¿Seguirán en aumento los precios de la electricidad?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) adivirtió este martes de que la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR), la factura eléctrica a la que se acogen los consumidores domésticos, ha sobrepasado el 11 por ciento en enero, una cifra superior al 9,8 por ciento que había anunciado el gobierno.

Desde plataformas como esta se denuncia lo que consideran una “excesiva carga sobre el bolsillo de los consumidores”, que desde el año 2007 han visto cómo se reducía su renta per cápita un 5 por ciento mientras que el recibo de la luz ha aumentado en un 43 por ciento. “Independientemente de las explicaciones, el bolsillo del consumidor tiene un límite. En este momento, con una economía muy maltrecha no es que no se quiera, es que no se puede pagar”, ha explicado Agustina Laguna, presidenta de la Federación de Usuarios-Consumidores Independiente (FUCA).

Una cuestión de interés para los 17 millones de hogares que pagan el “tarifazo” es por qué los precios de la electricidad han llegado a casi duplicarse en tres años y, sobre todo, si, como advierten numerosos expertos, lo seguirán haciendo en un futuro próximo.

En primer lugar es preciso entender qué es la TUR. Los consumidores que utilizan más de 10 Kw de potencia, Pymes y grandes industrias, acuden por obligación al mercado libre para comprar la electricidad, mientras los hogares pagan una factura regulada por el Ejecutivo, cuyos costes incluyen, además del precio de la electricidad, diferentes partidas establecidas por cada gobierno de turno dentro de sus políticas económicas.

Estos costes regulados componen el 50 por ciento de la partida eléctrica y explican, en parte, las paulatinas subidas de tarifa que se han aplicado desde 2007. Durante el gobierno de Aznar, se congeló el precio de la electricidad para así mantener la inflación en un 2 por ciento, tal y como marcó en su momento en Banco Central Europeo (BCE).

La diferencia entre el coste real de la electricidad y lo que por ella pagaban los consumidores se pasó a anotar en el balance de las eléctricas como un “hipotético futuro ingreso”, según ha explicado a EL IMPARCIAL el ingeniero José María de la Viña, quien escribe un blog de “Enerconomía” para el periódico Cotizalia. El ingeniero ha explicado que este “fue el inicio del conocido déficit tarifario”, que en la actualidad ha llegado a alcanzar los 20.000 millones de euros, “una nueva burbuja financiera que es necesario atajar”.

En enero y febrero de este año, el gobierno sacó al mercado una serie de bonos de deuda eléctrica a través del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE). Pero, a pesar de conseguir colocar 4.000 millones de la deuda en el mercado, el déficit continúa siendo enorme (equivale al 2 por ciento del PIB) por lo que, según explican expertos del sector, para que la producción energética sea viable es necesario liquidarlo con mayor rapidez. El banco Citi emitió un informe el pasado febrero en el que calculó que la TUR debería aumentar un 40 por ciento adicional en los próximos cuatro años si se desea poner fin al problema de la deuda eléctrica.



En el gráfico se muestra en euros el aumento medio que experimentó la tarifa eléctrica mensual respecto al año anterior

Agustina Laguna, en representación de Facua, denuncia que los hogares “están ayudando a pagar de manera apresurada un agujero que no han generado” y que, además, “la factura de los consumidores domésticos no sólo tiene que ver con lo que gastan, sino con otros conceptos que, como la deuda, no tienen relación directa con el uso de la electricidad”.

Entre los conceptos a los que se refiere Laguna se incluye la moratoria nuclear, las compensaciones a las comunidades extra peninsulares, las primas al carbón o a las renovables, estas últimas suponiendo más del 20 por ciento de los costes totales del suministro eléctrico.

De este modo, en ese 50 por ciento de costes regulados por el gobierno, se incluyen partidas no estrictamente relacionadas con la energía. Al aumentar algunas de ellas, como la deuda o las subvenciones, también aumenta la tarifa final que pagan los usuarios aunque no sean costes directamente relacionados con su uso eléctrico.

El otro 50 por ciento de los costes, que sí tienen correspondencia directa con el precio de la electricidad, depende de la evolución del precio de las energías primarias. En este sentido, las últimas noticias no son precisamente positivas. El pasado jueves, el precio medio de la gasolina en España se situó en 1,321 euros el litro, un récord histórico, según informaba Europa Press. El litro de gasolina cuesta en la actualidad un 16% más que hace un año y un 58% más que a comienzos de 2009.

“Parece evidente que la TUR tenderá a subir”, explica Marian Ladrón de Guevara, directora de comunicación de la patronal de la industria eléctrica Unesa. En este contexto, ¿cómo proteger a los consumidores de una excesiva carga que, quizás, no puedan afrontar? Guevara cree esencial “reordenar los componentes de la tarifa” para, como se hace en otros países europeos, “financiar los costes regulados a través de otros mecanismos, como por ejemplo los Presupuestos Públicos. Así, se evitaría cargar la factura eléctrica del consumidor final con partidas externas a la generación eléctrica”.

Gonzalo Sáenz de Miera, director de prospectiva regulatoria de Iberdrola, coincide con esta perspectiva y, en relación con el sobrecargo por la partida a las renovables, defiende la desviación del cobro de las subvenciones entre el conjunto del sector energético.



El Doctor en Economía explica en el documento Cambio Global España 2020/50 que, en los próximos años, los precios de los combustibles fósiles aumentarán sin remedio y la apuesta española por las renovables es la adecuada desde dos puntos de vista: la reducción de la dependencia energética y el recorte de emisiones de CO2 marcado por la UE.

Sin embargo, denuncia que sean “sólo los consumidores eléctricos” los que soporten el desarrollo de las tecnologías limpias, y propone mecanismos de redistribución entre todos los consumidores energéticos a través de, por ejemplo, impuestos sobre los hidrocarburos conocidos como “céntimo renovable o verde”.

En definitiva, todos los expertos consultados por EL IMPARCIAL coinciden en que los precios de la electricidad aumentarán de manera casi inevitable y, como se viene señalando desde hace años, España necesita una política energética definida para proteger a los consumidores de las subidas en la luz, el gas y el petróleo, aumentos que, si bien son inevitables, con una adecuada planificación pueden repartirse de manera gradual y equitativa.

Mientras tanto, como apunta Marian Ladrón de Guevara, “la principal medida radica en realizar un consumo racional. Un número de pequeñas cosas puede hacernos ahorrar mucho: apagar luces innecesarias, utilizar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo o poner aislamiento en las puertas y ventanas. Nuestro confort, dice de Guevara, podría seguir siendo el mismo consumiendo un 20 por ciento menos”, lo que ayudaría a reducir gastos antes de que los reguladores reorganicen el sector.