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sensus communis

[i]En defensa de la educación pública[/i]

jueves 21 de abril de 2011, 13:39h
Francia es un país maravilloso por el encanto de sus paisajes, de sus ciudades, de sus monumentos, de sus museos, de su gastronomía y de su cultura cívica, pero lo que más me impresionó, en relación a este último aspecto, durante un tiempo que viví allí fueron sus escuelas y especialmente los institutos de educación secundaria, muchos de ellos, tanto en la capital como en provincias, construidos durante la Tercera República, momento de la historia en que hubo una apuesta radical por la educación. Para un madrileño acostumbrado a que los palacios de la capital, salvo excepciones, no sean sino amplios caserones manchegos, los edificios de los institutos galos le parecen a uno auténticos palacios, y no sólo por sus dimensiones sino también por la calidad de los materiales utilizados.

Me dicen que ahora la enseñanza estatal ha perdido prestigio y que muchas familias de clase media prefieren que sus hijos vayan a escuelas privadas. Como en España, la problemática que presenta la escuela pública es muy diferente en función de los barrios, y no son los mismos los problemas de un instituto del seizième arrondissement que los de otro de la banlieue de París. Desconozco que es lo que hacen las familias de clase media en Alemania, que fue también un país en el que la apuesta por la educación pública fue muy fuerte desde finales del siglo XIX y en el que, como en Francia, el fomento de la educación secundaria fue uno de los pilares de su progreso económico y social. Si tuviera que responder de forma simple a la pregunta de cuál es la diferencia principal entre España y estos dos países, sin duda diría que es el peso de la educación secundaria pública durante más de un siglo. Creo que aquí subyacen muchas de las otras cuestiones en que nos diferenciamos de Alemania y de Francia y que tienen que ver con el nivel medio de cultura, fundamental hoy día para construir una sociedad del conocimiento y de la innovación.

Una buena educación pública es la política más igualitaria porque es la que de verdad garantiza una igualdad de oportunidades a los niños y jóvenes independientemente del medio social del que provengan. Sería injusto desconocer los progresos de la escuela pública en España, tan injusto como no afrontar los verdaderos problemas que tiene. Acabo de leer el libro que Isabel Sancho ha dedicado a la maestra institucionista María Sánchez Arbós, quien dirigió durante la Segunda República el Grupo Escolar Francisco Giner de los Ríos, un interesantísimo proyecto educativo público que se levantó en la madrileña Dehesa de la Villa. Me ha impresionado ver que en aquella escuela duchaban diariamente a 100 niños que procedían del popular barrio de Tetuán, y los daban de comer. No era, sin duda, lo más importante de la labor pedagógica, pero muestra claramente las carencias que en aquellos tiempos sufrían las clases trabajadoras.

Las disputas ideológicas de la Segunda República, la Guerra Civil y la contumacia clerical del franquismo, sobre todo en sus primeras décadas, echaron al traste las políticas pedagógicas que desde finales del siglo XIX se habían impulsado. Si ya éstas habían sido insuficientes para poner la sociedad española en parangón con Francia, Alemania o Inglaterra, y aumentar así el número de ciudadanos que pasaban por la educación secundaria, el modelo social del franquismo acentuó más la diferencia y muy especialmente dejó fuera a las mujeres de esta educación. Sólo en los últimos lustros de la dictadura se empezó a corregir el problema y fueron más los hijos de obreros y de las clases medias que accedieron al bachillerato.

Desde la Transición se ha hecho mucho, tanto por gobiernos de derechas como de izquierdas, por la educación pública, pero las clases medias siguen casi mayoritariamente prefiriendo llevar a sus hijos a los colegios concertados, los cuales además les cuestan más baratos a las Comunidades Autónomas por lo que han tendido a fomentarlos. Las explicaciones que dan los padres para justificar su preferencia son bastante simplistas, aunque para ellos razonables: los colegios concertados tienen mejores instalaciones y controlan más a los niños. No suelen tampoco decir, aunque lo piensan, que en los colegios concertados se produce una selección de los niños, al margen de las normas objetivas públicas, por medio de las cuotas, supuestamente voluntarias, que los colegios concertados piden a los padres. Además todas las actividades extraescolares (comedor, transporte, clases fuera del horario lectivo, etc.) son mucho más caras que en los colegios públicos. Esto deja fuera a una parte de la población que no puede pagar esas cuotas, entre ellos muchos inmigrantes hispanoamericanos, al tiempo que el predominio entre los colegios concertados de los centros católicos los hace poco atractivos para la población inmigrante no católica, especialmente musulmana.

Es difícil que algún padre te hable de cómo dan las matemáticas o la lengua o el inglés en uno u otro centro a la hora de hacer su elección y parecen desconocer que el proceso de selección del profesorado es mucho más estricto en los colegios públicos que en los colegios concertados. Eso les da igual, pues su elección parece más una cuestión de prestigio social que de verdadero interés por la educación. Pero no hay que cargar las tintas sobre los padres, cuyo razonamiento tiene que ver con los valores sociales predominantes, sino sobre las administraciones que consienten que se produzca una selección disgregadora y que prefieren donar terrenos para la construcción de colegios concertados o sufragar los gastos de las instalaciones de éstos que apostar de verdad por una educación pública de calidad. Hay dos opciones: o exigir a los colegios concertados, subvencionados con dinero público, unas normas muy estrictas que garanticen sinceramente la libertad de elección de los padres independientemente de su capacidad económica y de su lugar de residencia o trabajo (por ejemplo, no haciendo que los niños que no quieran dar religión sean vistos como bichos raros en los colegios católicos e impidiendo el cobro de cuotas extraordinarias por vías directas o indirectas) o dedicar a los colegios públicos la inversión que necesitan no sólo en instalaciones sino principalmente en medios educativos y muy especialmente en profesorado.

Las estadísticas del informe Pisa no muestran que los colegios concertados sean mejores que los públicos, pero los padres los siguen prefiriendo por la mala imagen, quizá demasiado injusta, de la educación pública. Los políticos, sean del partido que sean, deberían corregir esta imagen y transformarla radicalmente, pero al PP le cuesta salirse del cobijo de las sotanas de las altas jerarquías episcopales, incluso cuando tienen planteamientos tan reaccionarios como los de algunos colegios concertados de Madrid, y el PSOE no tiene, en la práctica, una idea clara sobre la educación pública.
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