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Tribuna

¿Podrá el caso de “El Faisán” dar aliento a la banda?

miércoles 06 de abril de 2011, 08:29h
La ofensiva parlamentaria del grupo parlamentario popular contra Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente y ministro del Interior, por el famoso “chivatazo” del bar “El Faisán”, ha sorprendido por su intensidad. A pesar de que Mariano Rajoy (visto el mal resultado que obtuvo en el pasado por esa misma intensidad dialéctica) ha dejado a segundones la tarea de acosar a Rubalcaba, el regreso a la estrategia de la crispación en asuntos terroristas no se explica fácilmente, pues debe tener registros ocultos.

Las exageraciones de estos días recuerdan a los peores excesos de la época en que se imputaba al Gobierno estar conchabado con ETA en el atentado islamista del 11 de marzo de 2004. El diputado Gil Lázaro, especialista en ese juego de simular indignaciones que no siente, recibió una buena contestación de Rubalcaba a su pregunta la semana pasada. Más allá de las habilidades retóricas de cada uno, el ministro respondió con datos que no pudo negar el diputado Gil Lázaro, en un segundo turno que no pasó de reiterar las páginas de “la prensa amiga”. Esos medios de comunicación, los mismos que acusaron de crímenes horrendos a los gobiernos y a las policías de España y de Marruecos, ahora están manifestando que el “chivatazo” al bar “El Faisán” es la peor vulneración de la legalidad desde el “Golpe de Estado” de Tejero.

El caso es que la base de sus acusaciones son las actas que ETA redactó durante las negociaciones con delegados del ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Otro parlamentario popular, Ignacio Cosidó, igualmente conocido por sus valoraciones desorbitadas, se despachó contra Rubalcaba así: “un ministro del Interior no puede seguir en el cargo si vulnera el Estado de Derecho y cuando lo más sensato es que se vaya”. Si eso piensa el diputado Cosidó, el artículo 102 de la Constitución le faculta para pedir la responsabilidad criminal de cualquier miembro del Gobierno. “Palabras que no son seguidas por actos correspondientes” conducen a que la democracia parlamentaria se convierta en una declamación desmoralizante: la demagogia, el mal de la democracia desde Pericles. Otro segundón que no deja de hacer méritos, González Pons, acuñó esta ingeniosa oración:“Las actas de ETA para el Gobierno de Zapatero son el “Wikileaks” de la posible traición de Zapatero a los españoles”.

Es evidente que los errores del Gobierno Zapatero, durante la negociación con la banda en 2006, nunca podrán asimilarse a los delitos gravísimos que el PP le atribuye. Cuando se produjo el “chivatazo” que alertó a los extorsionistas de ETA, fue en el verano de 2006, y entonces se creyó que la banda abandonaría las armas (ese fue el error del Gobierno). Tres magistrados han realizado indagaciones sobre el asunto del bar “El Faisán”: Marlasca, Garzón, y el actual, Pablo Ruz. Nunca hubo negociaciones delictivas con la banda, ni tampoco se desarmó el Estado: los extorsionistas de ETA fueron detenidos poco después. El Congreso, además, facultaba al Gobierno para proseguir la negociación con los terroristas. De manera que el caso ofrece muchas consideraciones legales. Es muy significativo que Gorka Aguirre, un destacado dirigente del PNV, que fue imputado en esa causa, al final, en octubre de 2008, el juez de la Audiencia Nacional le retiró la imputación. Lamentablemente, Aguirre falleció el 20 de marzo de 2009, pues su testimonio hubiera sido muy valioso para saber cómo y porqué se produjeron los hechos que ahora se investigan. Y además está el asunto (básico) de mantener el secreto con los confidentes.

¿Por qué entonces el PP vuelve a las andadas? Obviamente, porque los papeles de ETA sirven de maravilla para ser usados contra Rubalcaba (que creen que será su rival electoral).

La ajustada votación de los magistrados del Supremo sobre la legalización de “Sortu” puede que sea la clave de la radicalización inesperada del partido de la oposición. Interpretarían esa votación como la prueba de las influencias de Rubalcaba en ese ámbito. Si además de sus éxitos combatiendo a los terroristas, la Justicia ordinaria, y la constitucional, se orientan en ese sentido, algún sector del partido popular estaría convencido de que Rubalcaba obtendría así importantes ventajas electorales.

Es un mal análisis desde cualquier punto de vista. Esa relación entre el vicepresidente y los magistrados es una hipótesis fantasiosa. Lo que de verdad ha condicionado la decisión del Tribunal Supremo, en mi opinión, es la falta de un discurso común de los dos partidos, sobre las consecuencias que para nuestra democracia constitucional tendrá la legalización de “Sortu”. El bloqueo que mantiene el partido de Rajoy para elegir a los jueces constitucionales, en el Congreso de los Diputados, es más incomprensible todavía, sabiendo que el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra sobre los herederos de Batasuna.

El PP vasco no participa de esa ofensiva. ¿Podrá el caso de “El Faisán” dar aliento a la banda en sus últimos momentos?
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