existía una mayoría amplísima para dicha reforma, ésta no culminó los trámites, al comprobarse que los populares estaban en contra. Desde 1977 todos los reglamentos parlamentarios habían sido aprobados por consenso, y por esta razón se detuvo la reforma del Reglamento senatorial. Cuando un año después, se inició una legislatura nueva, el Grupo popular cambió de portavoz, y lo que fue más importante, se cambió la actitud respecto de la reforma. Alberto Ruiz Gallardón dio un giro completo a la anterior orientación partidaria, y sumó sus votos a la creación de la Comisión General, en la que se utilizaron en sus sesiones todos los idiomas oficiales de España.

Es indudable que el consenso puede convertirse en un mecanismo que permite a una minoría paralizar las iniciativas reformadoras de la mayoría. Lo que ocurre es que lo que se regula en un reglamento parlamentario tiene que ver con los derechos y obligaciones formales de los miembros de una Cámara, y en ese sentido, un reglamento es parecido en sus cometidos a una Constitución, en la que quedan establecidos también los derechos y deberes de los ciudadanos de ese país. Si las razones para crear nuevos derechos de los miembros de una Cámara, como es el caso actual de los senadores, están bien fundados, no tardará demasiado tiempo, como sucedió con Ruiz Gallardón, en que se puedan aprobar por amplia mayoría.

El uso de los idiomas propios de Cataluña, País Vasco, Galicia y Valencia, en una institución estatal como el Senado, tiene una importante función simbólica. Desde luego esa medida no persigue mejorar la comunicación entre los parlamentarios, pues ésta se garantiza con el español, idioma oficial de España, en la que un catalán, por ejemplo, comprenderá el discurso en vascuence unificado –euskara batua- pronunciado por un elegido en Euskadi. Lo que la reforma pretende es integrar dentro del Estado los otros idiomas de España: la patria común asume elementos culturales particulares, que sirven, a veces, para intentar separar esas comunidades del territorio histórico compartido. Por eso, será mucho más polémico si otra mayoría deroga los derechos idiomáticos que ahora se han aprobado. Mirando con las luces largas de circulación, por eso mismo, el consenso es, con todo, lo más conveniente cuando se trata de asuntos que afectan a las formas de actuación políticas y culturales.

Cuando regulamos el uso de las lenguas en la Comisión General de las Comunidades Autónomas lo justificamos por su simbolismo. Y éste se sustentaba en que el Senado aceptaba (aun siendo una institución estatal que se comunicaba lógicamente en castellano) que los Presidentes y los Gobiernos autonómicos pudiesen hablar en cualquiera de sus idiomas oficiales.

En otras palabras, la lógica de aquella reforma consistió en que se abrían nuevos derechos idiomáticos para que los representantes de las Comunidades Autónomas bilingües pudiesen seguir hablando en el Senado sus lenguas propias diferentes del castellano o español. No fue un derecho para que los senadores hablasen en vasco, catalán, valenciano o gallego, sino que lo pudieron hacer en esa Comisión General, por cuanto los gobiernos de esas Comunidades se convirtieron en miembros titulares de la misma.

Con la actual reforma, sin embargo, los derechos a usar las lenguas propias no suponen un avance en la presencia de las Comunidades en el Senado. Es más, ahora que los senadores pueden emplear en el pleno de la Cámara sus lenguas oficiales autonómicas es, paradójicamente, la legislatura en la que la Comisión General se encuentra más desaprovechada. De hecho, no se ha cumplido el precepto reglamentario, según el cual, la Comisión General debe celebrar todos los años el preceptivo “Debate sobre el estado de las Comunidades Autónomas”.

Juan José Laborda

Consejero de Estado-Historiador.

JUAN JOSÉ LABORDA MARTIN es senador constituyente por Burgos y fue presidente del Senado.

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