Empleadas del hogar: de “especial” a “casi normal”

Hacienda tiene “otras cosas” que hacer “y no se plantea ese tipo de medidas”. El secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, contestaba así este jueves a la propuesta de UGT y CC.OO. sobre una posible desgravación del IRPF a los empleadores de trabajadoras –el 93% del sector ocupa a mujeres- domésticas.

Los sindicatos planteaban esta ventaja fiscal como incentivo a la contratación que, a partir del próximo mes de enero y debido a la inclusión de las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, será necesaria en todos los casos. La integración de las trabajadoras domésticas en dicho Régimen General –ahora están incluidas en un Régimen Especial- se presentó como enmienda al proyecto de Ley de Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social, que fue aprobada el pasado miércoles 21 de julio en el Congreso, y se hará efectiva a partir del 1 de enero de 2012.

Actualmente, la obligatoriedad contractual se hace efectiva si la trabajadora superaba las 20 horas semanales –equivalente a una media jornada- en un mismo domicilio. A partir del próximo año, el empleador deberá dar de alta en la Seguridad Social a la trabajadora independientemente del tiempo trabajado, lo que se traducirá en un incremento de la carga económica para las familias.

La propuesta de desgravación fiscal como paliativo a una caída de las contrataciones en el sector no ha obtenido, por el momento, una respuesta categóricamente afirmativa. El ministro de Trabajo aludió a una “posibilidad de estudiarla” si se hiciera la “proposición en firme”. Ahora, la actitud de López Carbajo ha incomodado a los sindicatos y ha vuelto a teñir de dudas las supuestas “mejoras” en el sector.

Los “flecos”
Tras el principio de acuerdo entre Gobierno y sindicatos el pasado mes de junio, el texto dejaba “un par de flecos” que son, sin embargo, dos de las claves para la equiparación real y efectiva de las trabajadoras domésticas al resto de sectores laborales del país, según las partes implicadas en el sector. Por un lado, la posible desgravación fiscal para ahuyentar la caída de la contratación y, por otro, la posibilidad de percepción de un subsidio de desempleo que, por el momento, sólo “se estudiará” durante 2012.

La directora de la agencia de selección de personal doméstico Personal Hogar, Hilda Moreno, cree “imprescindible la creación de ayudas, sobre todo a las rentas más bajas” para que no se intente “evadir el cumplimiento” de las nuevas normas. “Parece que hay una imagen prejuiciosa de que todas las personas que tienen servicio doméstico quieren aprovecharse, explotar a sus empleadas, y la realidad es que la mayoría son personas respetuosas, muchas de las cuales tendrán que permanecer al margen de lo establecido como legal, bajar sueldos o, directamente prescindir de los servicios de sus empleadas por no poder asumir económicamente las nuevas condiciones”, explica Moreno. “Tanto empleadas, por ver reducidos sus salarios, como empleadores, por no poder contar con este servicio, pueden salir perjudicados si no se toman medidas de apoyo”, sentencia.

De hecho, la empresaria estima que la desgravación fiscal es “sólo un posible sistema”, pero que deberían barajarse otros como “cuotas más bajas de la seguridad social”. En la misma línea, la presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, Pilar Gil, cree que existen medidas “más interesantes” y ve algunos problemas en la deducción del IRPF.

Según Gil, si se incentiva el empleo doméstico “de forma indiscriminada” podría ir en detrimento de otros sectores. Como ejemplo, la presidenta de la asociación señala que “las tareas de cuidado de personas mayores o en situación de dependencia” podrían empezar a ser cubiertas siempre por “trabajadoras domésticas”, lo cual “no es lo más adecuado en todos los casos”.

En cuanto a la carencia de un subsidio de desempleo, que según los sindicatos y el Ministerio de Trabajo “podría ser estudiado en 2012”, termina convirtiendo a las trabajadoras del hogar en una excepción dentro del Régimen General.

Para el abogado Paco Serrano, experto en Derecho Laboral, estas medidas “se parecen más a un afán recaudatorio que a una voluntad real de regular el bienestar de las empleadas de hogar”. Y es que, según afirma, “el trasfondo es aflorar la economía sumergida, que es muy positivo, siempre que no se olvide a quién o a qué se termina perjudicando a cambio”.



El incremento del gasto para una persona que tenga contratada a una trabajadora doméstica dos días a la semana, por un periodo de dos horas diarias y a un sueldo de 160 euros mensuales (10 euros por hora), sería de unos 53 euros más cada mes (derivados de pagar un 33% del sueldo de la empleada a la Seguridad Social).

“El hecho de que no puedan cobrar un subsidio de desempleo sigue siendo una enorme desventaja”, apunta el abogado, quien opina que se está exigiendo “demasiada responsabilidad a los empleadores” en un momento “que no es el más apropiado”.

En la misma línea, Hilda Moreno pone el acento en que, “aunque se trata de integrara a las empleadas del hogar dentro del Régimen General, no hay que olvidar que nos movemos, por lo general, en economías domésticas”. “Quien contrata no es una empresa que tenga unos beneficios y que explote económicamente unos recursos”, señala.

Contrato en papel… mojado
Cotización, baja laboral, pagas extraordinarias, vacaciones… “mejoras” laborales que dependen del primero y principal de los cambios derivados de la inclusión de las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social: la obligatoriedad de un contrato por escrito.

De las 700.000 personas que, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), se dedican al trabajo doméstico en España, menos de 300.000 están dadas de alta en el régimen especial actual. El hecho de que menos de la mitad del sector disfrute de una situación normalizada en base a la legislación actual no arroja demasiadas esperanzas hacia grandes cambios en el escenario del próximo año.

Para Paco Serrano “será complicado que se haga efectiva” la orden de que “dos horas de trabajo a la semana” se plasmen en un contrato. “No sé hasta qué punto se va a poder establecer un control real”, opina el abogado.

Aparte del desembolso económico que supone formalizar un contrato para el empleador y la tradición del sector de moverse “en negro”, el abogado señala otras razones que complican la estabilización del sector, como las “dificultades administrativas”. “Cada tres meses hay que pagar el IRPF, pagar los pagos fraccionados, darse de alta como empleador en la Seguridad Social… La burocracia a veces es un factor más que echa para atrás a la gente. Sería bueno, en este caso, agilizar estos procesos”.



Además, según puntualiza Serrano, son necesarias otras reformas colaterales, como la obligación de realizar la declaración de la renta en caso de tener más de un pagador en el mismo ejercicio. “El dinero que se puede ahorrar una empleada en darse de alta como autónoma –ya que su seguridad social correría de la cuenta del empleador- podría reclamárselo Hacienda al declarar sus sueldos, puesto que habitualmente en este sector no se trabaja únicamente para una casa”.

Hilda Moreno está acostumbrada a moverse dentro de las normas vigentes en el sector pero reconoce que no es lo más habitual. La empresaria no duda de que esto supone un paso hacia adelante en un en un sector que lleva más de 25 años luchando por equiparar sus condiciones a las del resto de trabajadores. Aún así, se impone la prudencia: “Desde el punto de vista de las empleadas de hogar y sin calibrar nada más, la valoración es absolutamente positiva –afirma-. Pero hay que ver cómo repercute esto en el mercado de trabajo, qué opina el empleador y si las nuevas condiciones se pueden, efectivamente, ajustar a la situación real”.