Berlusconi y la indemnización de Mondadori

La pasada semana, con la popularidad en un mínimo histórico, Berlusconi anunció públicamente que no se presentará a las elecciones presidenciales de 2013. La decisión ha sido acogida entre el júbilo y la desconfianza, ya que no sería la primera vez que el cavaliere cambiase de opinión. Aún así, la actualidad italiana parece más preocupada por la situación económica, por la grave crisis económica. Mientras los medios de comunicación nacionales hacen caso omiso de la situación griega “para no alarmar a la ciudadanía”, el Gobierno prepara un ajuste fiscal tan necesario como cuestionable. En esta atmosfera de fin de reinado, el plan del Gobierno encuentra la difidencia general y las duras críticas de la oposición. A pesar de representar un plan austero y duro, la norma más discutida ha sido aquella relativa a la deroga de la indemnización millonaria del caso Mondadori, es decir, aquella pensada en previsión de la posible condena económica a Berlusconi por sobornar a un juez para obtener el control de la editorial Mondadori. Frente a la posible sentencia de condena, en el plan se pensó oportuno insertar una norma “clarividente”, tanto que, a pocos días de su presentación, el Tribunal de Apelación de Milán sancionó el cavaliere a pagar 560 millones de euros en concepto de resarcimiento por los daños patrimoniales al grupo De Benedetti. Recordemos que penalmente Berlusconi se salvó porque el delito cayó en prescripción, mientras la sentencia sanciona la irregularidad civilmente y le obliga a abonar la pesante indemnización. Como siempre, la oposición y los medios se han mostrado más escandalizados por este burdo y zafio intento de aprobar una norma ad personam (mejor dicho ad empresam), que por los recortes a la Sanidad o por el tijeretazo a las pensiones. Sí, la atención general resulta capturada por una norma –inmediatamente retirada frente a la “indignación” general- que establecía posponer el pago de las indemnizaciones superiores a los 20 millones hasta la sentencia definitiva. No obstante, la actual legislación obliga al condenado al pago integro.

Es cierto que se ha tratado de un “truco legal” descarado, pero el plan presenta más puntos “críticos”, un enorme golpe al gasto social y a la iniciativa de las pequeñas y medianas empresas. La falta de coraje de esta propuesta, los recortes presentados, la cuestionable decisión de bajar los impuestos, golpean la economía nacional, especialmente a los pequeños ahorradores. Además, el gran peso de la maniobra caería en 2013 y 2014, posponiendo la mayor parte del esfuerzo para cuando probablemente Italia haya registrado un saludable cambio de Gobierno.

Los italianos están preocupados por la debilidad económica del país, por la grave crisis que invade cualquier sector económico-financiero y toca de lleno sus vidas. Los datos económicos resultan implacables en la última década, la economía italiana ha crecido un 0,25% del PIB; peor suerte han tenido sólo a Haití y Zimbawe. Se registra una preocupante tasa de desempleo (sobre todo juvenil), una enorme presión fiscal que provoca una evasión absurda, una productividad en continuo descenso e, internacionalmente, el país pierde competitividad, mientras la economía sumergida crece y las mafias prosperan. Sin contar con la deuda pública, que está por encima del 120% del PIB. De momento, Italia se ha salvado solo gracias al rigor fiscal, a la austeridad propuesta por los diferentes Ministros de Economía (especialmente Tremonti), a la propensión al ahorro de las familias italianas. Pero esta situación resulta insostenible y el riesgo de que la “tragedia griega” pueda contagiar a Italia parece real.

Por eso, más que preocuparse –o alegrarse- por la ingente multa que deberá pagar Berlusconi o por su decisión de no volver a presentarse en 2013, los italianos muestran su inquietud y nerviosismo frente a una situación inestable, poco prometedora. Los ataques de Berlusconi a la Magistratura, al actual Ministro de la Economía y a otros miembros de su partido demuestran su tensión, al mismo tiempo que confirman que sus intereses personales siguen primando respecto a las reales prioridades del país. Nos tocará esperar hasta el 2013, una legislatura completa que significará, para los diputados, una pensión vitalicia y, para el país, hundirse más aun. ¿Por qué no pensar en irse antes?